El PP ha insistido este lunes en la reforma de la ley del indulto para que los condenados por rebelión y sedición –por este último fueron penados los líderes independentistas– no puedan acogerse a esta medida de gracia. En este sentido, ha pedido al Gobierno que asuma el mismo criterio de «reproche social» que tuvo en cuenta en 2016 cuando propuso que los delitos de corrupción y de violencia de género no pudieran acogerse al perdón.
Así lo ha dicho el diputado ‘popular’ Miguel Ángel Jerez en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, para presentar el informe sobre concesión y denegación de indultos relativo a los años 2018 y 2019.
Bueno, que ha recalcado que en ese periodo ha habido «distintos Gobiernos» y otro «en funciones, ha destacado que se han elevado al Consejo de Ministros una cifra media de 2000 expedientes «para impedir que se acumulen», pero que tan sólo se han concedido un total de 56 indultos, lo que representa algo menos del 1 por ciento respecto del total de expedientes resueltos en cada uno de estos años.
En concreto, 9 en los primeros seis meses de 2018; 8, en los seis siguientes de ese mismo año; 39 en el primer semestre de 2019, y ninguno en segundo semestre del año pasado. Asimismo, ha destacado para la resolución de los expedientes también se ha tenido en cuenta la opinión de la víctima y que tan sólo en un caso concedido en 2018 se opuso el perjudicado; mientras que al año siguiente solo 6 se mostraron en contra.
No obstante, para el diputado del PP, que ha cuestionado que se esté «escondiendo» algún caso de indulto entre las categorías explicadas en el informe presentado, algo que también ha criticado la parlamentaria de Vox Patricia de las Heras y que ha sido negado rotundamente por el subsecretario de Justicia, es necesario que se lleve a cabo una reforma de la ley de 1870 que regula el indulto para evitar que los líderes independentistas obtengan el «perdón».
En este sentido, Jerez ha asegurado que si se tuviera en cuenta el «clamor social al rechazo a determinadas conductas» que invocó el PSOE en 2016 para impulsar una reforma de la ley por el «elevado número de casos de corrupción y una gran sensibilidad social relacionada con la violencia de género», hoy en día los delitos de rebelión y sedición son los que menos aceptación tienen.
«Quienes han sido condenados por sedición tiene que saber que atentar contra el orden constitucional tiene un precio, que amenazar la estabilidad del estado de Derecho se paga caro y que romper la convivencia social no tiene clemencia posible en nuestro ordenamiento jurídico», ha dicho el ‘popular’.
RESPUESTA A LOS QUE DICEN «LO VAMOS A VOLVER A HACER»
Ha añadido que la reforma de la ley del indulto tiene que servir como «respuesta a los que dicen ‘lo vamos a volver a hacer'» y que no es una «moneda de cambio para intentar lograr una reconciliación», pues no se trata de un «perdón gratis» sin «arrepentimiento», sin la «admisión de los hechos delictivos, con la renuncia expresa inequívoca a no volver a reincidir».
Así, hacía alusión a los condenados por el ‘procés’ independentista, ya que ha incluido como requisito para indulto la «aceptación del ofendido», que en este caso ha dicho que son «más de dos millones de catalanes que no son independentistas y el resto de millones de españoles que tampoco lo somos».
El subsecretario de Justicia ha respondido que sabe que existen proposiciones de ley presentadas en la Cámara Baja sobre este aspecto, pero que desconoce si hay alguna iniciativa en trámite. Asimismo, ha indicado que no va a valorar la reforma del Código Penal sobre la rebelión y la sedición, ya que no es su competencia, por lo que se ha remitido a lo dicho por el ministro Juan Carlos Campo hasta el momento.
Con todo ello, ha subrayado que todos indultos concedidos en 2018 y 2019, la mayoría por delitos contra la salud pública y el patrimonio, se han hecho tras tramitar el expediente y con una motivación «adecuada». «No hay arbitrariedad», ha resumido Bueno. Así, ha destacado también que no se ha concedido la medida de gracia a condenados por delitos contra la Hacienda Pública y por violencia de género.
Además, ha indicado que en un 98 por ciento de los indultos concedidos en 2018 Y 2019 contaban, al menos, con un informe favorable del tribunal sentenciador o del ministerio fiscal y, en el 69 por ciento de los casos, con ambos. No obstante, ha recalcado que estas valoraciones «no son vinculantes» porque entonces los casos de denegación estarían siendo decididos por el emisor del informe.
NO SE OTORGAN POR «MOTIVOS SANITARIOS»
Asimismo, Bueno se ha dirigido también al portavoz en la Comisión de Justicia de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas, al que le ha recordado que el indulto no se puede otorgar por «motivos sanitarios», ya que supone la «extinción de la responsabilidad penal» y tienen que concurrir las «circunstancias que marcan la ley».
Así respondía a la petición que hacía el también abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, sobre por qué el Gobierno no dictó un real decreto para dejar en libertad a los líderes independentistas en prisión, tal y como instó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para evitar el contagio por coronavirus en presos.
Además, durante su intervención, Cuevillas, que ha destacado el gran descenso de indultos concedidos en los últimos años, ha pedido al Gobierno que no tenga «vergüenza» ni «complejos» por conceder ciertos ‘perdones’ porque «los indultos forman parte de la política punitiva y penitenciaria del Gobierno».
«No se asusten de la opinión pública porque una buena parte de ella les van a criticar hagan lo que hagan y por tanto hagan ustedes lo que creen que deben a hacer sin tener temor a esa opinión pública demasiado intoxicada», ha dicho el de Junts.
La portavoz de Justicia de ERC, Carolina Telechea, que ha celebrado que los últimos indultos a condenados por delitos de corrupción fuera en 2017, también se ha manifestado en el mismo sentido que Cuevillas y ha insistido en la «amnistía» y la «despenalización de los delitos que condena la disidencia política y persigue las ideas políticas».
DISMINUCIÓN DE INDULTOS
Por último, el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte ha hecho hincapié en que existe un «problema» con la ley de 1870 porque, a su juicio, no cumple el «mandato constitucional del deber de la reinserción social». A Uriarte le ha llamado la atención el descenso en el número de indultado, pues ha apuntado que en el año 2000 «se concedieron 1.700 indultos», mientras que en el 2019, «solo hubo 39».
«Algo grave está sucediendo, es un fracaso sistémico. Hay que entrar en el fondo de la problemática», ha indicado. Asimismo, ha señalado que el indulto es una institución «personalizada», es decir que actúa «sobre la persona» y su «capacidad de reinserción» y no sobre «la materia sobre la que ha delinquido».
Ante esto, el subsecretario de Justicia ha destacado que «no hay ni muchos ni pocos indultos». Aún así, ha admitido que «a partir de 2014 hay un descenso notable en cuanto al número de concesión de indulto, pero también un descenso notable de solicitudes».
Por último, ha constatado que las reformas penales han ayudado a que los tribunales puedan hacer una «mejor y más ajustada» aplicación de la norma y por tanto no es necesaria la «alteración de una pena.
