El Gobierno ha asegurado que, según la información de la Alta Inspección de Educación, en lo que va de curso 2022-2023 «no se ha dado el caso de ningún centro educativo que haya incumplido mandato judicial alguno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
Así lo ha reflejado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria tras ser preguntado por el Grupo Vox sobre el número de centros escolares catalanes que «incumplen o han incumplido los mandatos judiciales que exigen que se imparta, al menos un 25% de horas lectivas en castellano en las aulas en Cataluña».
En este sentido, informa de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña se ha puesto en contacto con la Alta Inspección de Educación, con el objeto de «tratar sobre las políticas lingüísticas» en esta comunidad autónoma.
El texto recuerda que la nueva Ley de Educación (LOMLOE) establece el marco legal que «garantiza el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las lenguas cooficiales». A este respecto, establece que las administraciones educativas garanticen el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.
La ley señala que, al final la educación básica, todos los alumnos «deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente«.
El Gobierno también destaca que es responsabilidad de las administraciones educativas aplicar «los instrumentos de control, evaluación y mejora propios del sistema educativo» y promover la realización de análisis por parte de los centros, de modo que «se garantice que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas cooficiales en el grado requerido.
Asimismo, las administraciones educativas deben impulsar la adopción por parte de los colegios de «las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas«.
Por su parte, la Alta Inspección de Educación, en la configuración jurídica del Estado de Derecho y en respeto a la Constitución y sus sistemas de control de legalidad de los actos de las administraciones públicas, supervisa las normas dictadas por las administraciones educativas en el cumplimiento de la legislación básica en materia educativa, de modo que, ante la constancia de incumplimiento de la legislación básica en materia lingüística, «pondría en marcha los mecanismos de control que le son reconocidos, con los tribunales de justicia como los únicos competentes para determinar dicho incumplimiento».
