El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha reclamado al Gobierno un plan de incentivos destinado a jueces, fiscales, letrados y funcionarios para que puedan sacar adelante el trabajo acumulado y el aluvión de asuntos que se asumirá derivados de la crisis sanitaria del Covid-19 al considerar que con el ritmo normal se tardará en recuperar los tiempos.
Así lo ha señalado López en el Foro Justicia ICAM, que se ha celebrado en su formato online, en el que el consejero madrileño ha demandado del Ministerio de Justicia un compromiso financiero para la Administración de Justicia madrileña.
En su intervención, López ha señalado que «hay que sacar a la Justicia de la UCI, llevarla a planta y ponerla en forma», aclarando que los juzgados no tienen el nivel de riesgo de los hospitales y por tanto no se pueden implementar las mimas medidas dado que el riesgo de contagio es menor.
López ha hecho un repaso a las medidas de protección colectiva e individuales implementadas por el Gobierno regional para reforzar la seguridad de los trabajadores de la Administración de Justicia.
Asimismo, ha incidido en que hay que «recuperar la normalidad constitucional, legal, social y económica» y ha recalcado que «la Justicia será determinante» para ese objetivo. «De ahí la importancia de que nos comprometamos en la Justicia», ha reseñado.
De cara a la reactivación judicial, ha dicho que «la prudencia, la seguridad y la protección de los trabajadores de la Administración de la Justicia son prioridades del Gobierno regional y son las que les han guiado desde el principio». «Vamos a actuar con todas las prevenciones y aportando los EPIs necesarios», ha indicado y ha subrayado que su Consejería se puso a trabajar semanas antes en la implantación de medidas de prevención.
«Tengan la conciencia de que nos lo tomamos en serio. Los Juzgados no son hospitales y el nivel de riesgo no es el mismo. No nos pueden pedir esas medidas. Me han confundido con el Ministerio de Sanidad. Es otro ámbito de riesgo y no podemos malgastar los recursos», ha destacado.
López ha señalado que es necesario poner en marcha una serie de medidas para afrontar el aluvión de asuntos
que llegan como consecuencia de las reclamaciones derivadas de la crisis sanitaria. «Tenemos nuestros planes de modernización, pero sabemos que no todo depende de lo tecnológico, sino que se necesitan medidas organizativas y coherentes y dependen del Ministerio de Justicia», ha aseverado.
COMPROMISO FINANCIERO
Así, ha reseñado que es el momento de que el Gobierno se comprometa con la Justicia madrileña y tome un compromiso financiero. «Hay que revisar la planta judicial, aumentar la ratio de jueces, dedicar más recursos. Creemos que la Justicia es un servicio esencial a efectos de financiación a la par de Sanidad. Hay un cierto desorden legislativo actualmente», ha reprochado.
En esta línea, ha reclamado un plan de choque de incentivos destinado a jueces, letrados y funcionarios para que se resuelvan más asuntos porque «con el ritmo normal se tardará mucho en recuperar los tiempos en Justicia».
La propuesta consistiría en establecer un sistema de abono de complementos para magistrados, letrados, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia que se comprometan a resolver, con todas las garantías, más conflictos en menos tiempo. «Se trata de incentivar y compensar el sobreesfuerzo al que nos ha abocado la crisis sanitaria», ha defendido López.
DEFENSA DEL PODER JUDICIAL
Para llevar a cabo este proyecto, según el consejero «el Gobierno debe entender que la Justicia es un servicio público esencial» y, por tanto, debe «mejorar con urgencia la financiación autonómica, reconociendo el peso que la Comunidad tiene en la administración de Justicia, teniendo en cuenta el mayor número de litigios que se producen en la región por su capitalidad».
En ese sentido, López ha hecho un llamamiento a todos los actores que intervienen en la administración de Justicia para sacar adelante el aumento de trabajo provocado por la crisis del Covid. A juicio del consejero «es imprescindible hacerlo, porque la Justicia, además de un derecho inalienable, debe ser un motor para la recuperación económica».
López ha exigido también al Gobierno de Pedro Sánchez que «defienda al Poder Judicial de aquellos que lo atacan, especialmente si esos ataques proceden del propio Ejecutivo». «No es admisible que desde el Gobierno se arremeta contra el Consejo General del Poder Judicial o se ponga en duda el excelente trabajo y profesionalidad de la Policía Judicial, ya que detrás de esa crítica hay un intento de deslegitimación indirecta del Poder Judicial, una situación que pone en peligro nuestro sistema».
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS COVID
En su intervención, López ha explicado que la Comunidad de Madrid contará antes de que finalice el año con diez nuevos juzgados, (cuatro de Mercantil, tres de Laboral y otros tres de Primera Instancia, las jurisdicciones con mayor carga de trabajo). Nueve de las nuevas unidades judiciales estarán ubicadas en la capital y una en Torrejón de Ardoz.
Se trata de siete unidades judiciales creadas por el Ministerio de Justicia, con el informe favorable de la Comunidad de Madrid, que sólo están pendientes de una orden del Gobierno central para su puesta en funcionamiento. Forman parte de un total de 30 juzgados que se van a poner en marcha en toda España. Su apertura estaba prevista para el 1 de junio, pero la pandemia la ha retrasado.
A estos siete juzgados se les unirán otros tres de refuerzo –dos de Mercantil y otro de Laboral– que el Gobierno regional ha solicitado que entren en funcionamiento en septiembre.
Asimismo, el consejero ha hecho referencia a las medidas incluidas por el Gobierno regional en su Plan de Recuperación, aprobado el 27 de mayo, que recoge dos iniciativas para mejorar el funcionamiento de la Justicia en Madrid. La primera de ellas es el refuerzo del orden jurisdiccional social, mediante la puesta en funcionamiento de cuatro nuevas salas de vistas, con el fin de facilitar y agilizar la celebración de juicios y así descongestionar un orden jurisdiccional de por sí altamente saturado.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha reivindicado el papel que representa la Abogacia para afrontar la crisis social y económica producida por el coronavirus.
«Vuelvo a reclamar la posición de la Abogacía. No me gusta que nos tilden de colaboradores somos parte integrante», ha señalado y ha reclamado la presencia de la Abogacía en los procesos decisorios y en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
