En cuanto la Presidenta del Congreso de los Diputados hizo pública la voluntad del Rey de proponer a Alberto Núñez-Feijoo para el debate de investidura, el Gobierno en funciones ya catalogaba este acto de «fallido». De hecho, Sumar fue la primera formación en posicionarse y asegurar que la investidura de Feijoo «fracasará», corriente que el PSOE validó al día siguiente con declaraciones como las de Patxi López, quien acusaba al líder del PP de orquestar una «estrategia» para ir a una repetición electoral. Bajo la premisa de que Feijoo no conseguirá los apoyos necesarios, Pedro Sánchez ha continuado con su propia estrategia para no perder La Moncloa mediante negociaciones con las formaciones independentistas.
Poco le ha importado al Gobierno la decisión del Rey. El PSOE tiene claro que Feijoo no conseguirá los cuatro escaños que necesita y al día siguiente del anuncio de la elección del monarca, el Ejecutivo ha seguido «como si nada», informando sobre sus negociaciones sobre la posible amnistía. En este sentido, La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, ha seguido apostando por su propuesta de amnistía y cree que este planteamiento «podría ser compartido» por el PSOE, asegurando que su formación no tiene «miedo a dialogar». A su vez, ha pedido que la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, sea cuanto antes y ha augurado que será «fracasada» porque no tiene los apoyos.
Por su parte, el partido socialista ha evitado hablar de los siguientes pasos que va a llevar a cabo para contentar a los independentistas, usando a Patxi López como escudo mediático. El portavoz del PSOE en el Congreso ha evitado hacer «especulaciones» sobre las exigencias de estas formaciones que, según ha dicho, den lugar a «interpretaciones», por lo que ha apostado por dar «discreción» a las negociaciones. A su vez, también ha dicho respetar la decisión del jefe del Estado, sí que considera que la investidura de Feijoo «está avocada al fracaso», como ya ocurrió en las votaciones de la Mesa del Congreso.
La amnistía: la «línea roja» de ERC y a su vez del PSOE
La cuestión de la amnistía para los políticos procesados por el 1-O y los conflictos con el independentismo catalán fue el principal requisito que comunicó Puigdemont cuando supo que su formación era indispensable para la formación de un Gobierno en España. Por eso, el PSOE tuvo que posicionarse tras los resultados electorales del 23 de julio y María Jesús Montero aseguró en declaraciones a La Ser cual era su línea roja con Junts: «no habrá amnistía ni autodeterminación».
Sin embargo, ha pasado menos de un mes desde esa intervención de la vicepresidenta del Gobierno en funciones y las «líneas rojas» comienzan a diluirse en el lado socialista, a la vez que se ensanchan en el ámbito independentista. Lo que era un requisito indispensable para Junts, ahora también lo es para ERC y La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, ha planteado este miércoles la amnistía como «línea roja» para pactar con el PSOE en la investidura, llegando a asegurar que no hay que desviarse «ni un milímetro del objetivo de la independencia».
El PSOE y «el fracaso de Feijoo» para desviar el foco de la amnistía
La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha utilizado la misma estrategia de Patxi López un día después de conocer que Alberto Núñez-Feijoo ha sido el elegido por el Rey para ir al debate de investidura. En este sentido, la diputada ha asegurado que «cuando vas a una investidura al menos tienes que garantizar la mayoría absoluta, y lo que tiene garantizado Feijoo a día de hoy es una nueva derrota». A su vez, Alegría también ha catalogado de «fracaso» la candidatura del PP, pero no ha querido implicarse respecto a las exigencias independentistas.
En este sentido, la portavoz afirmaba que continúan las negociaciones y ha aclarado que las conversaciones que posibilitaron la mayoría absoluta que alzó a Francina Armengol como presidenta del Congreso, estuvieron centradas «exclusivamente» en la Mesa del Congreso. Sin embargo, Al hilo de la petición de amnistía por parte de algunas formaciones independentistas, la portavoz socialista no ha querido valorar la «constitucionalidad» de dicho planteamiento e insiste en que esa valoración le corresponde al Tribunal Constitucional.
