La investidura de Pedro Sánchez como presidente va a resultar, a priori, mucho más complicada que la de 2019, ya que necesitará la abstención de Junts, el partido independentista de Carles Puigdemont, en segunda ronda, en la que basta la mayoría simple, es decir más votos a favor que en contra. Junts pedirá cuestiones que el Gobierno no está dispuesto a cumplir –es imposible desde el punto de vista legal- como la celebración de un referéndum de independencia. Esto desde el punto de vista político, ya que desde el ámbito de competencias y dinero, transferencias y financiación autonómica.
Las cuentas no le dan a Pedro Sánchez. Los socialistas no contaban en la ecuación con Junts, pero ahora van a tener que remangarse porque necesitan el voto favorable de Esquerra Republicana de Catalunya, que se abstuvo en 2019, y ahora elevará el precio, transferencia de Rodalies, entre ellas.” Seremos decisivos en Madrid, y todo el mundo sabe que Junts marcará la diferencia. Tenemos la oportunidad de cambiarlo todo”, decía el programa con el que esta formación se presentó a las elecciones. Junts dice que no sé cuente con ellos de cara a España, en referencia a la investidura y la gobernabilidad, lo cual anticipa que para que cambien de opinión tendrá que haber concesiones.
En lo político no se lo pondrán nada fácil y el reféréndum sobrevuela siempre. “El deseo de autodeterminación del pueblo de Cataluña, expresado de forma mayoritaria en múltiples ocasiones desde 2010, no emana exclusivamente en elementos como la lengua, la cultura, la historia o las tradiciones, que son suficientemente relevantes, sino que se convierte en transversal en la sociedad catalana y trasciende la cuestión identitaria debido al abuso fiscal y económico constante por parte del estado y el menosprecio de éste a las necesidades y aspiraciones de desarrollo, prosperidad, bienestar y reconocimiento de los catalanes. A modo de recordatorio y sin pretensión de exhaustividad ni de ánimo historicista exponemos a continuación algunos de los agravios acumulados en los últimos 10-15 años”.
Junts reclama el traspaso de infraestructuras, el pago de la deuda con Catalunya y extender el derecho de sufragio a los 16 años. El programa electoral de Junts per Catalunya también incluye medidas como modificar el sistema de financiación de la Generalitat, establecer un salario mínimo catalán de 1319 euros y reclamar la oficialidad de la lengua catalana en la Unión Europea.
En el programa, en el ámbito de derechos y libertades, Junts per Catalunya propone denunciar «la represión judicial, la parcialidad y la politización de ya Justicia y la Fiscalía o el incumplimiento del Estado español de las resoluciones de los diferentes organismos internacionales». Por otra parte, plantea hacer una reforma de los delitos de malversación y desórdenes públicos y de varias leyes: la ley de memoria democrática, la ley de secretos oficiales, la ley mordaza, la ley de amnistía, la ley del CGPJ, entre otros. También propone extender el derecho de sufragio de los 18 a los 16 años.
En el ámbito económico, Nogueras quiere modificar el sistema de financiación de la Generalitat con el fin de «compensarla por la insuficiencia de recursos» recibidos en los últimos 9 años, y para incorporar el «coste de la vida» en el cálculo de las necesidades de recursos de cada territorio. Por otra parte, reclama al Estado que invierta en Catalunya «en función del peso del PIB catalán respecto del PIB del Estado», y que en caso de que no ejecute las inversiones presupuestadas, establezca «compensaciones». En este sentido, exige «el pago inmediato de la deuda que mantiene con la Generalitat de 759 millones de euros».
Por otra parte, Junts propone establecer un salario mínimo catalán de 1319 euros y conseguir la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para integrarlo con la Renda Garantida de Ciutadania. A escala sectorial plantea una nueva Ley de aguas que permita a la Generalitat la gestión integral de todas las cuencas de Catalunya, conseguir una regionalización efectiva de los fondos de la política agraria común (PAC 2021-2027) y recuperar competencias exclusivas en materia de comercio o de industria. En cuanto a la política fiscal, Junts reclama la titularidad de todos los impuestos soportados en Catalunya y la gestión de estos. Mientras tanto, propone reducir la presión fiscal sobre las empresas catalanas, incrementar las deducciones por maternidad en el IRPF, reformar la tributación de los autónomos, introducir la tasa digital para las grandes empresas tecnológicas, bajar el IVA de los productos alimenticios, de los servicios funerarios, de la cultura o de servicios como la peluquería.
Por su parte, ERC propone negociar un referéndum de autodeterminación, despenalizar las injurias a la Corona y suprimir el Senado. El programa electoral de ERC también promete un nuevo sistema de financiación para Cataluña, suprimir los ministerios de educación o sanidad, reclamar el traspaso de competencias en materia de vivienda y cultura y aprobar una Ley de lenguas.
En el caso de Bildu, la situación es algo más sencilla para el PSOE porque Bildu no gobierna en el País Vasco, que está en manos del PNV, pero, lógicamente subirá el precio del apoyo. Otra cuestión es la factura que le puede pasar al Partido Socialista en las urnas en unas nuevas elecciones generales, que es un escenario posible, a la vista de los apoyos que necesitará Pedro Sánchez.
