Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido la vivienda como su principal eslabón para las próximas Elecciones Generales, es un hecho; que pueda conseguirlo es una duda que no existe únicamente en la oposición. Entre las controversias que rodean a todos los anuncios que ha hecho el Ejecutivo sobre su plan de vivienda, la creación de 51.000 viviendas sociales con los activos de la Sareb y la intención de querer ilegalizar a empresas como ‘Desokupa’ son dos cuestiones que chocan entre sí, ya que el conocido como ‘el banco malo’ ha hecho pública la contratación de una empresa que se encargue de ‘desokupar’ sus propiedades.
La realidad a la que se enfrenta el Presidente es que de las 35.000 viviendas de las Sareb que ya están construidas y que pretende destinar a alquilar social, una de cada cuatro están ocupadas de forma irregular. Este dato se traduce en que antes de poder vender estos activos a las comunidades autónomas, la Sareb tendrá que ‘desokupar’ casi 8.000 casas o negociar con sus inquilinos alquileres asequibles a través de procesos que se alargan en el tiempo y, más aun, si terminan en la vía judicial.
Para quien no quiere esperar a una resolución judicial que autorice la expulsión de unos ‘okupas’, han ido apareciendo en el mercado empresas como Desokupa, que se encargan de echar a este tipo de inquilinos irregulares. Con la vivienda como nueva bandera del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez se posicionó públicamente en contra de las prácticas de este tipo de empresas y declaró la creación de un Real Decreto para ilegalizarlas.
Sin embargo, la Sareb va a necesitar de sus servicios si Pedro Sánchez quiere ver materializadas en alguna medida sus promesas sobre alquiler social. Por eso, dos semanas después de que Pedro Sánchez anunciara sus intenciones con las viviendas del ‘banco malo’, esta sociedad publicó la inversión de más de 16 millones de euros para contratar a diferentes empresas que hagan el trabajo de «recuperación de la posesión e identificación de la vulnerabilidad» de sus propiedades en todo el territorio español.
El «banco malo» listo para conseguir los objetivos de Pedro Sánchez
La Sareb pide que estas empresas tengan una «alta sensibilidad» para la realización de la actividad pero a su vez también requieren que sepan reducir los tiempos globales de gestión. Teniendo en cuenta que para conseguir un lanzamiento de una vivienda, los tiempos judiciales pueden llegar a alargarse varios años, vaciar esas viviendas que Pedro Sánchez necesita para el alquiler social, las empresas encargadas tendrán que agilizar la «recuperación de posesiones» a la velocidad y con los métodos de Desokupa, o no llegarán a tiempo para las elecciones.
Daniel Esteve, conocido como ‘Dani Desokupa‘ y fundador de la controvertida empresa de ‘desokupación’, ha confirmado a Moncloa.com que no se han presentado para obtener este contrato ya que «la Sareb no trabaja con ellos» y que Desokupa está «para ayudar a los vecinos de los barrios». Sin embargo, son conocidos por actuar con velocidad y sin necesidad de un proceso judicial, lo que se ajusta a las necesidades que ha publicado la Sareb para recuperar las viviendas que tienen ocupadas de manera irregular.
La Sareb pondrá alarmas en todas sus viviendas vacías
Además de anunciar su intención de contratar a empresas son «sensibilidad» a la hora de desocupar viviendas, la Sareb anunció al mismo tiempo otra gran inversión para proteger todas aquellas viviendas que estén vacías y en su poder: publicó la licitación con la que declara que pretende gastar mas de 80 millones de euros en poner alarmas de seguridad. Esta publicación ocurrió al mismo tiempo que la anterior, quince días después de los anuncios de Pedro Sánchez.
Las empresas de sistema de seguridad han crecido exponencialmente en los últimos años y sus eslóganes han afinado el mensaje para convertirse en un referente de protección contra la ‘okupación’. Con este contrato, la Sareb facilitará el camino a los propósitos de Pedro Sánchez y pretende evitar que no haya ningún imprevisto en los pisos que ya tiene listos para vender.
Así, aunque Pedro Sánchez haya dejado clara su posición en contra de las empresas como Desokupa y pretenda prohibirlas por vía de Real Decreto, el propio Gobierno necesita de sus recursos y de sus estrategias. Las empresas que han crecido económicamente como consecuencia directa de los casos de ocupación irregular, como son las empresas de sistemas de seguridad privados o las encargadas de sacar a okupas de las viviendas, se han convertido en los principales aliados del Gobierno para conseguir sus objetivos electorales y el Ejecutivo ha quedado supeditado a los métodos de la Sareb.
