La guerra que desde hace meses disputa el hombre fuerte de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y la Guardia Civil sigue quemando episodios.
El último de ellos ha provocado una reunión del más alto rango entre mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en la misma y ante los últimos hechos se habría indicado que la Policía Nacional no atendiese de forma directa las llamadas que llegasen desde el director general de Crisis y Emergencias del Ministerio de Transportes, Rubén Eladio López.
Está curiosa recomendación tiene motivo por una queja enviada desde el Instituto Armado. En esta queja se denuncia que, según la Guardia Civil, Rubén Eladio López en varias ocasiones ha alertado al 091 de la entrada de varios hombres armados en el recinto del ministerio.
Ante estas llamadas varios agentes de la policía nacional han acudido siempre de emergencia a la zona de Nuevos Ministerios, lugar donde se encuentra el MITMA. Una vez allí estos agentes de policía quedaban sorprendidos al ver que dichos hombres armados eran guardias civiles de servicio que pretendían entrar en el ministerio con sus armas.
Estos hechos han provocado que todas las llamadas al 091 realizadas desde dicho ministerio pasen a ser derivadas a la guardia civil al considerarse en su mayoría maliciosas. «Es increíble que se asuste a la gente y a agentes de la policía de esta forma y además se gasten recursos policiales en estos temas», remarca una fuente de la Benemérita.
Entre los hechos destaca que un coronel de la Guardia Civil harto de esta situación se presentó con varios destacamentos de guardias civiles para hacer cumplir las ordenes en las que se daba por bueno que los guardias civiles deben ir armados en el ministerio, que en definitiva es su lugar de trabajo.
ORIGEN DE LA GUERRA
Según fuentes de la Guardia Civil el origen de esta guerra no es otro que las malas relaciones que parte del instituto armado tiene con el PSOE. Especialmente con los afines a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Concretamente la persona que el propio Ábalos colocó, Rubén Eladio López, y que es según los guardias civiles implicados el culpable de las diferentes tensiones.
Esos altercados tienen inicio en dos hechos que los guardias civiles consideran inaceptables. El primero de ellos, es la imposibilidad de acceder al ministerio, su lugar de trabajo, con su arma reglamentaria en horario de servicio. Desde la Guardia Civil se esgrime que «en el complejo de Nuevos Ministerios el cuerpo competente de la seguridad única y exclusivamente pertenece a la Guardia Civil, y esto incluye tanto el exterior como el interior de todos sus edificios».
En este sentido, el Instituto Armado señala que «el complejo carece de ‘zona de exclusión’ donde no esté permitido a los miembros de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad el portar sus armas». Cabe recordar que cualquier orden que vaya encaminada a obligar a que los agentes no porten sus armas en según qué lugares es contraria a la LO 2/86 de FFCCSE, a la LO 4/2015 de Seguridad Ciudadana y al Reglamento de Armas.
Entre las causas por las que los guardias civiles son contrarios a dejar sus armas la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) declara que «esta petición raya la ilegalidad y la falta de decoro profesional, y genera una indefensión total, al no dejarles portar su arma, que puede conllevar que, frente a un ataque o agresión, no puedan defenderse y proteger a los trabajadores públicos de dichas instalaciones».
Además, estas mismas fuentes de la Guardia Civil remarcan que esta medida de retirar las armas a los guardias civiles que van por trabajo al MITMA no ha sido aprobada por el Ministerio del Interior, sino que es un Reglamento que ha elaborado de motu propio por Rubén Eladio López, en una clara extralimitación de sus funciones.
El otro motivo de las refriegas entre los vigilantes de seguridad y los guardias civiles es el sistema de identificación. Los componentes de la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones, señalan que para identificarse debería valer con su número TIP (carnet profesional). Los miembros de la Benemérita comentan que «solicitar un DNI a estos agentes, hacer fotocopias del mismo o privarles momentáneamente de él, a parte de no tener ningún sentido contraviene la legislación».
Por este motivo, los guardias civiles entienden que el director de Emergencias y Crisis del Ministerio de Transporte da dichas órdenes a los vigilantes de seguridad a sabiendas que son ilegales que lo único que busca es un enfrentamiento innecesario con los trabajadores de la Guardia Civil.
VIGILANTES DE SEGURIDAD
Uno de los colectivos afectados dentro de este conflicto son los vigilantes de seguridad privada. Estos vigilantes son mandados desde la dirección de Crisis y Emergencias del Ministerio de Transportes para enfrentarse contra los guardias civiles.
Al menos siete de ellos están de baja laboral y otros 3 han perdido el trabajo según varios guardias civiles que han participado en estas disputas. «Utiliza a los vigilantes de seguridad como ariete contra nosotros, y simplemente son trabajadores en muchos casos cansados de esta situación», sostiene uno de los guardias civiles.
La situación parece que tornará en calma la próxima semana según varios guardias civiles cercanos al caso. Estos mismos agentes creen que las normas del Ministerio del Interior son claras y se les dará la razón y que los agentes puedan acceder a su trabajo con su arma reglamentaria.
