El tribunal Europeo de Derechos Humanos ha marcado un precedente en el ámbito de la prostitución que puede servir para que la clase política española cambie su posición abolicionista frente a esta profesión. Y es que, el tribunal de Estrasburgo ha admitido la demanda de 261 hombres y mujeres en contra de la actual Ley de la abolición de este sector en Francia desde 2016 y que ha resultado ser un fracaso según reconoció el propio Ministerio del Interior galo. Esta norma era la referencia directa del proyecto de ley que pretendía sacar el PSOE durante esta pasada legislatura y que no terminó de ver la luz, a pesar de que contaban con el apoyo de Igualdad y del Partido Popular para ello.
La demanda que ha admitido este tribunal europeo denuncia la criminalización de la compra de relaciones sexuales, incluso entre adultos que consienten, como consecuencia de la Ley gala nº 2016-444, de 13 de abril de 2016, que está «destinada a reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y a apoyar a las prostitutas». Con esta legislación, la persecución en el país vecino recae sobre los «clientes», a quienes sancionan con multas de entre 1.500 y 3.750 euros por adquirir los servicios de las prostitutas.
Sin embargo, más allá de conseguir la abolición, la demanda sostiene que «conduce a las prostitutas a la clandestinidad y al aislamiento, las expone a mayores riesgos para su integridad física y su vida, y afecta a su libertad de determinar los términos de su vida privada». Una posición de comparte Susana Pastor, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales (Astras), quien considera que el Tribunal de Estrasburgo «debería haber actuado antes» y que debería servir de «antecedente en España para no avanzar con el proyecto de abolición» en nuestro país.
De hecho, Pastor asegura que «el Gobierno debería fijarse en lo que está pasando en Francia», donde los propios datos del Ejecutivo galo desvelaban en 2021 que aunque se redujera el número de víctimas en la vía pública, había aumentado su presencia en internet del 34% al 49%, así como la precariedad de las prostitutas y la clandestinidad de una profesión que no se ha dejado de ejercer.
Una Ley sobre prostitución que no llegó a España «por el Caso Mediador»
El proyecto de ley de la abolición de la prostitución, que el PSOE pretendía aprobar en octubre de 2022 con la ayuda del Partido Popular, era «una copia» de la norma francesa. Esta Ley pretendía multar con penas 12 a 24 meses para los clientes y penas de prisión de uno a tres años contra todo aquel que se lucrara con la prostitución. Con ello, el Ejecutivo de Sánchez no pretendía perseguir a las prostitutas pero sí penalizar su servicio, algo que según Pastor ha supuesto en Francia «un aumento de 20 puntos de la delincuencia», porque «no elimina la prostitución, pero sí promueve la marginación».
Cuando las trabajadoras sexuales conocieron las intenciones de la clase política española, consiguieron reunirse con ellos. La presidenta de Astras cuenta a Moncloa.com que cuando ella se reunió con Cuca Gamarra, la portavoz del PP le dijo que «(las prostitutas) rompían matrimonios», mientras que el PSOE le hablaba de «tráfico de órganos», algo «completamente alejado de la realidad». Sin embargo, este proyecto de ley «se paró por el Caso Mediador», ya que parte de esos dirigentes, según Pastor, «decían sí a la abolición de día y por la noche lo celebraban».
El primer paso hacia la abolición: la prohibición de publicidad en la Ley Solo Sí es Sí
A pesar de que el proyecto de ley de abolición no salió finalmente adelante, la prostitución se ha encontrado nuevos escoyos desde que se aprobó la Ley Solo Sí es Sí. En esta norma del ministerio de Igualdad de Irene Montero se incluyó la prohibición de aquella publicidad relacionada con el trabajo sexual, un precepto que ha supuesto, según Pastor, «una pérdida del 20% de trabajo» en su sector.
Este tipo de medidas están encaminadas a la abolición de la prostitución, pero con la intención de dificultar la búsqueda de servicios a los «clientes». Sin embargo, la presidenta de Astras asegura que no solo se ha perdido trabajo, sino que además, la eliminación de páginas webs ha supuesto «quitar un arma que usaba la Guardia Civil para localizar casos de trata». Por ello, las prostitutas españolas aun no han conocido la realidad que se vive en Francia, pero sí saben que la clase política, independientemente del color, tiene una perspectiva abolicionista «que debería encaminarse hacia la regulación para evitar el aumento de clandestinidad y de delincuencia» como ya ocurre en el país vecino.
