El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que, bajo su punto de vista, solo debe haber movilidad entre territorios en igual situación epidemiológica, al tiempo que se ha preguntado qué ocurrirá con aquellas zonas del país, como Madrid y Barcelona, que están todavía más afectadas por la pandemia y en fases más atrasadas de la desescalada una vez que se levante la alarma, que restringe los movimientos.
«Yo quiero que la gente venga a Galicia y dar la bienvenida a quienes vengan. Que se entienda bien, pero levantar el estado de alarma no significa que puedan venir personas que no están en su territorio en la misma situación epidemiológica. Esto es perfectamente entendible y compatible con la hospitalidad que quiere ofrecer Galicia», ha esgrimido, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.
Feijóo ha añadido que también cuando se abran los aeropuertos en España, a partir del 1 de julio, pedirá que se aplique el mismo criterio y puedan venir visitantes de países «en igual situación epidemiológica que España», no en peores condiciones. De lo contrario, ha advertido que se podría caer otra vez «en un grave problema sanitario».
El presidente gallego, quien «comprendió perfectamente» la decisión de Asturias, ha sido preguntado acerca de si ha hablado con Castilla y León para ver si podría haber movilidad, una vez que esta comunidad ha pasado a fase 3, a lo que ha respondido que, de acuerdo con las «instrucciones verbales» que el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, dio el pasado domingo no se darían las condiciones.
Nos dijo que aquellas comunidades en fase 3, siempre si se levantaba el estado de alarma, podían tener comunicación entre sí, si se solicitaba al Gobierno de España», ha explicado, antes de añadir que Castilla y León tendría que activar el levantamiento del estado de alarma para que se pudiese reactivar el flujo entre ambas comunidades.
ADECUAR LA LEGISLACIÓN SANITARIA
Una vez que Galicia entrará ya el lunes en la nueva normalidad, preguntado acerca de si el tendría competencias para cerrar determinadas zonas o ayuntamientos de la Comunidad si fuese posible, ha esgrimido que el real decreto estatal que regula la nueva normalidad no lo concreta.
Pero ha esgrimido que él sí tiene competencias para «cerrar establecimientos de cualquier naturaleza» e insistirá en la videoconferencia de presidentes del domingo en que es preciso clarificar qué criterios se van a usar si en el futuro es preciso cerrar municipios, provincias o incluso comunidades.
«Seguro que coincidiremos en que es necesario adecuar la legislación sanitaria para que se pueda reducir la legislación sanitaria en caso de rebrotes», ha dicho el presidente gallego, antes de insistir en que tampoco se sabe «qué va a ocurrir» con zonas como Madrid o Barcelona, que siguen más afectadas por la pandemia, cuando se levante la alarma.
Y es que, según ha remarcado, la decisión de que Galicia entre antes en nueva normalidad no significa «abrirla a comuniades que estén en una situación peor, sino igual». «Sigamos siendo responsables y sigámonos cuidando», ha dicho, antes de esgrimir que esta reflexión es aplicable al flujo entre distintos países.
¿UN PROYECTO PILOTO TURÍSTICO?
Con respecto a ese control que se podrá hacer una vez que se reabran los aeropuertos y a distintas medidas que se podrían adoptar como el «pasaporte COVID», ha explicado que el Gobierno central ha argumentado que son cuestiones que se están negociando, en el ámbito europeo, entre los países miembros de la UE.
En este punto, también ha descartado acometer un proyecto piloto turístico como el de Baleares y ha esgrimido que cualquier proyecto en el ámbito aeroportuario tiene que estar «tutelado por el Gobierno». «Necesitaríamos la cobertura de la Administración estatal», ha apostillado.
FEIJÓO DEFIENDE LA PROFESIONALIDAD DE LOS CARGOS DE LA XUNTA POR LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes la «meticulosidad y la profesionalidad» de los altos cargos contra los que familiares de usuarios del centro DomusVi de Cangas (Pontevedra) presentaron una querella por la gestión de la pandemia del coronavirus.
En concreto, la denuncia penal fue registrada este jueves ante los juzgados de Cangas por dos familias que acusan a la CEO de DomusVi en España, Josefina Fernández; a la directora de la residencia, Laura Cancelo; a la jefa de Inspección de residencias de la Xunta, Berta Besada; y al director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa, de supuestos delitos de homicidio, lesiones, abandono de incapaces y omisión del deber de socorro.
Y es que en dicho centro contrajeron la COVID-19 más de una centena de usuarios, lo que motivó que fuese intervenido por la Consellería de Política Social, y en torno a una veintena fallecieron en su interior. No obstante, según informan fuentes judiciales a Europa Press, todavía no hay ninguna decisión por parte del juzgado sobre la admisión a trámite de esta querella.
Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, Feijóo ha respondido que «desconoce» que se haya presentado esta denuncia, pero sí ha elogiado la «meticulosidad y la profesionalidad de los empleados públicos» aludidos.
«Me sorprende que se pueda presentar una querella contra profesionales que estuvieron trabajando durante la pandemia, por cierto, con resultados globales francamente buenos», ha añadido. Para apoyar esta postura, se ha remitido a «cualquier comparación que se pueda hacer» con respecto a las áreas de mayores «de cualquier lugar de España».
Asimismo, el presidente de la Xunta ha dicho «lamentar que se produzcan este tipo de actuaciones», en caso de que estas denuncias «se presenten».
PABLO IGLESIAS «SE DESENTENDIÓ»
Por otra parte, Feijóo ha calificado de «especialmente incomprensible» que el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno central, Pablo Iglesias, «se desentendiese» de la gestión de los geriátricos a pesar de la activación del estado de alarma «y con un mando único» vigente.
«En plena pandemia, con un estado de alarma y con un mando único, no se recibió ninguna instrucción sobre las residencias», ha asegurado, en la línea de la postura defendida por el Partido Popular.
Además, ha tachado de «incomprensible» que en España «no se sepa» el número total de fallecidos dentro de los centros de la tercera edad como consecuencia de la pandemia «a pesar de que todas las comunidades» notifican estos decesos.
En Galicia, de las 619 víctimas diagnosticadas con COVID-19, 132 fallecieron en el interior de las residencias de la tercera edad. A estas hay que sumar otras 142 personas que, a pesar de haber muerto en hospitales y residencias integradas, eran usuarias de centros geriátricos.
