La justicia ha marcado un importante precedente en la relación entre el Gobierno y las empresas farmacéuticas. Después de más de cuatro años, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, adscrito a la Audiencia Nacional, ha dado la razón al Consejo de Transparencia y al medio de comunicación Civio al desestimar dos recursos que compartían un mismo fin: no hacer públicos los precios reales que ha pagado el Ministerio de Sanidad a la farmacéutica Novartis por adquirir tratamientos de Luxtorna, un medicamento contra la ceguera que tiene uno de los precios más caros de este sector. Para ello, la administración sanitaria, dirigida entonces por Salvador Illa, negó en dos ocasiones las peticiones de información de Civio y posteriormente utilizó a la Abogacía del Estado cuando el Consejo de Transparencia dio la razón al medio de comunicación.
Se trata de un proceso que comenzó en 2019 cuando Civio, apoyándose en la Ley de Transparencia, solicita al Ministerio de Sanidad tener acceso al documento que refleja el precio real que pagó el Estado a Novartis por el medicamento Luxorta. Después de varías negativas desde la administración, el medio reclamó la respuesta al Consejo de Transparencia, quien dio la razón a Civio y volvió a reclamar esta información a Illa. La respuesta del Ministerio de Sanidad esta vez fue más dura: interpuso un recurso judicial contra la reclamación de un órgano público e independiente, cuya función es velar por la transparencia de la actividad pública. Junto al Ministerios de Illa, la farmacéutica Novartis también interpuso su propio recurso, apoyándose ambos en el mismo argumento.
La defensa de Sanidad y de la empresa de medicamentos para no hacer pública una información, que el Consejo de Transparencia sí considero que lo era, fue basarse en el artículo 97 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ambos organismos aluden que hacer pública esta información «puede afectar al mercado y a la competencia» y que el apartado 97 de la norma establece un régimen específico de acceso a la información -por tratarse de productos sanitarios- por lo que no se aplicaría la Ley de Transparencia.
La justicia lleva la contraria a Sanidad y a Novartis y marca un precedente en el acceso a la información sanitaria
Después de cuatro años, la petición de información periodística llega a los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, donde la justicia toma una decisión que según Angela Bernardo, Subdirectora de Cívio, supone «un precedente muy importante». Estos juzgados han publicado una sentencia en la que desestiman los recursos de los dos organismos y, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Sanidad por no publicar sus negociaciones con Novartis, la justicia considera que si bien al artículo 97 se acogen los procesos previos de negociación entre adjudicador y adjudicatario, los precios reales por los que se hace la compra final no entran dentro de este parámetro y sí resultan ser información pública.
Tras dar a conocer la sentencia, la subdirectora del medio de comunicación ha afirmado a Moncloa.com que «el Ministerio de Sanidad está muy alineado con el interés de la farmacéutica», sin entender «cómo puede ser malo para el interés público» que el precio real de los medicamentos sea público. Sin embargo, también cree que esta sentencia «puede ayudar a los otros dos casos» en los que también está personado Cívio, sobre la publicación de los precios reales de los medicamentos Zolgensma y Yescarta.
Novartis recurrirá la sentencia, mientras que el Ministerio de Sanidad aun no se ha posicionado
Civio ha asegurado que aunque «sea una buena noticia», no es una sentencia en firme y que Novartis ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. Desde el punto de vista Francisco Lavale, experto en derecho sanitario y contratación pública, considera esta posición judicial como una «excelente noticia» y a la vez le «resulta llamativo» que «Sanidad mantenga un criterio contrario a la Ley de Transparencia». Además, el experto asegura que «el colmo sería que Sanidad recurriera la sentencia ante el Tribunal Supremo».
Asimismo, Lavale señala en la misma línea de Ángela Bernardo y apunta a que «no hay justificación posible para que sepamos lo que cuesta un TAC, una bata de quirófano o un bisturí eléctrico pero no se pueda saber lo que cuestan muchos de los fármacos que financia la sanidad pública». Por su parte, la subdirectora de Civio aseguró que «los precios de los medicamentos son cada vez más caros» y que el dinero que invierte el Estado en comprar medicamentos a las farmacéuticas debe «formar parte del debate público».
