El número dos de Yolanda Díaz, Enrique Santiago, no tenía suficiente con llevar a la espalda su cartel de comunista en el atril de prensa del Congreso de los Diputados, sino que además ha mostrado toda una exhibición de mentiras para vender las bondades de la amnistía no sólo a Carles Puigdemont, sino también al resto de independentistas involucrados en casos judiciales por el desafío independentista desde 2013.
Santiago, Yolanda Díaz y Sumar pueden vender un relato sobre la amnistía, pero al menos que sea sin mentir. Se puede mentir una vez a uno, menos pero no a todos todo el tiempo. Tan sólo en esta rueda de prensa se han contabilizado hasta siete mentiras en apenas diez minutos.
El también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar respalda sus argumentos en generar desconfianza de quien rechaza la amnistía jurídicamente, al ser una norma que no contempla la Constitución. De hecho, esta medida de gracia que prepara el Gobierno de España para poder mantenerse en el poder sólo se ha dado en los periodos más importantes, como lo fue la Transición.
De hecho, la ley actual señala que la aplicación de la amnistía, en cada caso, «corresponderá con exclusividad a los Jueces, Tribunales y Autoridades Judiciales correspondientes», en ningún caso al Ejecutivo, independientemente del color político que tenga. Santiago se guarda muy bien en decir el artículo noveno de la ley de 1977, la vigente actualmente. Aún así, considera que no deben dejarse flecos abiertos para que Carles Puigdemont y el resto de políticos y activistas puedan circular de nuevo y libremente por las calles.
LA ESTRATEGIA DE YOLANDA DÍAZ SOBRE LA AMNISTÍA: MENTIR Y MENOSPRECIAR
A su juicio, la normativa vigente contempla esta medida, pero nada más lejos. Santiago busca reescribir hasta el ordenamiento jurídico, pese a que son los tribunales de Justicia quienes tienen la potestad para sentenciar quiénes tienen derecho a esta medida. En ningún caso, la política. Lo contrario sería acabar con el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho en España, como se está viendo en las disputadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio Tribunal Constitucional.
Santiago, Yolanda Díaz y Sumar pueden vender un relato sobre la amnistía, pero al menos que sea sin mentir
Sumar ha iniciado sus lecciones pedagógicas para vender un encaje ficticio de la amnistía en el Derecho español. Su principal premisa es la misma que utilizan los Gobiernos dictatoriales de Asia y Latinoamérica: acallar las voces críticas o menospreciarlas, mientras el relato de la mentira se expande. Yolanda Díaz dará el pistoletazo de salida para vender esta iniciativa en Barcelona, tan sólo dos días después de la manifestación contra la amnistía y el referéndum.
Santiago ha esgrimido un dictamen redactado por juristas afines a las tesis independentistas, quienes también avalan la amnistía. La gran incógnita es por qué no se aprueba ya con un Gobierno en funciones, más cuando tienen mayoría aún en la Cámara Baja y todos los grupos independentistas y el PSOE se están posicionando a favor de otorgar la medida de gracia. Para el líder comunista de IU se trata de una «obviedad jurídica».
SANTIAGO COMPARA A CATALUÑA CON UN ESTADO DE GUERRA
Asimismo, ha asegurado que la amnistía está contemplada, entre otros, en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en un real decreto que regula las responsabilidades administrativas de los funcionarios y en la Ley de Memoria Democrática. No obstante, vuelve a mentir al asegurar que «no han sido recurridas por nadie al Tribunal Constitucional». El PP, por ejemplo, llevo la totalidad de la Memoria Democrática ante el TC.
Además, se acoge a los tratados internacionales suscritos por España para encajar la amnistía en el supuesto «conflicto con Cataluña». De nuevo se trata de un argumento demasiado débil, más cuando todos los tratados no recogen en ningún caso el desafío separatista, sino que se refieren a conflictos bélicos, con muertos de por medio y desplazados. Es decir, una guerra. Y no, España no está en guerra con Cataluña, por más que lo intenten disfrazar.
Para tratar de cargarse de razones, Santiago niega la mayor y menosprecia a quienes digan que la Constitución no avala una amnistía. A su juicio, esta «intoxicación» y «ganas de incendiar» proviene de la «derecha». Como si todos los votantes y ciudadanos de izquierdas fueran favorables a dar a los independentistas vía libre para volver a hacer lo mismo que en septiembre y octubre de 2017.
LOS POLÍTICOS PRESOS E INDULTADOS NO CUMPLIERON LA MAYORÍA DE SU CONDENA
La mentira, además, se instala en Santiago a la hora de asegurar que los políticos presos indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez hayan «cumplido buena parte de sus condenas». En la cárcel estuvieron menos de un quinto de la pena impuesta y de hecho todos ellos continúan inhabilitados para el ejercicio de cargo público -ni Junqueras ni los Jordis ni tampoco el resto de independentistas pueden aparecer en listas electorales-.
Asimismo, el número dos de Yolanda Díaz afirma que hay que avanzar «la normalización completa», con los constitucionalistas catalanes como moneda de cambio una vez más, con una nueva ley de amnistía. A su juicio, esta ley no tiene «intención de incendiar España ni de romperla», a pesar de quebrar todo el ordenamiento jurídico al ser los jueces quienes deciden quienes entran en la normativa.
De hecho, por no cumplir, Puigdemont se fugó a Bélgica en el maletero de un vehículo conducido por un mosso d’Esquadra, sin pisar una sola vez una cárcel española.
LA AMNISTÍA ROMPE ESPAÑA POR SU ORDEN JURÍDICO
La verdadera intención de esta supuesta ley de amnistía no es más que mantener el poder en La Moncloa, así como iniciar un nuevo modelo territorial para España, a imagen y semejanza de una nación federal, la nación de naciones de José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de perpetuarse en el poder.
Según el propio relato de Enrique Santiago, dejar flecos abiertos en esta negociación mantendría una dificultad para una «solución política acordada», que pasaría después por un referéndum de independencia para que la sociedad se pronuncie, a pesar de que lo prohíbe expresamente la Constitución. De nuevo, con la mentira por bandera, Enrique Santiago asegura que la consulta y las declaraciones de las mayorías parlamentarias son válidas para dar pasos hacia la independencia.
Cabe señalar que ninguna Cámara en España puede realizar declaraciones sobre hechos que no son de su competencia, como poner en duda la unidad del país. Sino, que se lo pregunten a la Mesa del Parlament de 2017 o bien a Quim Torra, expresidente de la Generalitat. Por hacer una consulta en 2014, Artur Mas fue inhabilitado.
