El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está obsesionado con controlar las publicaciones de la prensa en este año electoral. Eso de prohibir acompañarle en según que viajes a medios contrarios como el ABC empieza a ser norma y la culpa en parte la tiene la orden emitida por Moncloa y ejecutada por sus dos «fieles» en comunicación. Estos ejecutores de su norma de vetar a algunos medios el acceso a según qué información son Francesc Vallés e Ion Antolín, secretario de Estado de Comunicación y jefe de prensa del PSOE, respectivamente.
El embudo informativo al que someten a los periodistas tanto Francesc Vallés como Ion Antolín es de sobra conocido. Ya solo pasearte por la rueda de prensa del Consejo de Ministros implica que tengas galones para que te den la palabra. Pero lo cierto es que este trato entre el entorno de Pedro Sánchez y los periodistas empieza a traer problemas en Moncloa. Recientemente, el entorno del presidente del Gobierno ha negado al diario ABC acompañar al presidente en sus viajes oficiales, con el consecuente enfrentamiento a las posibles consecuencias legales que vaya a tener. Pero son muchas las voces que se quejan de que Francesc Vallés e Ion Antolín someten a los periodistas a una criba informativa que tiene como objetivo solo ayudar y dar información a los medios afines.
La cruzada de Pedro Sánchez contra El País de Antonio Caño es de sobra conocida. La llegada de Pepa Bueno fue un bálsamo y una buena noticia para el Gobierno una vez se echó en manos de Miguel Barroso, miembro del consejo de administración del Grupo PRISA. Sin embargo, al Gobierno le cuesta mucho mantener a la prensa atada en corto. Tanto al PSOE como el Ejecutivo tienen un control que ejercen sobre las filtraciones que empieza a traer problemas y comienza a enervar a más de un alto cargo tanto en el Ejecutivo como en Ferraz.
Altos cargos del Gobierno han confirmado a MONCLOA.com que el trato con medios que están en la «lista negra» de Pedro Sánchez tiene que ser discreto y cuidadoso porque puede suponer un auténtico problema interno. Por todo esto, Francesc Vallés e Ion Antolín han sometido todas las filtraciones a un embudo informativo del que solo se benefician los medios que se «portan bien», según el criterio de Pedro Sánchez. Se trata de una práctica que no es ajena a los periodistas. La conocen y la comparten, pero cualquier encuentro con un alto cargo socialista siempre viene acompañado de una discreción por miedo a las consecuencias que pueda tener. Por supuesto, solo si no eres de El País o de cualquier otro medio que el PSOE considere «amigo».
La obsesión del presidente del Gobierno por el control informativo le ha llevado incluso a dar la orden de que se niegue de forma sistemática la solicitud de cualquier información al Portal de Transparencia. Ya hay denuncias, y de hecho este mismo medio ha solicitado todo tipo de información pública sobre los viajes del presidente del Gobierno y se ha negado utilizando creativas excusas. Pero no somos los únicos. El control informativo es tan exagerado que los propios medios se empiezan a decantar directamente por ir por la vía legal para obtener información antes que acudir a los cauces habituales. Los protectores del reino informativo, Francesc Vallés e Ion Antolín, tienen la orden expresa de contener las filtraciones a medios que no sean amigos.
El resumen es que para un medio que no es amigo tiene que pagar «peajes» para conseguir cualquier tipo de información. Ahora mismo, es complicado ejercer la profesión por la falta de dinamismo bilateral entre la administración pública y los medios. Tanto es así, que incluso el que no sabía capar bien la información fue destituido por precisamente no saber cumplir los deseos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
