La pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas han alterado la agenda de prioridades del Gobierno y con ella también su calendario legislativo, que se está sometiendo a revisión, según informan fuentes del Ejecutivo.
A principios de febrero pasado, Sánchez programó una jornada de convivencia del entonces inédito Gobierno de coalición que había sellado con Unidas Podemos en la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo). Además de propiciar que los miembros de su gabinete se conociesen más, la reunión sirvió para comenzar a preparar la agenda legislativa más próxima.
Semanas después el Consejo de Ministros analizaba el calendario legislativo de 2020. Como avanzó en rueda de prensa la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el Ejecutivo pretendía llevar al Parlamento para su aprobación hasta 92 leyes, entre ellas una controvertida reforma del Código Penal que incluía la revisión del delito de sedición de la que se podrían beneficiar los presos independentistas catalanes.
Ese calendario perfilado por Calvo no llegó a aprobarse formalmente por el Consejo de Ministros y, por tanto, no se hizo público, pendiente de pasar por la Junta de Planificación y Evaluación Normativa y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
La irrupción de la pandemia provocó que el Ejecutivo no pudiese cumplir los plazos previstos en la Ley del Gobierno, que marca el 30 de abril como fecha límite para que el Ministerio de la Presidencia eleve al Consejo de Ministros para su aprobación el Plan Anual Normativo con las iniciativas legislativas o reglamentarias que se vayan a presentar para su aprobación en el año siguiente.
Este plan, que deberá aprobar en algún momento el Consejo de Ministros, pondrá negro sobre blanco las iniciativas legislativas que se dispone a llevar a cabo el Gobierno con carácter prioritario y que, debido a la pandemia, ahora debe replantearse.
La prioridad hoy por hoy es la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2021, cuyas negociaciones con los diferentes grupos pueden afectar también a los proyectos legislativos de la coalición. Los pactos a los que se llegue en la Comisión para la Recontrucción del Congreso también influirán a la hora de identificar aquellas políticas prioritarias en las que habrá que concentrar los recursos presupuestarios.
Está por ver si en este contexto se postergan o no iniciativas identificadas en su día por el Gobierno como prioritarias, entre ellas la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana bajo el amparo de la cual se han sancionado las infracciones durante el estado de alarma u otras de carácter más social como la ley para el colectivo LGTBI.
SIN NOTICIAS DE LA REFORMA DE LA SEDICIÓN
Más allá de que Calvo situara en febrero la reforma del Código Penal en este 2020, tampoco hay noticias de que el Gobierno haya avanzado en estos trabajos, con la excepción de la modificación puntual que introducirá la nueva Ley de Libertad Sexual –en fase de elaboración del anteproyecto– para castigar comportamientos que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.
En el Ministerio de Justicia sí contemplan plazos en cambio para la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que esperan poder presentar este otoño próximo, para que pudiese ser aprobada en las Cortes en 2021.
Tampoco se esperan grandes avances con respecto a la reforma laboral, habitual punto de fricción entre los dos socios de la coalición, que interpretan de modo diferente el compromiso sellado en su acuerdo programático. Mientras Unidas Podemos sostiene que el pacto se refiere a una derogación íntegra, el PSOE habla de los aspectos más lesivos.
Pese al acuerdo que firmó el Grupo Socialista en el Congreso con Bildu y Podemos en el marco de la negociación para una de las prórrogas del estado de alarma en el que aceptaba derogar la reforma laboral al completo, los ministros de la cuota PSOE del Gobierno reiteran una y otra vez que los aspectos que se cambiarán de la reforma laboral serán aquellos que acuerden en el diálogo social patronal y sindicatos.
Esto hace muy difícil que, en el escenario de una crisis económica como la que dejará la emergencia sanitaria del coronavirus, pueda avanzarse en este campo.
RETRASO EN EL TOPE A LOS ALQUILERES
Hay otros proyectos que, sin haber renunciado a presentarlos en el primer año de la legislatura, sufrirán retrasos con respecto a los plazos inicialmente previstos. Es el caso por ejemplo de la reforma anunciada por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para fijar topes en los precios del alquiler de viviendas en aquellas zonas con alta demanda.
Ábalos se comprometió a presentar la reforma legislativa antes del verano, pero la pandemia impedirá que pueda cumplir sus planes. Lo que sí prevé su departamento es tener listo para antes del parón estival el índice de precios que permitirá identificar, barrio a barrio, distrito a distrito, en qué zonas los precios han subido de forma exorbitada.
Tras este primer paso, el departamento que dirige Ábalos mantiene en sus previsiones presentar en este año la reforma legislativa que permita a ayuntamientos y Comunidades Autónomas intervenir para fijar límites a la subida de los alquileres en las zonas especialmente tensionadas, confirman fuentes del Ministerio.
Ahora bien, estos planes, al igual que el resto, quedarán en última instancia sujetos a la propia evolución de la epidemia de coronavirus así como a las negociaciones políticas en torno a los Presupuestos, sin olvidar la condicionalidad que introduzca Europa a la liberación de fondos para hacer frente a la crisis.
De hecho, esta semana la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, lanzaba un mensaje a sus socios de coalición de Unidas Podemos para que fuesen conscientes de que el acuerdo programático pactado debería adaptarse a la realidad actual.
Se refería la ministra a que las necesidades que trae consigo la crisis generada por la pandemia obligarán a seleccionar las prioridades, de manera que habrá compromisos incluidos en el acuerdo programático que deberán ser postergados para no elevar el gasto más allá de lo conveniente y de lo que autorice Bruselas, explican fuentes gubernamentales.
En los últimos días, el Gobierno ha anunciado incluso nuevas reformas legislativas. Es el caso de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que prevé a corto plazo una modificación puntual de la ley de bases de régimen local de 1985 para devolver autonomía a los ayuntamientos para que puedan «diseñar políticas públicas propias» y «apostar por lo público en la gestión de los servicios locales».
Para más adelante en la legislatura, quedará una reforma en profundidad de la ley de 2013 de racionalización de la administración local. En cuanto a la revisión de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Gobierno no se ha fijado aún plazo alguno, consciente de su complejidad.
En el Congreso están registradas ya otras reformas como la de la ley de memoria histórica que el Gobierno querría ver aprobada antes de que acabe el año. E incluso ha habido un proyecto de ley, la reforma educativa de la ministra Isabel Celaá, que ha seguido con su tramitación pese al estado de alarma.
