El escándalo del posible fraude electoral por la compra de los votos por correo ha abierto el debate de si es necesario el aplazamiento de las elecciones en Mojácar y en Melilla el próximo 28 de mayo. Las redes sociales se han inundado de opiniones sobre el necesario aplazamiento de los comicios hasta que se cierre la investigación del presunto fraude e incluso la Cope ha abierto una encuesta para conocer la opinión de su audiencia. Sin embargo, más allá de las opiniones, la Ley Electoral no contempla esta posibilidad en ninguno de sus artículos.
Ley Orgánica del Régimen Electoral General es la norma que regula las elecciones al Congreso y Senado, las elecciones municipales y las elecciones al Parlamento Europeo y aunque ha sido modificada en diversas ocasiones, en ninguna de ellas se ha abierto una cláusula que baraje la posibilidad de aplazar o suprimir unos comicios en el caso de que ocurriera un presunto fraude electoral. De hecho, no existe ninguna disposición que contemple esta suspensión o aplazamiento, ni en la Ley estatal ni en ninguna ley electoral autonómica. Por lo tanto, este debate se mueve en los marcos del vacío legal.
Aunque no haya ningún apartado que plantee las posibles circunstancias que podrían suponer el aplazamiento de un proceso de elecciones, sí existen precedentes de aplazamientos del proceso de elecciones. Este es el caso de las Elecciones Autonómicas de Galicia y del País Vasco en 2020, cuando el Estado de Alarma establecido por la pandemia del Covid-19 fue el escenario que permitió el aplazamiento de los comicios. Para ello, se utilizó la formula presente en la Constitución Española por la que se permite el decreto por «urgente y extraordinaria necesidad», dentro del Artículo 86.
Sin embargo, esta medida no es aplicable en todas las situaciones, ya que el aplazamiento por el caso de la alerta sanitaria era un motivo que encajaba dentro de la protección de la salud pública del artículo 43 de la Carta Magna y fue una situación excepcional, así como un acontecimiento sin precedentes en la Democracia española. De hecho, todos los grupos políticos de ambas comunidades autónomas aprobaron esta medida por unanimidad y necesitaron del Congreso de los Diputados para la elaboración de los decretos que, no suspendían, sino que únicamente aplazaban los comicios.
Coalición por Melilla, presuntamente implicada en la compra de votos, pidió el aplazamiento de las elecciones de la ciudad autónoma
El escándalo de la compra de votos por correo estalló primeramente en la ciudad española del sur de África donde gobierna Ciudadanos, con la coalición del PSOE y de Coalición por Melilla. Esta última formación local está presidida desde que se fundó en 1995 por la misma persona, Mustafá Aberchán, quien consiguió presidir la autonomía durante un único año, de 1999 al 2000. El resto de su carrera ha destacado como líder de esta formación, que está presuntamente implicada en la compra de votos por correo en Melilla.
Tras las primeras noticias del supuesto «fraude masivo», Mustafá Aberchán declaró en rueda de prensa que pediría «al Tribunal Contencioso-Administrativo la suspensión de las elecciones del 28 de mayo» ya que consideraba que «el voto por correo en Melilla se está prostituyendo». En presidente de la formación también aseguraba que tenía pruebas de ello y que es información que tenían contratada, afirmando que «hemos hecho denuncias en las que aportaremos más de veinte audios».
Una semana después se daba a conocer que esta formación, que pedía el aplazamiento de las elecciones autonómicas, está presuntamente implicada en la compra de votos en la Ciudad Autónoma. La policía detuvo a nueve miembros del partido político, entre los que se encuentra el número 3 de las listas, Mohamed Ahmed Al-lal. Tras su puesta en libertad les atribuye delito electoral y pertenencia a grupo criminal.
Grande-Marlaska afirma que «está todo controlado»
Teniendo en cuenta que el aplazamiento de las elecciones no está contemplada a nivel legal, el Gobierno ha querido transmitir calma a la ciudadanía. Para ello, el ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que «las medidas están adoptadas, la investigación se está desarrollando y evidentemente nosotros, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estad, daremos la protección necesaria al conjunto del proceso electoral».
Además, el Ejecutivo también se plantea la modificación de la Ley electoral, pero hasta que esta no sea modificada se ha adoptado una medida de urgencia para evitar que se siga produciendo el supuesto fraude. En este sentido, tras esta polémica se ha publicado la obligatoriedad de presentar el DNI en la entrega del voto en Correos, cuestión que anteriormente no era obligatoria para ejercer el derecho a voto.
