El Gobierno defiende que en los últimos años se ha realizado un esfuerzo legislativo sin precedentes para mejorar el impacto ambiental de la ganadería con medidas como la limitación del tamaño de las granjas de porcino y vacuno y es el único país de la Unión Europea que lo hace, sin embargo, no prevé reducir el número de reses, al considerar que esta actividad contribuye al empleo y a fijar población rural.
Así se traslada en una respuesta escrita del Gobierno a una batería de preguntas de Más País-Verdes Equo, en la que el Ejecutivo defiende que la producción ganadera es «uno de los pilares sobre los que se asienta la actividad agraria en España» y que su contribución a la generación de empleo y de servicios que crea a su alrededor, la convierte en una actividad con capacidad de fijar población en el medio rural.
Además, señala que España dispone de una «importante» producción de ganadería en régimen extensivo cuyos efectos sobre el medio ambiente son mucho menos perniciosos. No obstante, admite que esta actividad productiva tiene una repercusión significativa sobre la calidad del aire, del suelo y del agua, además de generar gases de efecto invernadero o emitir polvo y olores y recuerda que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incluye objetivos de reducción de emisiones a 2030.
En todo caso, insiste en que «España es el único país de la Unión Europea que cuenta con una limitación normativa al tamaño de las granjas, aspecto que da una buena medida del compromiso del MAPA con la agricultura familiar».
Entre las medidas del PNIEC para este sector, recuerda que se han identificado algunas medidas como el vaciado frecuente de purín en alojamientos de porcino; el cubrimiento de balsas de purines; la separación sólido-líquido de purines y la fabricación de compost a partir de la fracción sólida del purín.
Los argumentos del Gobierno responden a una batería de preguntas presentada por el grupo parlamentario Más País Verdes Equo para saber cómo calcula el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que podría afectar un aumento de 3’2ºC a España y sus regiones; en qué estado se encuentra la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático que debe producirse durante 2023; si ha calculado el Ministerio el impacto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible sobre la consecución de los objetivos de reducción de emisiones del PNIEC.
Asimismo, el grupo paralamentario preguntaba si el Gobierno iba a incluir compromisos de concretos de descarbonización para los sectores del transporte como parte de la Ley de Movilidad Sostenible; revisar la política de CESCE para eliminar desde este mismo momento la financiación de energías no renovables antes del 2035 y si el plan España 2050 del Gobierno recoge la intención de reducir el consumo de carne y las medidas que está tomando para cumplirlo e impulsar las dietas de origen vegetal así como nuevas medidas para impedir la proliferación de las macrogranjas.
A ese respecto, el Ejecutivo señala que se fija en las proyecciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y afirma que la actualización al alza de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) «ya está en marcha».
En cuanto a la Ley de Movilidad Sostenible señala que las medidas se intensificarán precisamente en el PNIEC que se está actualizando y en el que también se añadirá la electrificación de puertos. En todo caso, recuerda a la diputada que esta ley está en negociación parlamentaria por lo que la inclusión de las nuevas disposiciones se discutirá en las «instancias correspondientes».
Respecto a la disminución del consumo de carne, el Gobierno asegura que igual que en otros sectores existe «potencial de mitigación» en el sistema agroalimentario, al tiempo que recuerda que ese sector ya está incluido en los instrumentos de planificación de corto y largo plazo del gobierno para la reducción de emisiones y su adaptación al cambio climático.
MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE CARNE
Entre su batería de medidas para impulsar dietas más «sostenibles y saludables» incluye planes de mitigación y adaptación del sector agroalimentario; la mejora de la eficiencia energética en todos los eslabones de la cadena; aplicar la economía circular al sector agroalimentario; acometer acciones de promoción para la modificación de hábitos alimentarios para «retornar» a dietas más saludables y sostenibles como la dieta mediterránea.
Otras de las acciones a seguir, según añade el Gobierno, estarán dirigidas a reducir el desperdicio alimentario; impulsar la contratación verde de la restauración y aprovisionamiento público de alimentos; mejorar el etiquetado nutricional para dar información al consumidor de la huella de carbono, huella hídrica o contaminación asociada a cambios de uso de suelo y fomentará los canales cortos de comercialización, la economía circular, la bioeconomía y la agricultura de proximidad.
Por último y dada la importancia del comercio agroalimentario de nuestro país, el Gobierno agrega que está realizando un análisis económico y social de las repercusiones de los efectos transfronterizos del cambio climático en el comercio de productos alimentarios e insumos para diseñar las medidas de adaptación pertinentes.
