El Ministerio de Justicia ha presentado este martes una nueva propuesta a las asociaciones de jueces y fiscales, pero no ha mejorado la oferta económica de 46,7 millones de euros -hasta unos 450 euros al mes- que puso sobre la mesa hace ya una semana y que fue rechazada en la última reunión.
«En cuanto a la cuantía global, se ha mantenido la que se había ofrecido y se han tratado otros aspectos relativos a otros a otros complementos», ha señalado la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, en declaraciones a la prensa a su salida de la reunión con la Mesa de Retribuciones.
En concreto, esta tarde el Ministerio les ha hecho llegar una propuesta a las asociaciones que, en el caso de la carrera judicial, incluye el incremento del complemento de destino por representación y la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la «suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización«. Según ha precisado Justicia en un comunicado, las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia también «verían fortalecido su papel ejecutivo».
Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio dirigido por Llop plantea «abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión, en los anexos de la Ley 15/2003, de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área».
Además, el Gobierno propone que los integrantes de la Mesa de Retribuciones –es decir, las asociaciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y los ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública– establezcan un «nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado».
«A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la Comisión se convocará con carácter anual, para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos», ha detallado Justicia.
Asimismo, el Ejecutivo se «compromete» a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y «un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024«, según explica el Ministerio.
Ante esta propuesta, está previsto que las asociaciones de jueces y fiscales consulten a sus respectivas ejecutivas y den una respuesta al equipo de Llop en la reunión fijada para el jueves, a las 12.00 horas.
Al término del encuentro de este martes, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, ha reconocido que se trata de una «negociación compleja» en la que no solo se aborda una subida salarial, sino que hay «otra serie de cuestiones que deben ser tratadas».
Por su parte, Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha valorado positivamente la reunión y ha incidido en que el debate en la Mesa de Retribuciones ha incluido propuestas específicas para la carrera judicial y para la carrera fiscal «que carecen de impacto económico pero podrían mejorar bastante el desarrollo del servicio público» que realizan.
La reunión de este martes, de casi dos horas, ha tenido lugar después de que las cinco asociación convocantes suspendieran la huelga que estaba prevista para este 16 de mayo en aras de continuar con la negociación.
A su llegada al Ministerio, Dexeus recalcaba que las asociaciones habían acordado retrasar el parón «para no ejercer mayor presión y para no perjudicar el servicio público» que prestan a la ciudadanía. «Creo que también eso ha de ser valorado debidamente por el Gobierno y espero que se tome en cuenta a la hora de presentar la oferta», decía.
Según ha señalado la presidenta de la AF al término del encuentro, hasta el momento cuatro de las cinco asociaciones convocantes mantienen la decisión de retrasar la huelga hasta el 22. La APM, por su parte, sigue sin fijar fecha para un eventual parón.
Cabe recordar que las partes han retomado la negociación este martes después de la reunión fallida del pasado miércoles, en la que las asociaciones rechazaron la oferta de 46,7 millones de euros, que representa una subida salarial de hasta unos 490 euros al mes para jueces y fiscales.
La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. Sin embargo, en una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46,7 millones.
Según fuentes cercanas a la negociación, la subida se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.
Las mismas fuentes han apuntado que los incrementos negociados en el marco de la Mesa de Retribuciones se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.
La propuesta de 46,7 millones de euros planteada a los casi 8.000 jueces y fiscales de España representa más del doble que lo que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que tras dos meses de huelga lograron que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo.
Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la Administración de Justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones; ya avisaron que irán a una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.
