El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado opinar sobre el cierre del caso conocido como ‘8-M’ porque «todos los archivos son provisionales, por lo tanto no hay noticia». Tampoco ha querido pronunciarse sobre la investigación de la Fiscalía del Supremo al Rey Juan Carlos I, pero ha añadido que en cualquier caso lo que puede hacer el Gobierno es «colaborar con la Justicia».
Así ha respondido Sánchez a las preguntas realizada por varios medios de comunicación en la rueda de prensa que ha ofrecido este domingo desde el Palacio de La Moncloa, una vez ha concluido la Conferencia de Presidentes que celebra cada semana desde que se inició el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
Evidentemente todos los archivos son provisionales, por lo tanto no hay noticia en esta cuestión que se plantea«, ha dicho el líder del Ejecutivo, al ser preguntado por la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, de archivar la investigación abierta por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos al estado de alarma, entre ellas el 8-M.
En este sentido, Sánchez también ha sido cuestionado por la posibilidad de que la Audiencia Provincial de Madrid pueda ordenar la reapertura de la causa y si considera que la responsabilidad política ha quedado extinguida. También, sobre si cree que él o algún miembro del Gobierno pueda ser llamado a declarar al igual que ha ocurrido en Italia, donde la Fiscalía ha interrogado como testigo al primer ministro italiano, Giuseppe Conte.
Ante estas preguntas, el líder del Ejecutivo ha insistido en que el Gobierno «respeta» las resoluciones judiciales y «colabora de la Justicia, como no pude ser de otra manera».
La juez Rodríguez-Medel afirmó en su auto de sobreseimiento provisional que cerraba la investigación contra el delegado del Gobierno porque no ha podido comprobarse que entre el 5 y el 14 de marzo tuviera «un conocimiento cierto, técnico y fundado sobre que el hecho de que no mantener la distancia social incidía en el riesgo de contagio del COVID-19». No obstante, advirtió que «si este conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias no es objeto de este procedimiento».
Cabe recordar que el particular que presentó la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, interpuso otra ante el Tribunal Supremo contra Sánchez –donde es aforado por su condición de presidente del Gobierno– por estos mismos hechos. El alto tribunal aún tiene que pronunciarse sobre si admite a trámite este escrito o directamente acuerda archivarlo.
INVESTIGACIÓN POR EL AVE A LA MECA
Por otro lado, Sánchez también ha eludido dar su valoración acerca de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya abierto una investigación para dilucidar el papel del Rey emérito en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca y se ha limitado a dar una respuesta similar a la anterior: «Lo que podemos hacer es colaborar con la Justicia y nada más que añadir», ha contestado.
La Fiscalía General del Estado informó el pasado 8 de junio que encomendaba a la Fiscalía del alto tribunal la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrpución para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el rey Juan Carlos por estos contratos.
La investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
