Ayuso destacó en el Senado contra la escenificación del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès ha enervado aun más a los presidentes autonómicos del PP. Su falta de educación, de llegar, soltar su parrafada victimista de 10 minutos y no escuchar a nadie, ha colmado el vaso. Si el acto de la Cámara Alta estaba pensado para que cada responsable autonómico dijera lo que pensaba sobre la autonomía, la soberbia con que actuó Aragonés les ha llevado a mucho más: no permitir bajo ningún concepto que se perdone ni un euro de su deuda con el Estado a Cataluña, y mucho menos que se les dé dinero.
Junts ha reclamado la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico, conocido por sus siglas FLA, y el traspaso de las competencias de recaudación a la Agencia Tributaria de Cataluña para que la Generalitat pueda cobrar todos los impuestos. Con este dinero podría crear una «cuota de solidaridad entre Cataluña como nación y el Estado español», según se explica en el documento de los independentistas liderados desde Waterloo. Como argumento echan mano a la descentralización fiscal incumplida en España, lo que para Junts es primordial para la armonización de los estados que se articulan en base a un modelo federal.
Junts pide el traspaso de las competencias de recaudación a la Agencia Tributaria de Cataluña
Los barones del PP han mandado su aviso para navegantes al asegurar que llevarán a los tribunales la condonación de la deuda de Cataluña, con argumentos de peso como la discriminación que se produciría con el resto de las comunidades autónomas que también tienen deuda con el Estado. Únicamente la Comunidad de Madrid, el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, según Hacienda, no mantienen ninguna deuda con el Estado.
En el lado contrario se encuentra, precisamente, Cataluña que acumulaba 86.800 millones de euros hasta el segundo trimestre de 2023, según los datos del Banco de España, en su análisis sobre la financiación autonómica. Son similares a los que registra María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda. En datos totales, a finales de 2022 las comunidades debían al Estado la nada despreciable cifra de 185.779 millones de euros, de los que a 31 de diciembre del pasado ejercicio, 71.306 millones era la deuda contraída por Cataluña con el Estado de su total de deuda (vía emisiones y demás elementos de financiación) de 84.518 millones.
LAS COMUNIDADES CON MAYOR DEUDA CON EL ESTADO, DESPUÉS DE CATALUÑA, PERTENECER AL PP
El resto de las comunidades con mayor nivel de deuda (propia y con el Estado) se corresponde con autonomías presididas por el PP. Este sería el caso de la Comunidad Valenciana, con una deuda de 55.033 millones de los que 45.933 millones son del Estado. Le sigue Andalucía, con una deuda total de 37.870 millones y de 26.137 millones con el Estado y la Comunidad de Madrid, endeudada por 34.824 millones de euros, pero sin deber nada al Estado.
La pregunta es, ¿Qué haría el Gobierno si condona la deuda de Cataluña y no la del resto de las regiones? No parece que en la negociación que mantiene Pedro Sánchez con Carles Puigdemont estén hablando de qué va a pasar con el resto de las deudas autonómicas. Parece más bien que el prófugo independentista solo busca su amnistía, sin pedir perdón, y exigiendo el oro y el moro. El resto que se busque la vida.
Aragonès no se refirió expresamente de condonar la deuda a Cataluña, pero los presidentes autonómicos del PP emplearon todos sus argumentos para tirar por tierra no solo su la amnistía y el referéndum, sino también todas las demás exigencias, incluidas la deuda. Y advirtieron al presidente del Gobierno y ministros ausentes que irán a los tribunales o donde haga falta para evitar que se produzca esa imperdonable discriminación entre autonomías.
AYUSO Y BONILLA PIDEN DEBATIR SOBRE LA DEUDA EN LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO
Las peticiones de Junts no han caído en saco roto por parte de los presidentes autonómicos del PP, que en el Senado aprovecharon para criticar la petición catalana, pero también pensando en la reforma pendiente desde 2014 del sistema de financiación autonómico, uno de los objetivos de María Jesús Montero para la legislatura.
Este jueves, Isabel Díaz Ayuso dio su no rotundo a la condonación de la deuda a Cataluña, pero también de cualquier otra comunidad. Madrid no debe nada al Estado. Pero no fue la única en decirlo. También rechazaron la condonación a Cataluña Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Marga Prohens (Baleares), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León).
Ayuso, Bonilla, Prohens, Sáenz de Buruaga y Fernández Mañueco manifestaron su total rechazo a la condonación de la deuda de Cataluña en el Senado
Sin embargo, si se atiende a la letra pequeña, no todos los barones autonómicos del PP coinciden en cómo se debe tratar la deuda de las comunidades autónomas en la futura reforma de la financiación autonómica. Así, algunas regiones, por ejemplo en Galicia, su consejero de Hacienda, Miguel Corgos, considera que dicha condonación supondría su «mutualización», dado que supondría repartir la deuda de las regiones más endeudadas entre todas. En todo caso, todos coinciden en que sería una medida discriminatoria de unas autonomías sobre otras, cuando nadie tiene la culpa de que unas se hayan endeudado más que otras.
Sea como sea, y es de suponer que Feijóo intentará que todos los presidentes autonómicos hablen con la misma voz, en lo que todos coinciden es que a Cataluña ni agua, y anunciaron crear un frente común en los tribunales. El objetivo sería evitar cualquier agravio económico. De producirse ya decidirán a qué vía judicial acudirán.
LA DEUDA HISTÓRICA QUE RECLAMA PUIGDEMONT ASCIENDE A 450.000 MILLONES
La otra parte económica que reclama Puigdemont son los 450.000 millones de deuda del Estado español con Cataluña, un abultado montante -casi la mitad del PIB español- que los independentistas explican por los incumplimientos y políticas del Estado con Cataluña en las últimas décadas. No obstante, no terminan de aclarar si este pago formará también parte del acuerdo de investidura.
El desglose que hace de esta deuda histórica, basado en epígrafes generales, pero sin concretar más allá de que es el diferencial entre los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes y la inversión y transferencias de recursos, serían 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 30.000 millones en el dinero para ‘infrafinanciar’ las pensiones y el monto más abultado serían los 375.000 millones aportados para partidas sociales.
En definitiva, Puigdemont sueña que para lograr su tan ansiada independencia, una vez amnistiado, podrá contar con dinero suficiente para sacar adelante su proyecto de nación, 450.000 millones que le debe dar España.
