Daniel López Acuña, exepidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha defendido que el estado de alarma en España, con la consecuente limitación de la libertad de movimiento de los ciudadanos, «ha funcionado», consiguiendo reducir los efectos de la pandemia de COVID-19.
«El estado de alarma, con la limitación de movimientos, ha funcionado más allá de los debates políticos. Los datos demuestran que ha servido para frenar la propagación de la pandemia, han evitado un número muy superior de fallecimientos y mayores colapsos en el sistema sanitario», ha argumentado durante su comparecencia en el Grupo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.
A lo largo de su discurso, el científico ha planteado una serie de medidas para «reconstruir mejorando lo que existía antes» el Sistema Nacional de Salud (SNS) que, a su juicio, «ha evidenciado algunos problemas que venía teniendo» por culpa de la pandemia. En primer lugar, ha reclamado «modificaciones en su arquitectura y funcionamiento para reforzar el carácter federativo de sus actividades».
El experto ha criticado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, «no tiene capacidad ejecutiva», por lo que «no puede adoptar decisiones vinculantes». «En condiciones excepcionales, debería contar con la capacidad de acordar decisiones vinculantes a todas las CCAA o al menos con la capacidad de evaluar propuestas a la conferencia de presidentes», ha solicitado, reclamando también mejorar la compra de productos y material sanitario para disponer de una reserva estratégica ante un hipotético rebrote o futuras pandemias.
López Acuña también ha apostado un mejorar la Atención Primaria, que en su opinión debe ser «un pilar fundamental en la reconstrucción del SNS». Si la sanidad española ocupa un destacado lugar a pesar de estar por debajo de la media de inversión europea se debe a la Atención Primaria», ha recordado, lamentando los «recortes» durante la crisis económica iniciada en 2008. En este sentido, ha abogado por continuar con la dispensación de fármacos a domicilio a pacientes crónicos, un mecanismo que ya se ha activado de forma preliminar durante la pandemia para evitar desplazamientos y, en consecuencia, posibles contagios.
De la misma forma, ha apuntado a otra «debilidad estructural» del sistema sanitario español: los servicios de Salud Pública. Dentro de este apartado, ha pedido una «revisión exhaustiva» del ordenamiento jurídico para que, «más allá del estado de alarma», el Gobierno cuente con herramientas «para garantizar la salud de los ciudadanos. También ha instado al Ejecutivo a crear una Agencia Estatal de Salud Pública, algo que también han reclamado otros comparecientes en la Comisión.
El epidemiólogo ha criticado los «recortes, externalizaciones y privatizaciones» que se produjeron durante la crisis, que a su parecer «aumentaron las inequidades y debilitaron la capacidad de respuesta a desafíos como» el coronavirus. «Conviene recordar que el gasto público en sanidad se encuentra por debajo de la media de la UE, se encuentra estancado desde hace varios años. Si algo ha quedado claro durante la pandemia es que gastar en salud no es un gasto, sino una inversión fundamental», ha defendido.
MAYOR IMPORTANCIA DE LA UE Y LA OMS
A nivel europeo e internacional, ha señalado que «hace falta mucha mayor capacidad de acción colectiva por parte de la UE en materias relacionadas con la seguridad sanitaria». «Es algo que tiene que ser revisado. Creo personalmente que en la fase de respuesta inicial de la pandemia se quedó corta, en parte por infravaloración del virus y por excesiva cautela con las soberanías nacionales», ha argumentado.
Por ello, de cara al futuro, considera que tanto la UE como la OMS tienen que producir una «revisión estratégica con instrumentos más acordes con la complejidad de pandemias que no respetan soberanías nacionales ni territorios específicos». «Hay que darle más fuerza al reglamento sanitario internacional, pero esto implica ceder soberanía nacional y no todos los estados miembros están en esa tesitura», ha agregado.
En última instancia, ha advertido de que el virus «no ha desaparecido». «No podemos pensar que por la llegada a la nueva normalidad ya no está ahí, sería tapar el sol con un dedo. No hay que bajar la guardia y estar muy pendientes de potenciales rebrotes que pueden producirse por importación de casos ante la reapertura de fronteras», ha expuesto.
En su opinión, esta vigilancia no pasa, en ningún caso, por hacer test a toda la población: «Eso se cae por sí solo ante una seroprevalencia del 5 por ciento. Sería un desperdicio de recursos que no repercutiría en beneficios». Sin embargo, sí ha reivindicado hacer «tres o cuatro millones» de pruebas a trabajadores en primera línea contra el COVID-19, en residencias y a sospechosos y contactos de casos: «Eso sí tiene todo el sentido del mundo».
