La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como ‘ley Celáa’, afronta este martes a su primer debate en el Pleno del Congreso, en el que PP, Vox y Ciudadanos reclamarán la devolución del texto al Gobierno.
El texto impulsado por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha sido muy criticado por estas tres formaciones que le acusan de no consensuar el contenido, ni con la oposición, ni con la comunidad educativa. Además, la formación que preside Santiago Abascal, cree que la ley es «demagógica» y que está «al servicio de ideologías totalitarias».
En la votación el Gobierno deberá conseguir el rechazo mayoritario a las enmiendas de totalidad de PP, Vox y Ciudadanos para que el proyecto de ley pueda continuar con la tramitación parlamentaria.
El Gobierno aprobó esta norma en Consejo de Ministro, por primera vez, en febrero de 2019, justo antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones para abril de ese mismo año. En marzo de 2020, el nuevo Ejecutivo de coalición volvió a darle luz verde y, ahora, pasará su primer examen en la Cámara baja.
Entre los objetivos de esta ley, según ha explicado la ministra, está evitar la «segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza», extender la Educación Infantil de 0 a 3 años, eliminar los itinerarios impuestos en Secundaria por la actual ley del PP, la LOMCE, devolver poder de decisión a los Consejos Escolares, fomentar la Formación Profesional, introducir el desarrollo sostenible en las aulas y transformar el actual currículo, que considera demasiado «enciclopédico y memorístico».
RELIGIÓN, CONCERTADA Y COLEGIOS ESPECIALES
Pero las principales polémicas de esta iniciativa se han desatado con la asignatura de religión, que ya no tendrá «asignatura espejo» ni será evaluable, los colegios concertados, a los que se les retira el criterio de «demanda social» y los colegios de educación especial, para los que el Gobierno se da un plazo de 10 años para integrarlos en la red ordinaria.
La petición de devolución del texto del PP se basa en que la norma «adolece del consenso que los ciudadanos están reclamando» a la clase política en esta materia y señala que el Ejecutivo no ha informado de su contenido, por ejemplo, al Consejo de Estado, algo que siempre se ha llevado a cabo en estos trámites, según explica. Tampoco incluye dentro del marco de acuerdos que pretende impulsar en el Congreso la creación de un Pacto de Estado en esta materia, denuncia el partido.
Para Vox, la ‘ley Celaá’ se ha hecho «a espaldas de la institución de la familia», en contra del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y sin garantizar la libertad ideológica. Además, los ‘populares’ quiere eliminar las diferencias entre las comunidades autónomas y rechazan los argumentos del Gobierno para incluir en el currículum materia de educación en igualdad, transición ecológica o desarrollo sostenible, que considera conceptos «etéreos y abstractos».
El partido de Santiago Abascal rechaza también que se elimine la demanda social para la educación concertada. Este argumento se incluye en la petición de devolución de Ciudadanos que, además, considera que esta ley no resuelve el problema de discriminación lingüística que sufren en alginos territorios de España.
