Las lenguas cooficiales han encontrado su lugar en el Congreso de los Diputados, algo que afecta a la forma en la que las personas sordas siguen las sesiones plenarias de la Cámara Baja. Antes de que el catalán, el euskera y el gallego se establecieran como una posibilidad lingüística dentro del Hemiciclo, las personas sordas solo tenían que enfrentarse al poco tiempo de retardo generado por el interprete entre que escuchaba al diputado y pudiera signarlo, pero ahora ese tiempo se amplía al introducir un nuevo intermediario en el proceso comunicativo, ampliando el retardo con el que las personas sordas reciben los discursos parlamentarios.
Estos segundos pasan desapercibidos y pueden resultar irrelevantes, pero podrían ser decisivos en declaraciones inesperadas. Un ejemplo claro de la importancia de este retardo es el seguimiento de un partido de fútbol. Un aficionado que escucha el partido por la radio, se enterará antes del gol que quien lo ve por televisión, y mucho antes que quien lo sigue por internet. De hecho, puede que este último se entere antes del logro por los gritos de euforia de los vecinos que por la pantalla a la que mira. Esto en fútbol puede ser alarmante, pero no resulta igual en política.
Este retardo ha llegado al mensaje parlamentario cuando las lenguas cooficiales habladas encuentran su lugar en el Congreso de lo Diputados. Con esta nueva normativa, el interprete de lengua de signos española tiene que esperar a que el traductor reciba el mensaje y lo emita para que la interprete pueda signarlo. En este proceso comunicativo hay información que se puede perder y como consecuencia de ello, la nueva norma avisa de que el Congreso de los Diputados no se hace responsables de las traducciones simultaneas.
EL CONGRESO SE DESVINCULA DE LA TRADUCCIÓN
Según la regla que establece este Parlamento plurilingüe alude que «la interpretación no constituye en ningún caso una grabación autentificada de los debates», que «el Congreso de los Diputados ofrece la interpretación simultánea de los debates con el único fin de facilitar la comunicación entre los participantes en la reunión y no constituye en ningún caso un registro autentificado de los debates» o que «únicamente dan fe el discurso original o la traducción escrita revisada del mismo».
«no existe ninguna obligación a nivel estatal» de incluir esta lengua en las sesiones
Con este apartado, el Congreso se lava las manos gracias a una «cláusula de excepción» incrustada en la página de la emisión online del debate parlamentario. En esta página, también se añade «En caso de diferencia entre la interpretación simultánea y el discurso original (o la traducción escrita revisada del mismo), prevalecerá el discurso original (o su traducción escrita revisada)».
Este regla solo hace referencia a la traducción de las lenguas cooficiales, que son las diferentes lenguas habladas en España sí son consideradas cooficiales, ya que la lengua de signos castellana y la castellana no están catalogadas como cooficiales. De hecho, a diferencia de la lengua de signos catalana que sí cuenta con un respaldo legal en Cataluña, la que interpreta al español no tiene la misma posición legal y, tal y como informa la Confederación Española de Personas Sordas a Moncloa.com «no existe ninguna obligación a nivel estatal» de incluir esta lengua en las sesiones y en plenos de los parlamentos y ayuntamientos.
LOS INTERPRETES LLEGARON AL CONGRESO EN 2010
Uno de los aspectos cruciales de la vida democrática es la posibilidad de seguir y entender las sesiones del Pleno del Congreso, donde se debaten y toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía española. Para garantizar que las personas sordas tengan acceso a esta información vital, el Congreso de los Diputados de España ha implementado medidas de accesibilidad.
Desde 2010, se ha proporcionado servicio de interpretación de lengua de signos español en las sesiones del Pleno del Congreso. Esto permite que las personas sordas puedan seguir los debates y entender las propuestas legislativas, garantizando que no se queden excluidas de la toma de decisiones que afectan al país.
LAS PERSONAS SORDAS TAMBIÉN VOTAN
En España, se estima que alrededor de un millón de personas tienen discapacidad auditiva en diversos grados. De estos, aproximadamente 200.000 son usuarios de lengua de signos, lo que representa una comunidad significativa dentro del país. El derecho al voto es un pilar de la democracia y una forma esencial de participación cívica. Para garantizar que este derecho se aplique de manera justa e inclusiva, las autoridades españolas han implementado medidas para facilitar la votación de las personas sordas.
Desde 2007, España ha dado un paso importante hacia la inclusión al garantizar que las personas sordas tengan acceso a intérpretes de lengua de signos en los centros de votación. Esto permite que las personas sordas participen plenamente en el proceso electoral y comprendan las instrucciones de votación.
Además, las autoridades han trabajado en la accesibilidad de las papeletas y han implementado sistemas de votación electrónica con interfaces visuales y auditivas, lo que facilita aún más el proceso de votación para las personas con discapacidad auditiva.
