La consejera vasca de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha notificado este miércoles al Ministerio de Agricultura un requerimiento para que anule, revoque o derogue la orden por la que se modifican los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, así como la resolución que modifica el Pliego de Condiciones de esta DOCa, al considerar que se trata de modificaciones «restrictivas desde el punto de vista de la competencia».
El Gobierno Vasco aprobó en el Consejo de Gobierno de la semana pasada formular este requerimiento al Ministerio, autorizando, en caso de que fuera rechazada la demanda, la interposición de los recursos contencioso-administrativos correspondientes, según ha recordado el propio Ejecutivo en un comunicado.
El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que ambas disposiciones son contrarias a derecho y establecen una exclusividad en la producción de las viñas inscritas en la DOCa Rioja, lo que conlleva «la obligación de destinar toda la uva obtenida en viñedos inscritos en el Registro de Viñas de la DOCa Rioja exclusivamente a la elaboración de vinos protegidos».
La formulación del requerimiento está basada en el informe elaborado por el Servicio Jurídico central del Gobierno, adscrito al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, a instancias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.
En este escrito se demanda que se anulen, deroguen o revoquen la orden APA/566/2023, de 1 de junio, por la que se modifican los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja; y la Resolución de la Dirección General de la Industria Alimentaria por la que se aprueba la modificación del pliego de condiciones de la Denominación Rioja.
El Gobierno Vasco entiende que con estas modificaciones «se impide que los diferentes operadores o productores del sector puedan destinar parte de la uva producida en sus viñedos a nuevas denominaciones de origen o a vinos producidos al margen de la Denominación Rioja».
El Servicio Jurídico central del Gobierno Vasco entiende que, de esta manera, «se ponen trabas a los asociados que pretendan destinar su uva a la elaboración y comercialización de otros vinos al margen de la Denominación Rioja«.
El Gobierno autonómico entiende que se trata de «una medida restrictiva desde el punto de vista de la competencia» y que «perjudica al sector». Además, considera que los cambios introducidos en la DOCa «suponen un límite al derecho de libertad de empresa, ya que se obliga a los viticultores (que se dedican al cultivo de la vid) a destinar su vino exclusivamente a la Denominación Rioja».
El Gobierno Vasco ha argumentado que «de este modo salen perjudicados los viticultores y las pequeñas bodegas titulares de viñedos, mientras que los vinicultores o productores de vino, tienen más opciones».
El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que esto supone «una discriminación entre viticultores y vinicultores», ya que «a los primeros se les obliga a que su uva sea producida para destinarla solo a DOCa Rioja, mientras que las corporaciones vinícolas, especialmente las grandes, pueden operar en distintas denominaciones de origen».
El Gobierno Vasco también ha autorizado a su Servicio Jurídico Central que interponga los recursos contencioso-administrativos correspondientes en el caso de que el requerimiento sea rechazado por el Ministerio.
