Un grupo de gallegos afectados por la Consejería de Trabajo y Migraciones de la Embajada de España en Venezuela ha señalado que el organismo se niega a incluirlos en las listas para recibir las solicitudes de ayuda que el Estado español gestiona para los españoles que residen en el país suramericano.
Recientemente han asignado una serie de ayudas para ciudadanos españoles oriundos de Asturias, Madrid y hasta de Palma de Mallorca, pero en el caso de los gallegos que habían solicitado estas asignaciones, se las negaron, y la respuesta que les ofrecieron fue que se dirigieran directamente a la Xunta de Galicia para que les dieran recursos, por lo que señalan que se han sentido discriminados.
Detrás de estás ayudas entregadas a los españoles residentes en Venezuela estaría el mismo José Francisco Armas Pérez, quien ha estado como consejero de la embajada de España en Venezuela en la era de Rodríguez Zapatero y que está nuevamente al frente de esta dependencia, para decidir a quiénes se les entrega o se les retiran las ayudas, a través de la Consejería, tal como sucede con los mismos recursos que se gestionan a través e la Fundación España Salud (FES), que funciona en Venezuela con total opacidad.
Estas acciones de discriminación, de acuerdo con los afectados, viene desde el ápoca en la Alberto Núñez Feijoo llegó a la Xunta de Galicia, cuando decidió reducir las contribuciones de Galicia para con la Fundación España Salud (FES); de hecho, las autoridades de la Xunta tuvieron que recordarle en más de una oportunidad a la Consejería que las contribuciones de las Comunidades Autónomas son subsidiarias y solidarias y que la obligación de atender a los migrantes es de la Administración General del Estado.
A partir de allí, los gallegos en Venezuela se han quejado en reiteradas oportunidades debido al trato que reciben por parte de las autoridades de la Consejería, quienes deciden restar a los montos de las asignaciones lo que los gallegos reciben en ayudas por parte de la Xunta de Galicia.
Otro de los aspectos que denunciaron los afectados de esta ayuda es que quienes han recibido los recursos, debían recibir 600 dólares cada uno (549 euros), pero en cambio, lo que les fue ingresado a la cuenta bancaria, convertido al cambio oficial de Venezuela (que mantiene el control de cambio desde el año 2003), fueron apenas 520 dólares (476 euros), por lo que no saben qué hizo la Consejería con la diferencia entre el monto que les dieron y lo que debían darle a cada uno de los beneficiarios. Estos últimos recursos forman parte de las Ayudas Asistenciales Extraordinarias para Españoles Residentes en el Exterior.
Todo parece indicar que esto podría ser otra de las aristas de los «negocios» que mantiene la Consejería de la Embajada, que son manejados con la más absoluta opacidad, de la misma manera que se presume que lo hacen con los recursos que son otorgados a través de la Fundación España, Salud y que no pueden ser auditados, debido a que esta organización no puede ser investigada en España porque de acuerdo con el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el ente encargado de suscribir los convenios más importantes con esta fundación, «se trata de una persona jurídica regida por el ordenamiento jurídico venezolano«.
Pero además, tampoco hay manera de controlar el manejo de estos recursos que gestiona la FES en Venezuela, porque allí aparece está registrada bajo el RIF-J315820439 con la descripción de la actividad económica de organizaciones extraterritoriales y que por lo tanto, se rigen por el país al que representa, en este caso, España.
Quienes se han visto afectados por esta discriminación por parte de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela no descartan que estos últimos recursos estarían siendo entregados como parte de la campaña electoral que el PSOE se ha montado en Venezuela, donde recientemente armaron un evento en el que participó Pilar Cancela, secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y secretaria del área de Políticas Migratorias del PSOE, que acudió al encuentro, organizado en la sede de la Hermandad Gallega de Caracas, para hacer propaganda a su partido e invitar a los descendientes de españoles que están en Venezuela a que gestionen su nacionalidad, a través de la Ley de Memoria Histórica, para poder ejercer el derecho al voto.
De hecho, muchos de los asistentes a ese encuentro se molestaron al darse cuenta de que lo que en principio fue anunciado como una acto organizado por el Gobierno de España, acabó siendo un ato partidista del PSOE, patrocinado además por la Fundación Ramón Rubial, y de hecho, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores posteriormente tuvo que desligarse de la realización de este acto y señaló que Cancela acudió no como Secretaria de Estado sino como miembro del PSOE.
