La Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y una pena de 52 años de prisión para el comisario Enrique García Castaño, por diversos delitos investigados en la la pieza número 2 del ‘caso Tándem’, denominada ‘Iron’, por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 procesó a los dos policías y a otras 12 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
La pieza ‘Iron’ ha sido la primera cuya instrucción ha concluido de toda la macrocausa que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo y por la que éste se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio.
El proyecto ‘Iron’ reveló un ‘modus operandi’ en la actividad profesional del comisario y que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el ‘caso Tándem’, y es que Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.
CUATRO POLICÍAS Y UN FUNCIONARIO DE HACIENDA
Tras concluir sus pesquisas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ve indicios para sentar en el banquillo a Villarejo, Esu socio en el Grupo Cenyt Rafael Redondo, su mujer Gemma Alcalá, el abogado David Macías; así como los policías ya apartados de sus funciones Enrique García Castaño –quien fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)–, Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro.
Asimismo, procesa a los directivos del despacho Herrero y Asociados Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno, además de al propio bufete como persona jurídica por ser la empresa que habría contratado los servicios de Villarejo para supuestamente espiar a Balder IP Law.
Según las conclusiones a las que ha llegó el juez, que sustentan el escrito de la Fiscalía, los hechos parten de la «situación de crisis» de Herrero y Asociados por algo que el despacho consideró como una «competencia desleal», y es que antiguos socios y empleados constituyeron el bufete Balder IP Law, con similar «finalidad y objeto social».
Sin embargo, la actividad contratada iba mucho más allá» de una mera «prestación de servicios de detectives», ya que se ha podido constatar que Villarejo y Redondo ofertaron a Herrero y Asociados «un servicio dirigido a solventar una ‘situación de crisis'» que incluía la «obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado», como tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, relativos a Balder IP Law.
