El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el ‘caso Villarejo’, ha acordado archivar la causa para el que fuera comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño debido al ictus que sufrió en mayo de 2022.
Así lo señalan fuentes jurídicas y así queda reflejado en un auto de la pieza separada ‘Kitchen’, en la que el magistrado atiende la petición formulada en marzo por la defensa del comisario y además de archivar la causa para él requiere a su representación legal que aporte en el mes de junio los informes médicos correspondientes «a fin de que puedan ser examinados nuevamente por el médico forense» de la Audiencia Nacional.
Fue el pasado 23 de marzo cuando el abogado del comisario solicitó nuevamente el archivo provisional «por causa médica e incapacidad mental sobrevenida, y como consecuencia su inimputabilidad».
Además de en ‘Kitchen’, donde se investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, García Castaño constaba como investigado en la pieza principal del ‘caso Villarejo’ -caso Tándem- donde se investiga al grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo (CENYT) como organización criminal y delitos de blanqueo de dinero; en la denominada ‘pieza BBVA’, y en el proyecto ‘King’, relativo a unos trabajos en Guinea Ecuatorial.
El ex jefe de la UCAO ya ha sido procesado por la pieza 21, sobre el supuesto espionaje encargado por Repsol y Caixabank contra el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; y ‘Marbella’, por las indagaciones contra un empresario marbellí.
Cabe recordar que también estaba siendo juzgado por las piezas ‘Iron’ y ‘Land’, referidas respectivamente a supuestos trabajos de espionaje contra un despacho de abogados y contra particulares en el marco de una disputa familiar por la herencia del dueño de la urbanización de lujo La Finca (Madrid).
Sin embargo, el 24 de mayo de 2022 el tribunal que dirigía este primer juicio por ‘Tándem’ acordó suspenderlo para García Castaño, debido a su estado de salud, después de que un médico forense de la Audiencia Nacional emitiera un informe que acreditaba su gravedad actual y explicara que hasta dentro de seis meses no podría determinar las consecuencias definitivas del ictus.
