La Presidencia del Consejo Europeo ha pillado mal de tiempo al ministerio de Irene Montero. A pesar de que se trate de una cita que estaba prevista desde hace más de dos años, Igualdad no ha cumplido con los plazos necesarios y ha terminado utilizando la herramienta de «tramite de urgencia» para contratar a la empresa que se encargue de la organización de los tres eventos dependientes de este ministerio. La institución de Irene Montero, además de justificar este método por «interés público», también le ha dado «a dedo» los tres actos a una misma empresa a la que la mesa de contratación le ha pedido explicaciones por la anormalidad del bajo precio de su oferta.
Las administraciones como el Ministerio de Igualdad deben cogerse a la Ley de Contratación del Sector Público para poder contratar obras o servicios a empresas privadas para llevar a cabo funciones para las que no tienen medios. En este sentido, el proceso «normal» se basa en que la institución abra un expediente de licitación, con un presupuesto estimado, para que las empresas privadas hagan sus ofertas de servicio. Posteriormente, se elige a la empresa seleccionada por unos parámetros ligados al precio más bajo y a la calidad de lo ofertado. Sin embargo, pueden existir sospechas por parte de la mesa de contratación de «anomalías» en cuanto al bajo nivel de los precios o de los costes, lo que catalogan como «presunción de anormalidad».
Esto es lo que ha ocurrido en el contrato del ministerio de Irene Montero para la Presidencia del Consejo Europeo. La empresa La Tropa Produce SLL ha sido la beneficiaria del acuerdo al completo y se ha llevado los tres eventos por «tramitación de urgencia». El órgano de contratación vio anormalidades en el bajo precio que esta sociedad podía ofertar el evento «Personas afrodescendientes en la Unión Europea: Reconocimiento, justicia y desarrollo», ya que decía que podía hacer este trabajo bajando el coste hasta un 27,3% del precio previsto. Por su parte, La Tropa Produce da un argumento que, finalmente, la Mesa acepta a pesar de no corresponder con lo establecido por la Ley de Contratación.
El órgano de contratación da por bueno que los sueldos estén por debajo del convenio
La empresa que se lleva los tres eventos del ministerio de Igualdad justificó esta bajada anormal de su oferta basándose en el tipo de sociedad. La Tropa Produce asegura que ser una Sociedad Limitada Laboral «permite cubrir los gastos de personal del contrato con socios trabajadores de la empresa», por lo que estos socios cubrirán puestos de responsabilidad con salarios inferiores a los marcados por el convenio, ya que » su remuneración, más allá del sueldo, proviene además del reparto de beneficios de una sociedad como la nuestra”. Una justificación que el órgano de contratación da por bueno, a pesar de ser explícitos en que esos cargos de responsabilidad tendrán un sueldo inferior al establecido.
Al analizar este contrato, el abogado especializado en contratación pública Francisco Lávale considera que es erróneo dar por buena la justificación de la Tropa Produce, ya que asegura que la empresa viene a decir que «los trabajadores podrían estar cobrando cantidades inferiores a las establecidas en convenio porque también cobran de los beneficios de la empresa». Sin embargo, el experto asegura que en esta situación «los beneficios son inciertos» ya que «puede haberlos o no y si es que llega a haberlos no se sabe su cuantía» por que «no pueden ser considerados salario. El salario debe ser el establecido por convenio, porque la Ley 9/2017 lo exige».
La empresa «disfraza el salario como beneficio futuro»
El órgano de contratación lo deja claro: considera que esta anormalidad de la oferta está justificada y da por buena la adjudicación «a dedo» de un contrato que admite que ofrece «unos costes salariales menores». En este sentido, la empresa asegura que «sus salarios pueden ser más moderados que los de posibles competidores» aunque «muchos se traten de puestos de alta responsabilidad». En este sentido, Francisco Lávale asegura que esta justificación del bajo precio de su oferta supone que «están disfrazando un coste (salario) como beneficio futuro para conseguir así quedarse con el contrato».
Así, la aceptación de esta justificación como válida para adjudicar este contrato, se suma al hecho de que el ministerio de Igualdad creó esta licitación por el trámite de urgencia por la falta de previsión de estos eventos. Todo ello supone la ejecución de un contrato que no solo se lleva a cabo por un método que no corresponde con el tiempo con el que contaban para prepararlo, es decir, dos años, sino que también destaca cómo el órgano de contratación da por buena una justificación de la empresa que se agarra a la forma de su sociedad para no incluir los sueldos correspondientes al convenio como parte del coste de la oferta.
