Quien haya estado esta semana en alguna de las oficinas de Correos de La Rioja habrán podido apreciar que no se encuentran en su estado habitual. Y es que sus trabajadoras de la limpieza iniciaron una huelga indefinida el pasado 28 de agosto que sigue aun activa, para reclamar los problemas que están viviendo en la percepción de sus salarios. Son 29 limpiadoras y todas ellas han validado un parón general que llega después de distintas movilizaciones y de no recibir una respuesta por parte de la empresa adjudicataria ni por parte de Correos, entidad pública encargada de la licitación que concedieron a J. Córdoba S.L el 15 de diciembre del año pasado.
«Están muy cansadas» asegura a Moncloa.com Ana Cruz Llach Saenz, secretaría General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT de la Rioja, al plantear que estas trabajadoras de las oficinas de Correos «han estado cobrando siempre muy tarde», llegando a la huelga indefinida como consecuencia de retrasos en el pago de las nóminas acumulado desde el mes de marzo de manera continua. Por eso, después de numerosas reclamaciones y movilizaciones, como el parón del pasado 21 de agosto, las limpiadoras de las oficinas de Correos de La Rioja han tenido que tomar la decisión de iniciar una huelga indefinida, ya que los retrasos de los pagos han escalado a no haber recibido la nómina del pasado julio.
Tanto las trabajadoras como el sindicato UGT consideran que la responsabilidad de esta situación recae completamente sobre la empresa J. Córdoba S.L, quien gestiona este mismo servicio en otras Comunidades Autónomas como Navarra donde, según la secretaría General de FeSMC UGT-Rioja, «las trabajadoras están en la misma situación, pero no han llegado a ejercer su derecho de huelga indefinida». Aunque este parón continúa, la empresa «no ha puesto una solución sobre la mesa» y, a pesar de que prometieran una respuesta «a finales de este mes», ese feed back no ha llegado y continúa el silencio.
La responsabilidad eludible: entre la empresa y Correos
Desde la rama sindical que representa a estas trabajadoras en huelga indefinida, aseguran que la completa responsabilidad es de la empresa J. Córdoba S.L.. Cruz Llach informa a este medio que la adjudicataria «recibió una oferta de mediación por parte de la Inspección del Trabajo» a la cual no ha habido respuesta. Así, la responsable sindical también afirma que la empresa no solo guarda silencio, sino que además elude la responsabilidad a la entidad pública, Correos, porque «existen desequilibrios económicos en los pliegos y dicen que no pueden hacerse cargo de las nóminas».
Moncloa.com ha intentado ponerse en contacto con Correos en numerosas ocasiones para conocer su posición ante esta huelga indefinida y saber dónde reside su responsabilidad, pero no hemos recibido ninguna respuesta por su parte. Por otro lado, este medio también se ha puesto en contacto con la empresa J. Córdoba S.L., quien ha asegurado que aun no ha emitido ningún comunicado sobre esta situación: «la semana que viene», han concretado. Sin embargo, en lo que la empresa decide posicionarse, estas trabajadoras siguen sin cobrar sus nóminas y continúan en una huelga indefinida que va a llegar a la semana sin recibir una respuesta.
La subcontratación de servicios o cómo lo público relega en lo privado
«No sabemos exactamente qué cobramos, no tenemos nómina», aseguró el delegado sindical de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de Correos en La Rioja, Martín Carles, a Europa Press cuando la agencia publicó la información del inicio de la huelga indefinida. Este medio también informó que este responsable ejerce el papel de encargado pero que está trabajando «con un pie afuera y otro dentro» con un cargo por el que no le están pagando. Esta situación es consecuencia de que las entidades públicas hayan externalizado sus servicios, lo que resulta un ahorro para el sector público pero también puede suponer la precarización laboral de los puestos laborales.
Este es el caso de las trabajadoras de la limpieza de Correos de La Rioja, pero simboliza una situación en la que el sector público hace cargo a una empresa privada tanto del servicio como de las condiciones laborales de estos trabajadores. Esta contratación de servicios se adjudica, principalmente, a la empresa que pueda plantear la oferta más económica para la labor, sin que la entidad pública haga en muchas ocasiones un seguimiento del contrato o del cumplimiento de los pliegos. El resultado de esta externalización puede suponer lo que le está pasando a estas trabajadoras: cantidades salariales sin aclarar, pagos retrasados o nóminas que no llegan y cuya responsabilidad se «lanzan» entre la empresa y lo público sin que exista una solución para ellas.
