El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una iniciativa parlamentaria por la que insta al Gobierno a incrementar los requisitos que debe reunir la persona que se proponga para ser Fiscal General del Estado (FGE) de manera que se refuerce su idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia. Critican el «controvertido» nombramiento de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, «el mismo día en que se hacía efectivo su cese como ministra de Justicia».
En su Proposición no de Ley, los de Abascal proponen como requisitos que el aspirante no haya desempeñado cargo político electo o de confianza en los últimos diez años, y que no haya pertenecido a ningún partido político o sindicato, y que no haya trabajado para ninguno en la última década.
Añaden que no debe contar con antecedentes penales, y que en caso de pertenecer a algún cuerpo funcionarial o estar colegiado como profesional liberal que no haya sido sancionado en firme por falta grave o muy grave en los diez años anteriores.
Asimismo, quieren ampliar el requisito de que la persona cuente con un periodo de 15 años como jurista de reconocido prestigio, a 20 años, con el objetivo de lograr «un mayor grado de excelencia y de experiencia». A esto suman un quito requisito, asimilar la elección a otros criterios aplicables a métodos de selección por oposición.
La formación de Abascal indica que dado que la percepción social ve un problema en la corrupción política, y puesto que ésta retiene importantes facultades en el procedimiento para designar «a las más altas autoridades del Poder Judicial» y de la Administración de Justicia, es conveniente introducir elementos que objetiven esos nombramiento y definan de forma clara el perfil de los aspirantes.
Al hilo, recuerdan que el artículo 124 de la Constitución establece que el Ministerio Fiscal tiene la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y velar por la independencia de los tribunales. Y que el fiscal general del Estado (FGE) será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
ESCASOS REQUISITOS PARA UNA IMPORTANTE FUNCIÓN
Ahondan en que las importantes funciones que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal asigna al FGE, no concuerdan con los escasos requisitos que debe reunir el candidato, y ponen como ejemplo «el controvertido nombramiento» de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que, indican, fue nombrada «el mismo día en que se hacía efectivo su cese como ministra de Justicia».
Al respecto, señala Vox que el prestigio profesional de Delgado «está adornado por sonrojantes y desafortunadas declaraciones» sobre Grande-Marlaska y otros compañeros de la carrera fiscal. Y recuerdan que ha tenido dos reprobaciones por ser poco contundente a la hora de defender al juez Pablo Llarena ante los ataques de los tribunales belgas, por sus «perversas amistades» con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo o por las órdenes a la Abogacía del Estado en el proceso «contra los separatistas catalanes encarcelados».
Por casos como este, Vox «entiende que es imprescindible reforzar los requisitos a que deben estar sujetos los candidatos de tal manera que se definan perfiles que alcancen un mayor grado de idoneidad y de imparcialidad, de probidad y de justicia, de honradez y de excelencia para ejercer tan alto cargo.
