Nadia Calviño da a conocer los resultados tras días tensos en el Ministerio de Transportes. Las reuniones de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez (PSC), con los taxistas, sin Uber ni Cabify al no ser plataformas de transportes, durante la última semana han tenido como fruto un nuevo decreto que tumba la libertad de movimientos de las plataformas de licencias de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify.
«Tanto Uber y Cabify se han sentado con el Ejecutivo, pero después de que el propio Gobierno haya llegado a un pacto con los taxistas», han señalado las fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por MONCLOA. El decreto permite, por otro lado, aunar los criterios de todas las VTC, incluso las «licencias dormidas» -compradas pero no utilizadas y que son fuente de una fuerte especulación en el mercado secundario, donde el valor supera los 40.000 euros frente a los 36 euros que costó cada una de ellas-.
«Las licencias de VTC dormidas tendrán un plazo de cuatro meses para activarse, en caso contrario perderán su vigor y por tanto serán anuladas», han explicado las mismas fuentes. Asimismo, el decreto es retroactivo y afecta también a las miles de licencias judicializadas y que están a la espera aún de una sentencia judicial.
EL DECRETO PONE CONTRA LAS CUERDAS A CABIFY
Con esta normativa, el sector del taxi no sólo consigue fintar la sentencia del TJUE. «Concentra todas las licencias de España bajo criterios medioambientales», señala. Eso sí, se trata de un decreto y como tal puede modificarse. En este sentido, las mismas fuentes advierten que un cambio de Gobierno, como podría ocurrir el próximo 23 de julio, puede volver a poner al sector en la casilla de salida. En el PP abogan por una liberalización, equiparando a taxistas con VTC, pese a que éstos últimos pueden modificar las tarifas, mientras que los primeros se deben al precio regulado en el taxímetro.
De nuevo, el taxi vuelve a encontrar al PSC como su principal aliado, como ocurriera en Cataluña y su último decreto, que impone la medida de los 4,9 metros a los nuevos vehículos VTC. El Gobierno, no obstante, ha ido más allá y condiciona la licitación de licencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, conocida el pasado 8 de junio, a nuevas exigencias y requisitos, pero esta vez medioambientales. Al mismo tiempo, ha blindado al sector del taxi al considerarlo «un servicio de interés público».
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, ha sido la encargada de exponer esta nueva amenaza a las plataformas VTC, como Cabify y Uber, en España. Entre otras, ha blindado al sector del taxi al declararlo como un servicio necesario, en contra de lo estipulado por Bruselas. Asimismo, el golpe vendrá a la hora de pedir licencias, ya que las nuevas solicitudes vendrán consigo con unos duros requisitos.
CALVIÑO BLINDA AL TAXI TRAS SU APOYO AL PSC EN LAS PASADAS MUNICIPALES
La medida está incluida en un decreto aprobado por el Gobierno para incluir una batería de otras reglas, pese a que el Tribunal Constitucional avisara al Gobierno de la imposibilidad de mezclar materias. Y es que, el Ejecutivo ha mezclado bajadas del IVA y nuevas deducciones al IRPF con las VTC, pese a no tener nada que ver entre sí. De esta forma, los grupos de la Diputación Permanente tendrán que convalidarlo antes del 23 de julio y apenas quedaría tiempo.
Calviño está en contra de esta medida que no acata el espíritu de la sentencia del TJUE
Calviño ha tenido que tragar saliva a la hora de explicar este decreto. «Está en contra de esta medida que no acata el espíritu de la sentencia del TJUE», afirman fuentes conocedoras de las negociaciones de este decreto a MONCLOA. No sólo no adapta el fallo judicial, sino que endurece aún más la regulación a Uber y Cabify, quienes exigían en Bruselas que se tumbara la regla de una licencia de VTC por cada 30 del taxi, una petición que avaló el TJUE hace apenas tres semanas y daba carta libre a una concesión ingente de licencias.
No obstante, el TJUE daba una puerta de salida al taxi. Las licencias podrían otorgarse en base a criterios medioambientales. En esta ventana se ha basado el Gobierno para permitir a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, competentes en el ámbito de la concesión de licencias, exigir nuevos requerimientos para expedir la documentación.
RAQUEL SÁNCHEZ (PSC) SE VUELVE A GANAR AL TAXI DE CARA A LAS GENERALES
El nuevo decreto, pactado entre Raquel Sánchez y los taxistas, exige que los conductores de estos vehículos tengan la licencia en propiedad o bien alquiladas por un periodo de más de tres meses. Es decir, las plataformas tendrán más complicado a la hora de contratar conductores si éstos tienen que abonar un cuota mensual para poder trabajar.
Al mismo tiempo, los taxistas, especialmente en Barcelona, han iniciado una campaña para captar conductores a las plataformas, consiguiendo más de 300 conductores de cara al verano.
El pacto entre taxistas y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana exige así nuevos requisitos, más condiciones con el fin de obstaculizar la actividad a Uber y Cabify. Para Calviño se trata de unos criterios para mejorar la «calidad» del servicio. En este sentido, se exige a quienes pretenden solicitar una nueva licencia tener el vehículo en propiedad o de alquiler durante no menos de tres meses.
LAS CCAA TENDRÁN QUE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO DEL GOBIERNO CON LAS VTC
El Ejecutivo tan sólo pone los límites mínimos fijados para que las Comunidades Autónomas puedan ofrecer licencias. Un marco regulatorio que podría invadir las competencias autonómicas. dado que éstas son las que otorgan las licencias interurbanas, mientras los Ayuntamientos establecen el número para las calles urbanas.
La propia Administración autonómica o local podrá valorar bajo criterios de gases de efecto invernadero si otorga la licencia, o bien rechazarlo en caso de que se superen los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) o bien el número de partículas nocivas para la salud, así como la aparición de niveles elevados de ozono. Asimismo, por congestión y ordenación del transporte se puede rechazar las solicitudes pedidas.
Esta medida permite así poder operar con una mayor seguridad a las empresas con pocas licencias de VTC, mientras que supone una fuerte barrera a su actividad ya que la autorización «deberá estar justificada por razones de interés público».
