El nuevo Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, que sustituyó este 1 de mayo en el cargo a Philip Alston, ha instado al Gobierno español a incluir a los migrantes en situación irregular entre los posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital, aprobado el pasado viernes y que pretende llegar a 850.000 hogares.
Según el Real Decreto por el que se aprueba el ingreso mínimo vital, para acceder a esta prestación es necesario que el solicitante haya residido de manera legal en España durante al menos un año antes de presentar la solicitud. De esta forma, deja fuera a los migrantes en situación administrativa irregular.
«Las condiciones de elegibilidad no deben excluir a las personas particularmente vulnerables, como los migrantes indocumentados o recientemente documentados», ha subrayado este miércoles 3 de junio el experto de la ONU Olivier De Schutter.
A su juicio, tampoco pueden quedar fuera «los jóvenes recién emancipados que anteriormente estaban bajo tutela pública, las personas sin hogar o sin domicilio permanente, o las personas con discapacidades no reconocidas que no pueden trabajar».
Por ello, ha animado al gobierno español a «seguir ampliando la cobertura de este programa y a reducir los requisitos de elegibilidad y burocráticos. «Es esencial que el plan se diseñe para llegar al mayor número posible de personas necesitadas», ha añadido el Relator Especial de la ONU.
Para el experto, las «trabas burocráticas» también pueden ser «un gran obstáculo» para las personas en situación de pobreza que dependen de la ayuda del gobierno para su supervivencia.
«Es importante desarrollar un esquema robusto que permita suficiente flexibilidad cuando las personas que experimentan la pobreza extrema no pueden cumplir fácilmente con todos los requisitos de documentación», ha subrayado.
En todo caso, considera que el ingreso mínimo vital proporcionará «el tan necesario alivio a aquellas personas necesitadas «y es «un gran ejemplo de cómo desarrollar un enfoque inclusivo para abordar la pobreza y la desigualdad».
Según ha precisado, a pesar de la recuperación económica experimentada tras la crisis de 2008, la desigualdad en España se ha mantenido muy por encima de los promedios de la UE y los regímenes autonómicos de renta mínima han sido en gran medida inadecuados.
En este sentido, ha insistido en que «el gasto público en protección social en este momento es una inversión crucial cuyos impactos perdurarán en los años venideros.
El anterior Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, planteó la cuestión del plan nacional del ingreso mínimo vital al final de su visita a España el pasado mes de febrero. El informe completo sobre su visita se presentará en el 44 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2020.
