El Tribunal de Cuentas ha solicitado a la exalcaldesa de Móstoles y portavoz del PSOE en la localidad, Noelia Posse, y a otros siete ediles de su anterior equipo de gobierno que depositen 667.000 euros de manera solidaria por el caso ITV para evitar el embargo de bienes, han informado fuentes jurídicas.
Posse y su equipo estaban citados ayer ante este tribunal por las «presuntas irregularidades contables» en el marco de este procedimiento para «la práctica de la liquidación provisional» hasta que haya un juicio.
En el informe, la delegada instructora concluyó que había un alcance patrimonial de 555.162 euros de principal, más 111.969 de intereses que imputaba al impago de los cánones de la concesionaria ITV Móstoles en los años 2015 y 2018.
De ello, responsabiliza a los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron el acuerdo de 20 de octubre de 2020 denunciado por el interventor municipal.
La delegada instructora ha dado diez días a los investigados para que depositen la citada cantidad. De lo contrario, se procederá al embargo de sus bienes de forma provisional.
En la citación, el órgano fiscalizador señalaba que tras ponerse de manifiesto por la Intervención del Ayuntamiento «la presunta falta de recaudación por el citado ayuntamiento de ciertos cánones adeudados por la mercantil ITV Móstoles», citaba a la entonces regidora y los ediles para que comparecieran en el Tribunal de Cuentas.
Desde el PSOE anuncian que estudiarán recurrir esta liquidación provisional al estar en contra de la versión del Tribunal de Cuentas porque consideran que «no se ajusta a la verdad» y no responde a la realidad, sino a «una interpretación politizada, parcial y orientada de expediente«.
Afirman que no es cierto que «ese perjuicio contable se hubiese causado al Ayuntamiento por cuanto el acuerdo de octubre de 2020 quedó suspendido y no desplegó sus efectos jurídicos como se acredita en los informes del Ayuntamiento».
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez que instruyó el denominado caso ITV que procediera a procesar a Noelia Posse, y a siete ediles de la anterior Junta de Gobierno al considerar que no se podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.
En la argumentación, aludía al «perjuicio causado a las arcas públicas del Ayuntamiento de Móstoles resulta obvio, al menos, partiendo de la simple comparación entre las condiciones iniciales del contrato de concesión demanial de fecha 6 de junio de 2011 con la mercantil querellada IRV Móstoles S.L.2».
Según el auto, «el canon inicial de 133.000 euros que según previsiones del pliego alcanzaba en el año 2020 la suma de 147.653, 59 euros , -del que solo se hizo efectivo el canon correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012, y parcialmente el del año 2013-, con las condiciones aprobados en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 20 de octubre de 2020, esto es, quita del 50% de la deuda cuantificado en 615.000 euros, fraccionamiento del resto de la deuda a 30 años sin intereses ni garantías, y, reducción del canon anual a 60.000 euros anuales«.
