El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid que investiga la denominada ‘Operación Ignis’, centrada en el grupo funerario El Salvador por los supuestos desmanes a lo largo de dos décadas, entre ellos el ‘cambiazo’ de ataúdes caros por otros mucho más baratos antes del proceso crematorio, ha acordado prorrogar la investigación judicial por espacio de otros dieciocho meses, según informaron fuentes jurídicas.
La decisión de la juez instructora estima así la petición formulada por el Ministerio Fiscal, sustentada en el amplio lapso temporal que comprenden los hechos que pudieran tener relevancia penal y el considerable número de investigados y afectados; el hecho de que estén pendientes de realización los informes sobre el material intervenido en las instalaciones de las empresas, y la previsión de que sea necesario realizar nuevas diligencias a raíz del resultado de las aún pendientes.
La causa, declarada compleja por auto de 18 de febrero de 2019, contó ya entonces con una primera prórroga de año y medio de instrucción a la que ahora se suma una nueva que la defensa de la familia Morchón y resto de presuntos implicados–figuran 25 investigados–ya se ha apresurado a recurrir al no ver fundamento alguno a la decisión.
COBERTURA A LA «VAGUERÍA»
Y es que, a juicio del letrado Guillermo Ruiz Blay, «se estaría dando cobertura a la dejación y a la vaguería», en referencia a que ya se concedieron 18 meses para investigar teniendo en cuenta los afectados y los documentos, y si no ha existido variación sustancial alguna en la causa, no puede pervertirse el espíritu de los plazos de instrucción prorrogándolos sine die por los mismos fundamentos que fueron considerados en su inicio».
Pero a mayores, la defensa también se refiere a la injusticia que supondría la adopción de una prórroga a razón de la tardanza de la policía en efectuar su labor. «Es cierto que el material intervenido en las instalaciones de mis representadas es abundante; no obstante, un año y medio es tiempo más que de sobra para que un equipo experto proceda al examen del mismo y emita los informes correspondientes».
En cuanto a la probabilidad aducida por la acusación pública de que sea necesario realizar nuevas diligencias a raíz del resultado de las que aún están pendientes– exclusivamente los informes que versan sobre los documentos incautados en las empresas– «es mínima».
De hecho, recuerda que a estas alturas, cuando ya se ha practicado la declaración de los investigados y de numerosos testigos, se ha estudiado el material intervenido al ya extrabajador Justo Martín Garrido, se ha analizado el consumo de gas de los hornos crematorios, se ha aportado por la defensa una relación de contradicciones en la documentación…únicamente queda por examinar la documentación contable y financiera de las empresas, que obra en poder del cuerpo policial desde que fue confiscada, hace casi un año y medio.
«Independientemente de cuál sea el resultado de los informes, en absoluto es previsible que conduzca a la realización de nuevas diligencias, y ello por el mero hecho de que no hay más documentación que sea relevante para esclarecer los hechos investigados y que esté pendiente de estudio», continúa el defensor, quien tampoco olvida que la empresa ha sido sometida a inspecciones fiscales a lo largo de los años y que la AEAT tiene un historial completo de su actividad, «por lo que si el resultado del informe se refiriese a hechos vinculados a delitos económicos estos ya han sido sometidos tempestivamente al escrutinio de la administración».
A su vez, apunta que desde la incoación de la causa hasta el primer auto declarando su complejidad han transcurrido 14 meses de investigación judicial, «lo que excede el plazo común de instrucción fijado por ley».
Por todo ello, solicita a la juez que anule la prórroga y, conforme a lo expuesto, declare transcurridos los plazos de investigación señalados en el artículo 324.1 LECrim el día 19 de mayo de 2018, acordando el archivo de la causa al no haberse concluido en tal fecha diligencia alguna que arrojase indicios de criminalidad en el proceder de sus clientes.
El Juzgado de Instrucción 6 investiga desde finales de enero de 2019, entre otras presuntas irregularidades, la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte de un total de veinticinco personas, entre miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, y empleados del grupo. El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.
El propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, salió en libertad provisional en junio del pasado año tras permanecer preso desde el día 2 de febrero y una vez garantizada fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.
En marzo del pasado año la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respaldó la declaración del caso como causa compleja por corrupción, atendiendo a la clase de delitos por los que se sigue, en particular, delito fiscal y/o blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, así como por la pluralidad de personas investigadas, la existencia de organización criminal, el elevadísimo número de perjudicados, la relevancia económica de las conductas investigadas y la especial complejidad de la instrucción, al tiempo que informó favorablemente la petición de apoyo de la instructor en cuanto a refuerzo de personal.
