El Colectivo Nacional de Campamentos de Verano alerta de que el 40% de las empresas organizadoras de campamentos no abrirán sus puertas este año, y de estas, cerca del 60% están abocadas a un cierre definitivo. «A día de hoy, la situación es alarmante», lamenta el colectivo.
Según indica, las pérdidas acumuladas hasta junio rondan el 70% de la facturación anual y, en el mejor de los casos, la mayoría de las empresas solo podrán hacer campamentos con la mitad de sus aforos. Asimismo, el colectivo calcula que la situación afectará a 110.000 puestos de trabajo directos.
«El impacto de nuestros campamentos sobre poblaciones pequeñas de la España Vaciada es inmenso, hay miles de familias que obtienen una importantísima cantidad de sus ingresos de nuestra presencia en los pueblos, así como el comercio local y los distintos proveedores con los que trabajamos», subraya José Manuel Fernández, portavoz de este colectivo que agrupa a empresas, asociaciones, instalaciones y albergues que desarrollan proyectos de ocio y tiempo libre en el medio natural y urbano.
Tal y como recuerda el colectivo, a finales de abril lanzaron un manifiesto con la intención de ayudar al Gobierno a afrontar la tarea de regular cómo serían este verano los campamentos para los niños. Así, durante este periodo, el colectivo destaca que ha estado trabajando para buscar ese consenso con el objetivo de tratar de crear un marco regulador único para evitar 17 modelos de campamento ante la crisis del COVID-19.
Pero, según advierten, «la situación actual es muy diferente a lo esperado». «A día de hoy, no sólo no hemos conseguido hacer un protocolo claro y único para saber cómo debemos trabajar, es que a penas cuatro comunidades han sacado algún documento que nos ayude a saber las condiciones en las que debemos hacerlo», relata Fernández, quien alerta de que quedan únicamente 15 días para abrir la temporada.
«Nos han dicho que cada entidad debe hacer su propio protocolo de medidas y presentarlo a la autoridad sanitaria que nos corresponda, algo que nos parece inaudito y desconcertante, ya que nosotros hacemos campamentos, no somos técnicos en sanidad», se queja Fernández.
Aun así, el colectivo creó un primer protocolo el pasado 12 de mayo con medidas para que sirvieran de guía para las autoridades, pero que «han sido ignoradas en numerosas ocasiones», según indica su portavoz.
Por todo ello, el colectivo considera que «ha llegado el momento de reunirse con el Gobierno» y de estudiar medidas de apoyo a «un sector que tiene un impacto trasversal en la sociedad» y, por tanto, solicitan de manera urgente establecer puntos de encuentro con las instituciones para estudiar dichas medidas.
