El Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas para que los beneficiarios de las rentas mínimas de los distintos territorios puedan recibir también de oficio, es decir, sin necesidad de solicitarlo, el ingreso mínimo vital, al igual que lo recibirán los 76.000 hogares identificados por el Ejecutivo (255.000 personas, la mitad de ellas, niños) que recibirán de oficio el ingreso mínimo vital este mismo mes de junio.
«Estamos trabajando con las comunidades autónomas para que podamos recibir en bloque todos sus beneficiarios de rentas mínimas ya existentes, comprobemos si se dan las condiciones y poder hacer también un reconocimiento de oficio», ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este lunes 8 de junio durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados.
Escrivá ha avanzado que ya han identificado a 76.000 hogares (unas 255.000 personas, la mitad de ellas, niños) que «inequívocamente» cumplen los requisitos para recibir la prestación y a los que, por tanto, se les va a dar de oficio, es decir, sin que lo soliciten previamente. El ministro ha indicado que a estos hogares se les reconocerá la prestación en «los próximos días» y la podrán cobrar «en junio».
Por otro lado, Escrivá ha anunciado que están cerca de firmar un convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que les permita trabajar con los ayuntamientos, para que el ingreso mínimo llegue a todo el mundo, de forma que «los gastos presupuestarios en los que incurran para reforzar sus capacidades administrativas con este fin, estarán eximidos de la regla de gasto que les ha constreñido durante estos años».
Además, en relación a la colaboración con el Tercer Sector, el ministro ha precisado que las ONG, que están muy cerca de las personas más vulnerables que pueden ser beneficiarios de esta prestación, «podrán ayudarles a hacer la declaración e incluso ser sus representantes a través de los canales que se han establecido» para solicitarla.
Ante las críticas de varios diputados, como la de Ciudadanos Sara Giménez, sobre la exclusión de las personas con discapacidad de la posibilidad de acceder al ingreso mínimo vital, el ministro ha asegurado que «no se exige capacidad de obrar plena» y que, por tanto, «las personas con discapacidad podrán hacerlo», aunque no descarta «darle una vuelta».
En este sentido, Escrivá no ha descartado incluir a futuro dentro del ingreso mínimo vital la prestación que actualmente reciben las familias con hijos con discapacidad, al igual que ha ocurrido con la prestación por hijo a cargo. «No quiere decir que no lo repensemos en el futuro igual que hemos repensado la de hijo a cargo. Podemos darle una vuelta a la prestación de incapacidad, nos gastamos casi 1.000 millones de euros, quizá podamos focalizarla más en el futuro, incluirla dentro del paraguas del ingreso mínimo vital, haciendo que los recursos sean más eficaces», ha explicado.
EFECTO LLAMADA, SEGÚN PP Y VOX
Por su parte, las diputadas del PP María Teresa Angulo, y de Vox, Rocío De Meer, han acusado al Gobierno de generar un «efecto llamada» a la migración con el ingreso mínimo vital. «Haríamos un favor a todos los que mueren en el Mediterráneo, nuestros vecinos demandan ayuda en origen. África no cabe en Europa, no tenemos para todos, no tenemos para los que aquí lo están pasando mal, basta ya, que pare esta hemorragia de la dignidad humana de todas estas personas utilizadas por multimillonarios», ha exclamado De Meer.
También ha lamentado que será «la empleada del hogar que lleva años cobrando menos del salario mínimo, la que va a pagar este ingreso mínimo a un inmigrante con un año de residencia legal o en el caso de la trata, a un migrante recién llegado en una patera». El ministro ha respondido que «la motivación para migrar no está asociada al Estado del Bienestar» sino que la motivación última tiene que ver con la percepción del «grado de inclusión», de si se va a ser «bien recibido».
Mientras, ante las críticas de otros diputados, como Néstor Rego del BNG, por no incluir a los migrantes en situación irregular en esta prestación, el ministro ha aclarado que «lo impide la Ley de Extranjería» y ha precisado que las excepciones para las víctimas de trata, de violencia de género o de explotación sexual, son casos que «nadie puede discutir». También ha puntualizado que los ayuntamientos pueden establecer prestaciones dirigidas a los migrantes en situación administrativa irregular.
EMPADRONAR A PERSONAS SIN HOGAR
Además, el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador i Duch ha puesto sobre la mesa el problema de acceso a la prestación por parte de las personas sin hogar porque muchos no están empadronados –un requisito imprescindible para solicitar el ingreso mínimo–, a lo que Escrivá ha contestado que «los ayuntamientos están obligados a empadronar a todo el mundo».
La diputada del PSOE Carmen Baños ha celebrado que el ingreso mínimo vital viene a «reafirmar la viabilidad de la Seguridad Social española» y supone «la certificación de que este Gobierno está dispuesto a potenciar uno de los mejores sistemas de protección del planeta», criticando al mismo tiempo las «reformas precarizadoras» que hizo el PP y que «han ahondado en la brecha de la desigualdad y la pobreza».
Por parte de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez ha rechazado las «milongas» que cuentan «unos señores con palos de golf dando a una señal diciendo que les están robando la libertad» cuando tienen «la nevera muy grande y muy llena» y ha aclarado que «la libertad real tiene mucho que ver con la renta». Además, ha criticado a quienes intentan asociar el ingreso mínimo a «una persona con una lata de cerveza en el sillón de su casa esperando a cobrar la paguita».
Además, el diputado de Junts Per Catalunya Genís Boadella ha puesto de manifiesto que la nueva prestación no contempla el hecho de que «el coste de vida no es igual en todas partes de España ni los diferentes precios del transporte, el alquiler o la comida». Igualmente, se ha mostrado preocupado por la inclusión en este ingreso de las personas con discapacidad.
«LUCHA DE COMPETENCIAS»
La polémica sobre la gestión o no por parte de las comunidades autónomas del ingreso mínimo también ha salido a debate después de que el diputado del Bloc Nacionalista Valencià, Joan Baldoví, haya señalado que un factor «clave» es la «proximidad» y haya reclamado la gestión para la Comunidad Valenciana, al igual que la tienen el País Vasco y Navarra. El ministro ha precisado que esto no es una «lucha de competencias» y ha añadido que «lo gestionará quien sea más eficaz».
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha pedido «dar una vuelta» a algunos requisitos para acceder al ingreso mínimo vital, como por ejemplo, bajar a 18 años la edad para solicitarlo para determinados colectivos como comunidad gitana, menores extutelados o personas con discapacidad. También se ha mostrado «preocupada» por la «brecha de género» pues considera que dentro de los hogares, podría acabar siendo el hombre el titular. Por parte del PNV, el diputado Íñigo Barandiarán se ha preguntado qué iniciativas ha tomado el Gobierno para poner en marcha la encomienda de gestión del ingreso mínimo.
