El conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, ha anunciado este lunes que la Generalitat recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula parte del decreto sobre el uso del valenciano en la administración y ha criticado que el fallo «menosprecia la lengua y las competencias propias».
Marzà se ha manifestado en estos términos a través de redes sociales después de que el TS haya emitido dos sentencias en las que desestima los recursos de casación de la Generalitat y STEPV-IV y confirma dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaban varios artículos del decreto 61/2017 que regula el uso del castellano y del valenciano en la administración pública autonómica. El TS anula el inciso del artículo 12.3 que preveía que en las comunicaciones de la administración se usaría el valenciano cuando se trate de «comunidades pertenecientes al mismo ámbito lingüístico» y se redactarían también en castellano «cuando lo solicite la persona interesada».
Al respecto, Marzà ha criticado que «en pleno siglo XXI nos digan en qué lengua debemos hablar tres gobiernos entre nosotros o dejar de usar nuestra lengua de forma destacada y normal».
El conseller ha incidido en que el TS argumenta que la denominación de la lengua en los estatutos de estas autonomías no es la misma «y, por tanto, nos debemos escribir en castellano». «No tienen suficiente con la defunción de la RAE, la AVL, el IEC ni las sentencias del TC», ha reprochado.
Marzà también ha explicado que, como sabían que «podía pasar», la administración envió cartas al gobierno catalán y balear durante la tramitación del decreto consultando sobre la comunicación entre las administraciones, y que tanto el gobierno de Cataluña como el de Baleares aceptaron recibir las comunicaciones de la Generalitat en valenciano.
El titular de Educación también ha subrayado que «las constituciones de España y de Panamá o República Dominicana tienen denominaciones lingüísticas distintas», castellano y español. Así, ironiza: «Estoy seguro de que todos los papeles intercambiados oficialmente para destapar los ‘Panama Papers’ habrán sido traducidos al inglés, ¿verdad?».
Con todo, ha defendido que el hecho de que «una lengua minorizada sea lengua de uso destacado y normal no vulnera el derecho de nadie». De hecho, da respuesta a la obligación emanada por la Carta Europea de Lenguas Minoritarias que el gobierno de España ha firmado y tiene obligación de cumplir», ha añadido.
Por su parte, la Acadèmia Valenciana de la Llengua ha criticado, también a través de redes sociales, que la sentencia «constituye un grave ataque» al valenciano. «Que la relación institucional entre territorios que disfrutan de una lengua compartifa haya de hacerse oblgatoriamente en castellano es un disparate», ha rechazado.
