La Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament de este martes ha aprobado la propuesta de resolución presentada por Cs que insta al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a devolver 885.000 euros en concepto de deuda que habría defraudado a la Agencia Tributaria por dinero en cuentas de Andorra.
La propuesta ha sido aprobada, por petición de votación separada, en su punto número uno por unanimidad, y en el punto 2 por 16 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.
El diputado de Cs Dimas Gragera durante su intervención ha explicado que hace unos meses, a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria, se conoció que cerca de 900.000 euros podrían haber sido defraudados por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, pero que como se referían a ejercicios fiscales ya prescritos «conllevaba la imposibilidad de que la Agencia Tributaria iniciase procedimientos sancionadores».
«Ante esta situación, como responsables públicos, el silencio no puede ser la respuesta, no sería justo que callásemos conociendo esta situación, mientras el resto de catalanes tiene que tributar», ha dicho, y ha hecho un llamamiento al conjunto del Parlament para reaccionar a la altura de la magnitud –según él– de este fraude.
El diputado de JxCat Marc Solsona ha considerado que el Parlament ya ha hecho en sede parlamentaria todo lo que podía hacer en este sentido, asegura que desde su grupo no comparten la intención «escondida» de esta propuesta de resolución, y pide no convertir la CAI en una Comisión de Asuntos Internos o en una comisión –dice– parajudicial.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
El diputado Ferran Pedret, por el PSC, ha defendido que es «comprensible» que desde el Parlament se haga esta reclamación de que voluntariamente Jordi Pujol restablezca estos importes al tratarse –dice– de un expresidente de la Generalitat, y considera que aunque estos asuntos no deben monopolizar la CAI, sí que es un espacio para que se produzcan debates sobre estas cuestiones.
Desde los comuns, la diputada Concepción Abellán ha sostenido que los delitos de evasión no deberían prescribir y que Pujol debería pagar por la evasión del capital más los intereses de demora: «Estamos de acuerdo en que los presidentes de la Generalitat se sometan a la fiscalización y transparencia, porque no solo hay que parecer honesto sino que también hay que serlo».
El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha pedido no olvidar que el diario ABC en el año 1989 nombró a Pujol ‘Español del Año’ y ha apuntado a la corrupción de CiU, que recientemente ha entrado en concurso de acreedores y que, «por tanto, no solo significa que no pagarán ni un céntimo, sino que tampoco pagarán sus responsabilidades políticas y económicas».
Por el PP, la diputada Esperanza García ha defendido que la CAI es la comisión donde se debe esclarecer e instar al expresidente Pujol a que voluntariamente cumpla lo que pide la resolución, ya que «el propio expresidente es quien ha reconocido haber cometido el delito» y que no se está, por tanto, en una situación parajudicial –refiriéndose a las palabras del diputado de JxCat, Marc Solsona–.
Finalmente, el diputado republicano José Rodríguez ha asegurado que al Parlament «no se le caen los anillos a la hora de cuestionar a los expresidentes de la Generalitat», pero apunta a que –según él– una propuesta como la que presenta Cs seguramente no se habría podido tirar adelante en el Congreso de los Diputados.
