La Fundación LLull, integrada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Obra Cultural (OC) y Obra Cultural Balear (OCB), ha dicho que se encuentra «preocupado» por lo que han considerado es la «regresión centralista del estado», al hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que no permite a administraciones valenciana, catalana y balear poder comunicarse en catalán.
Según ha informado Fundació Llull este lunes en nota de prensa, el TS concluye en su sentencia a los recursos contra el decreto 61/2017, de Usos Institucionales y Administrativos las Lenguas Oficiales de la Administración de la Generalitat, aprobado por el Consell de la Generalitat Valenciana en 2017, que este vulnera el artículo 15.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este sentido, el TS considera que la Generalitat Valenciana se extralimita en sus competencias, debido a que no puede regular cuál es la lengua de la administración, puesto que, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución, la organización de la administración corresponde solo al Estado.
En la práctica, ha explicado la Fundació Llull, el pronunciamiento del Supremo es «muy grave» porque, ha querido detallar, «restringe el autogobierno, impidiendo cualquier avance en el fin de la igualdad lingüística»; en segundo, «niega al valenciano su carácter de lengua propia y la subordina al castellano»; y, en tercer y último, porque «el decreto simplemente recoge un hecho que ya permite la norma estatal –según la cual, si los documentos han de tener efecto en otra comunidad autónoma que tiene la misma lengua, no es necesario traducirlos al castellano–, al amparo de un defecto de técnica jurídica anula la norma autonómica».
Frente a esta sentencia, la Fundació Llull ha considerado que es el momento de adoptar el segundo ‘Acord del Botànic’ y aprobar una nueva Ley de Igualdad Lingüística.
Además, en el mismo sentido, ha apuntado que es «imprescindible» la entrada del Govern de la Generalitat en el Institut Ramon Llull, «como instrumento al servicio de la colaboración entre gobiernos de territorios del mismo ámbito lingüístico, para la promoción de la lengua y la cultura propia»; así como la ejecución del acuerdo de las Cortes Valencianas que aprobó la reciprocidad de las emisiones de TV3, IB3 y À Punt.
ARA MALLORCA LLAMA AL GOVERN A NO ACATAR ESTA SENTENCIA «ABSURDA»
Por su parte, la organización política Ara Mallorca ha hecho un llamamiento al Govern balear a que no acate esta sentencia, que han calificado de «absurda».
En esta línea, ha opinado, «esta sentencia tiene un claro objetivo político y que no es, para nada, algo aislado». «Es, de hecho, otra maniobra del Estado español enmarcada en el divide y vencerás», ha criticado.
Con todo, ha reiterado su llamamiento al Govern balear a no acatar la sentencia y a desobedecer «cualquier imposición lingüística o judicial que atente contra la lengua catalana».
