El cuartel de la Guardia Civil de Cartagena ha llegado su fin, pero no para el Servicio de Seguridad Ciudadana. El pasado 18 de septiembre se inició la demolición del acuartelamiento de esta ciudad de Murcia, donde se alojaban 86 familias de guardias civiles y además se ubicaba el Servicio de Seguridad Ciudadana de este Cuerpo. La orden de tirar abajo este edificio llegó de manera inesperada e hizo que las personas que vivían dentro tuvieran que desalojar sus viviendas por cuestión de urgencia. Sin embargo, no pasó lo mismo con los uniformados que trabajan en ese terreno, que siguen ofreciendo sus servicios en mitad de la demolición, según informan fuentes de la AUGC.
La situación de los cuarteles de este Cuerpo dependiente del ministerio de Defensa y de Interior destaca por que cada dependencia tiene algo que arreglar o cambiar. En el caso del de Cartagena, el ministerio de Marlaska no llegó a tiempo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya denunció la situación que se vivía en este acuartelamiento, señalando que «Interior como casi siempre, se ha mostrado extremadamente lento. Primero se negaban estas deficiencias para posteriormente realizar diversos proyectos de construcción de un nuevo acuartelamiento que nunca vieron la luz».
La resolución final llegó de la mano de un informe elaborado por arquitectos de la Dirección General de la Guardia Civil, en el que los profesionales señalaban el estado de los edificios de este cuartel y apuntaban que «era necesario desalojar todos los inmuebles del acuartelamiento y acordonar, vallar y prohibir el paso». Así, según fuentes de AUGC, las familias tuvieron que abandonar las que habían sido sus casas, teniendo hasta el 15 de septiembre para ir a recoger los últimos enseres. En total, se están derrumbando diez edificios que componían las viviendas, exceptuando el Bloque 0, donde actualmente están trabajando unos 70 agentes.
GUARDIAS CIVILES ACTIVOS A PESAR DEL DERRIBO
En el mismo informe que evaluaba la situación arquitectónica del cuartel de Cartagena se destinaba un apartado al Bloque 0, donde se alojan las unidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Guías de Perros, Servicios Marítimo y Actividades Subacuáticas, la destinada la atención de la violencia de género, los robos agrícolas y los delitos tecnológicos. Este edificio no entraba dentro del plan de demolición, pero sí tiene un apunte relevante: sus instalaciones «debían ser apuntaladas o incrementadas las medidas de seguridad para disminuir la posibilidad de desprendimiento».
García afirma que se está «jugando con la suerte»
Sin embargo, estas reformas no se han llevado a cabo antes de iniciar la demolición y tampoco se han desalojado las dependencias, por lo que los guardias civiles que daban el servicio en este edificio del cuartel siguen trabajando mientras que el resto de bloques están siendo demolidos. Así lo relata Juan García Montalbán, portavoz de la AUGC de Murcia, quien asegura que desde la asociación pidieron que «no se iniciara el derrumbe hasta que no hubiera una solución» para estos trabajadores.
Así, mientras las maquinas y los operativos hacen su trabajo de demolición, los guardias civiles tienen que seguir trabajando bajo lo que define Juan García como «una calma tensa». Y es que, el portavoz asegura que estos uniformados «trabajan mirando atentamente a esa grieta que el jefe de obras les ha avisado que no quiten ojo». Por ello, García afirma que se está «jugando con la suerte» y que «no es una forma de garantizar su seguridad».
UNAS FAMILIAS SIN ALTERNATIVA DE HABITABILIDAD
Estos guardias civiles han tenido que quedarse trabajando, pero hay 86 familias que han tenido que abandonar sus casas porque no se arreglaron a tiempo. Desde la AUGC informan a este medio de que 34 de esas familias han tenido que buscarse un alquiler, mientras que las demás se han ido a viviendas de familiares o que se encuentran alejadas de la ciudad. Además, también aseguran que, a pesar de la voluntad del ayuntamiento de Cartagena de ofrecer una alternativa a través de la SAREB, finalmente no se ha llegado a ningún acuerdo.
Antes de que se produjera el desalojo, AUGC pidió buscar soluciones definitivas y urgentes para garantizar el realojamiento de aquellas familias que no tuvieran otra posibilidad habitacional y que se encontraran «de repente en la calle sin vivienda alguna donde trasladarse». Además, solicitaron que fuera la administración quien se hiciera cargo del coste y la gestión de una empresa de mudanzas con «carácter voluntario», así como que se hiciera cargo de «un desalojo ordenado y planificado y no caótico con 86 mudanzas casi al mismo tiempo».
Sin embargo, no ha habido una respuesta por parte de la administración. García asegura que «no tienen responsabilidad legal de hacerlo», pero sí esperaban su intervención ante lo que define como «una situación extraordinaria» que está afectando no solo a las familias de los guardias civiles, sino también al trabajo diario de la Benemérita de la zona, que tiene que trabajar entre escombros en unas oficinas que el propio informe de este Cuerpo asegura que necesitan «ser apuntaladas» para que sean seguras.
