El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes el reparto de 16.000 millones de euros entre las Comunidades Autónomas no reembolsables y destinados a ayudarles a superar la crisis causada por el coronavirus, con un primer fondo de 9.000 millones dedicado a cubrir el gasto sanitario.
El Ministerio de Hacienda ha tratado con las autonomías el reparto de este fondo y ha cambiado su distribución desde la primera propuesta que hizo precisamente a raíz de las conversaciones con los consejeros. La mayoría asegura que no está conforme del todo con el resultado lo que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la prueba de que el reparto «ha sido justo».
Uno de los debates suscitado entre las Comunidades ha sido el peso de la población como criterio de reparto del fondo para gasto sanitario, reivindicado por las autonomías más pobladas como la Valenciana. Hacienda planteó desde el principio este fondo como una manera de ayudar a los territorios más afectados por el coronavirus, por lo que los criterios de reparto no son los del sistema de financiación autonómica sino que los gastos sanitarios por UCIs, PCR realizadas y hospitalización pesan más.
Con el cambio anunciado la semana pasada, estos criterios siguen siendo los más importantes pero el de la población ha pasado a ser algo mayor, lo que ha suavizado las protestas de gobiernos como el andaluz o el gallego al menos en este aspecto. Mañana en cualquier caso se conocerán los porcentajes definitivos.
Inicialemente, el Gobierno planteó un fondo de 10.000 millones para gasto sanitario, otro de mil millones para asuntos sociales y 5.000 millones más para compensar la caída de ingresos. Finalmente, 9.000 millones se destinarán a esos gastos sanitarios, otros 2.000 millones se destinarán a un fondo de educación y se mantendrá el tercer paquete para compensar la recaudación hundida. De esta última parte, 800 millones irán a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.
GASTO SANITARIO, 9.000 MILLONES
En cuanto al fondo para Sanidad, el Gobierno dotará un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35 por ciento, cuando en la propuesta inicial era el 20. Este primer tramo se pagará en julio. Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional pasará del 40 por ciento al 45 por ciento. El resto en ambos casos serán criterios sanitarios y este martes se conocerá su porcentaje definitivo tras el Consejo de Ministros de Ministros.
El fondo para educación será de 2.000 millones y surge de una reorganización de la propuesta inicial. Fuentes autonómicas han explicado que la población de 0-16 años pesará el 80% y el 20 por ciento restante, la de 16 a 24 años. Este fondo se pagará en septiembre y desde el Gobierno no se han precisado más criterios de reparto, salvo que responde a la necesidad de reforzar los centros educativos ante el nuevo curso para afrontarlo con seguridad.
En cuanto al tercer tramo, los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, el Gobierno tiene previsto transferirlos en diciembre. La decisión final el reparto de este fondo se tomará en el Consejo Superior para la Coordinación y Dirección de la Gestión Tributaria, compartido por el Gobierno y las CCAA, además de Ceuta y Melilla.
LAS CCAA, A LA ESPERA DE DATOS
Varias Comunidades han criticado que esta medida no se haya debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, censuraba este lunes en un encuentro digital de Europa Press que el Ministerio de Hacienda no haya convocado este órgano para afrontar el reparto con todas las autonomías, que están a la espera de conocer la cifra completa de lo que les corresponde por los tres fondos previstos.
Las críticas o consensos han procedido de gobiernos de distinto signo político. Los socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón) consideran «injusto» el último reparto anunciado, una crítica compartida por Castilla y León, comunidades que han tenido porcentualmente más impacto por el coronavirus y han tenido que «dejarse la piel» mucho más que otras regiones en gasto de material y personal, en palabras de Page.
«Creemos que es de justicia que se mantenga en el primer cupo de reparto como mínimo lo que estaba establecido en función del gasto. Otra cosa será ver el descenso de los ingresos, que será diferente», ha asegurado el dirigente castellano-manchego.
