La situación de Doñana necesitaba una solución urgente. Se lo pedían a España la ONU y la Unión Europea. La proposición de ley de regadíos aprobada por el Gobierno andaluz, con la presión de Vox en la anterior legislatura andaluza, había tocado todas las señales de alarma sobre la supervivencia del espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estaban condenados a entenderse. Que el parque natural de Doñana permanezca pese a los cambios extremos del clima no puede ser objeto de lucha política. Una política errónea no cabe, y como ha reconocido la propia ministra de Medioambiente, el problema de Doñana requería de «sumar esfuerzos» no de perder el tiempo con diatribas políticas.
EL GOBIERNO HA DESTINADO 356 MILLONES PARA APOYAR A LOS EMPRESARIOS Y EMPLEO AFECTADOS POR EL HUMEDAL
Juanma Moreno también ha estado de acuerdo. El anuncio del Gobierno en funciones de dedicar 356 millones para buscar alternativas a los proyectos empresariales y al empleo de la zona ha desbloqueado un problema que llevaba enquistado más de dos años. El presidente andaluz no se lo ha pensado y ha retirado el Plan de Regadíos aprobado con Vox en la legislatura anterior, cuando el dirigente del PP andaluz no contaba con mayoría absoluta.
DOÑANA Y EL PLAN DE REGADÍOS DEL GOBIERNO ANDALUZ
Esta reconciliación entre el Gobierno en funciones y el Gobierno andaluz llega justo una semana antes de que el Parlamento de Andalucía afrontase el debate final de la ley que pretendía legalizar regadíos irregulares. El principio de acuerdo alcanzado por Ribera y Moreno a última hora de la tarde de este martes ha cambiado el guion de Moreno, quien ha decidido, de momento, posponer la aprobación de la citada ley.
Gobierno central y Junta de Andalucía llevaban más de un año peleándose por cómo afrontar el futuro de Doñana. La ley de regadíos fue el detonante. La pugna no pasó desapercibida ni para la UNESCO ni para la Comisión Europea. Las dos instituciones internacionales también tomaron cartas en el asunto.
A la vista del plan de regadíos, con el que Juanma Moreno pretendía echar un cable a los regantes de la zona, que ya en abril de este año pidieron a la Junta utilizar aguas depuradas para reducir las extracciones de sus pozos legales (pedían un hectómetro cúbico procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Almonte para contribuir a la recuperación del acuífero), la UNESCO pidió a España una declaración retrospectiva que actualizara los valores que catalogaron a Doñana como Patrimonio de la Humanidad. De no cumplirse, Doñana pasaría a la lista de parques naturales en peligro.
DOÑANA, UN AÑO DE RIFIRRAFE POLÍTICO ENTRE RIBIERA Y MORENO
La Comisión Europea también presionó para intentar buscar otras soluciones alejadas del plan de regadíos. El propio Gobierno acudió pidiendo ayuda para frenar la iniciativa del ejecutivo andaluz, en favor de los regadíos y detrimento del parque natural, pese a que el consejero andaluz de Medioambiente, Ramón Fernández-Pacheco, fue a Bruselas para explicarles que «en absoluto perjudica al humedal». Para el Gobierno, el plan iba en «sentido contrario» a lo que había dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Ribera, en ese mes de abril, mostraba su rechazo más absoluto, exigiendo en calidad de ministra de Medio Ambiente su retirada porque lo que estaba en juego era la propia «credibilidad de España», y arriesgar al país a ser multado.
La llegada de los 93.500 millones de euros de los fondos europeos y que este mismo martes el Consejo de Ministros accediera a destinar 356 millones para salvar la economía de la región circundante al humedal ha servido para dejar el rifirrafe político y que el futuro de Doñana vuelva a fluir. Detrás queda también la presión ejercida por Vox para que en la ley se regularan 700 hectáreas que se encuentran fuera de la ordenación del parque natural, pero que al tratarse de aguas subterráneas le iba a afectar, según los expertos.
RIBERA Y MORENO SE PONDRÁN A TRABAJAR CODO CON CODO POR DOÑANA
El principio de acuerdo entre Ribera y Moreno ha servido para aparcar todas las diferencias políticas y decidir ponerse a trabajar codo con codo. El objetivo no es otro que se pueda conservar el humedal, y adoptar medidas para prevenirlo del cambio climático. Ambos confían en llegar a un acuerdo final que sea positivo para todos.
De esta forma, Moreno reconocía el aplazamiento de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), como una muestra clara de la voluntad del Gobierno andaluz de querer llegar a un acuerdo.
Ribera no sólo ha agradecido este gesto, sino que ha mostrado su predisposición a trabajar de forma conjunta «en la búsqueda de alternativas que no pongan en riesgo Doñana, pero que permitan el desarrollo social en el territorio, que es muy importante». Esta determinación de la ministra también incluye que ninguna medida de las que se adopten afecten «ni a media hectárea más reconocida como regadío».
Ante este avance entre Gobierno central y Gobierno regional, desde Vox se anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional.
