La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a los demás dirigentes del PP, ha expresado su respaldo a la manifestación organizada por Sociedad Civil Catalana en contra de la amnistía solicitada por el movimiento independentista catalán.
La entidad cívico cultural, Sociedad Civil Catalana ha organizado una concentración en contra de la amnistía el próximo 8 de octubre. «No en mi nombre. Ni amnistía. Ni autodeterminación», es el lema elegido de la convocatoria de la entidad.
La dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que acudirá. «Ahí estaré para parar el golpe a la democracia que supondría aprobar una ley de impunidad, fruto de un pacto con ERC y JxCat para investir a Pedro Sánchez», ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter).
El Partido Popular de Madrid se suma a la estrategia impulsada por la dirección nacional liderada por Alberto Núñez Feijóo, que busca que los funcionarios y representantes del Partido Socialista Obrero Español se pronuncien acerca de las demandas de amnistía y autodeterminación.
EL PP PRESIONA A PEDRO SÁNCHEZ
El PP ha registrado ya las mociones, que anunció Alberto Núñez Feijóo, para animar a que los socialistas den su voto en los Parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos de toda España, sobre si están a favor o no de la Ley de Amnistía.
Por el momento, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha abierto la posibilidad a una futura ley de amnistía, alegando con cierta creatividad que «es un proceso para normalizar la situación de Cataluña».
Al término de una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, ha afirmado Sánchez que «la crisis política no debió acabar en la vía judicial. Lo que hemos hecho durante todos estos años ha sido tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política», parece que desatendiendo que, en un Estado de Derecho, de los hechos tipificados como delitos se encarga el poder judicial.
No sabemos si le estaría molestando la existencia de los tribunales e incluso la de las leyes al cada vez más ambicioso presidente, y va a poner por su parte lo que haga falta para que nada se le interponga en su permanencia en Moncloa. Pues estas palabras apuntan a la posibilidad, que el presidente en funciones baraja para quedarse en Moncloa, de crear una ley de amnistía, hecha a su medida, que todavía no tiene nombre ni fecha, pero en la que se trabaja con discreción, con el fin de quitarse del medio la Ley.
SÁNCHEZ GUARDA SILENCIO
Para convencerse, ha añadido: «Voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización, y de estabilización de la situación política en Cataluña. Estoy diciendo mucho. Creo que están ahí los datos, los hechos, y esos son absolutamente indiscutibles. Cataluña está mucho mejor que en 2017», ha apuntado Sánchez.
Pero, ay, estas buenas razones no han resultado muy convincentes nada menos que al expresidente del Gobierno de España, Felipe González, y al ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que han dejado claro su ‘No’ a la amnistía.
El expresidente del Gobierno ha tenido a bien señalar que está «con los juristas que han razonado que tal posibilidad no cabe en la Constitución”. Y aclara que lo que más le preocupa de barajar tal posibilidad es que «la amnistía hace desaparecer el delito, lo borra».
LAS CONTRADICCIONES DEL PSOE
Por su parte, el vicepresidente Alfonso Guerra «ve la amnistía como algo detestable que supera el conflicto político de Cataluña, porque se pretende borrar un pasado democrático». Es una medida que «sólo se ve aceptable en el paso de una dictadura a una democracia». Y, efectivamente, a la inversa, desde una democracia una ley de amnistía como la que pretende el presidente nos devuelve a la dictadura, que no es sino la conveniencia del poder, adaptando las leyes a sus intereses.
LA AMNISTÍA SIGNIFICA LA HUMILLACIÓN DELIBERADA DE LA GENERACIÓN DE TRANSICIÓN
Guerra hasta ve una ofensa para todos los que trabajaron por la libertad, es decir, por la primacía de la ley, pues no ha habido nunca libertad sin el respeto del poder por la ley. Y dice: «La amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la Transición». Podría sonar casi a «cómo pudiste hacerme esto a mí», en versión de uno de los barones, hasta ahora, más respetados del PSOE.
El PP ha destacado la incoherencia de Pedro Sánchez, como de otros ministros de su Gobierno, como Fernando Grande-Marlaska, Carmen Calvo y Juan Carlos Campo, que si bien en el pasado defendieron «la inconstitucionalidad de una posible amnistía», ahora, por la conveniencia de quedarse en el poder a todo precio, se desdicen de una de las garantías del Estado de Derecho.
¿POR QUÉ EL PP NO PUEDE ACEPTAR LA AMNISTÍA?
Por otro lado, Carmen Calvo, ante la pregunta de los periodistas sobre la amnistía, responde con bastante alegría que «los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas». Está claro.
Ante la circunstancia ‘política’ de que las urnas no han asegurado a Pedro Sánchez su estancia en Moncloa; como Presidente del Gobierno en funciones, que es, agarrado a un clavo ardiendo, no duda en crear la ley que haga falta. Algo que, a juicio del partido más votado, «supone una inconstitucionalidad flagrante, por ser un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado».
El Partido Popular ha defendido que el coste de que Sánchez mantenga la Moncloa supondría «no solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho, blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo». «En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente, y que sólo la falta de rechazo explícito y contundente, por parte del Gobierno, está causando una profunda conmoción social».
Con todo, nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué no se puede aceptar la amnistía? porque sería aceptar que los independentistas no hicieron nada ilegal, y que el estado habría actuado como opresor político. La amnistía sería el perdón de los políticos por los políticos, la casta favorecida frente al principio de igualdad de todos los españoles. Y subyugarlos al despotismo de un fugado de la justicia por sublevarse contra el Estado español.
