Los misterios sobre la gestión de los recursos de la Fundación España Salud (FES), que se encarga de brindarle atención médica a los españoles que están en Venezuela, siguen generando ruido entre beneficiarios que se preguntan qué ha sido de los recursos que fueron aprobados para la construcción de una residencia para mayores, que se edificaría en la sede de la Hermandad Gallega de Caracas y que jamás se construyó.
Los datos de esta historia se remontan a 2018, cuando se presentó un proyecto para el cual se pondrían unos recursos gestionados a través de la FES, peo que provendrían del Gobierno español. Nunca se dijo exactamente a cuánto ascendería ese proyecto, pero de acuerdo con información ofrecida por miembros de la comunidad gallega en Caracas, decían que el edificio tendría la capacidad para atender a entre 84 y 112 gallegos, en un espació de 5 mil metros cuadrados que se construirían en un terreno cedido por la propia Hermandad Gallega.
Tras la opacidad de todo este tema está la figura de José Francisco Armas Pérez, consejero de la embajada de España en Venezuela, que en la actualidad ya tiene el periodo vencido, y que formó parte del proceso de creación de la FES desde su época como funcionario de la Embajada de España en Venezuela en la era del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2007.
Socios del recinto señalaron a Moncloa.com que en este centro social estuvo durante un buen rato la maqueta , hasta que un día, sin mayor explicación, desapareció del centro, sin que se volviera a hablar del tema y lo que se dice es que esto solo ha sido uno de los tantos misterios que rodean a la Fundación España Salud, de la que no se sabe exactamente cómo se gestionan los recursos que salen del Estado español pero no se rinden cuentas sobre el manejo que se hace de estos fondos que se supone que son para ayudar a los españoles que residen en Venezuela.
La idea de hacer esta residencia para adultos mayores fue «vendida» como una gran alternativa, sobre todo en esa época, en la que la migración venezolana hacia España comenzó a incrementarse significativamente, debido a la crisis política y económica. Esto produjo que muchos descendientes de esos españoles que escogieron Venezuela para emigrar en la época de la guerra, decidieran regresar a España, pero no sus padres o abuelos, que ya eran personas mayores que se estarían quedando solas en el país suramericano, por lo que la alternativa de tener una residencia que les pudiese brindar atención, resultaba muy atractiva.
Allí es donde entra en juego la figura de Cándido Rodríguez Losada, quien es el presidente de la Fundación Ramón Rubial y que aspira próximamente a convertirse en el presidente de la Hermandad Gallega, de la misma manera en la que se desempeñó durante años como el ex secretario del PSOE en Venezuela. Persona allegadas a la institución advierten que muchas fueron las promesas que se hicieron en relación con la construcción de este centro de atención para personas mayores, pero que tras todos los anuncios, el tema simplemente cayó en el olvido y que cada vez que a algún socio se le ocurre consultar sobre lo que pasó con el proyecto, la respuesta es siempre la misma: nadie sabe nada.
De momento todo quedó reducido a un área reservada donde mantienen a las personas mayores durante el día, en el que les ofrecen las comidas y los cuidados básicos, pero sin que se les permita residir allí, que era lo que inicialmente se había prometido. Esta es un área que también recibe recursos económicos provenientes de las ayudar del Estado español para los españoles en Venezuela, pero que nada tienen que ver con el proyecto de financiación de una residencia como la que habían anunciado que se haría.
Todas estas irregularidades con el funcionamiento de la Fundación España Salud han ocurrido en las épocas en las que el PSOE ha estado al frente del Gobierno en España, pues han sido los funcionarios vinculados con el partido socialista quienes han preferido instalarse en Venezuela y tirar de los recursos del Estado a través de la figura de la FES, porque saben de sobra que no hay manera de auditarlo ni en España ni en Venezuela y es una situación que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por miembros de la comunidad española en Venezuela, que se han visto afectados por la situación, sin que hayan podido recibir la atención de ninguna autoridad.
