La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que una de sus funcionarias se ha visto afectada, debido a que sus superiores le han negado un traslado regional, a pesar de que la uniformada lo ha solicitado, debido a que tiene un embarazo de alto riesgo. De acuerdo con la denuncia hecha por el sindicato policial, la funcionaria afectada estaría destacada en Alicante, pero residen en Cádiz.
Los uniformados relataron que la afectada había solicitado en tiempo y de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, que le permitiesen quedarse en la provincia de Cádiz, donde vive su familia y donde ella se encontraba con una baja laboral por cuestiones de salud, pero comenzaron a ponerle trabas desde la Comandancia General de la Guardia Civil de Alicante.
Al parecer, desde las autoridades de Alicante le habrían negado la posibilidad de quedarse en Cádiz, debido a que en el informe presentado para justificar su petición, no había un informe que debía ser elaborado por los servicios de salud de Alicante, que era donde estaba destacada la uniformada, sino por los médicos de Cádiz que eran los tratantes del embarazo de la funcionaria.
A esta situación se le sumó la apertura de un expediente disciplinario por parte de sus superiores, por no haberse presentado a la comandancia de Alicante, a pesar de que la uniformada ya había notificado a sus superiores que no se podía desplazar desde Cádiz, debido a que los médicos desaconsejaban el desplazamiento, por tratarse de un embarazo de alto riesgo.
Tras tener constancia del expediente disciplinario, la uniformada afectada por la situación «presentó nueva solicitud de cambio de residencia temporal por baja médica, aportando nuevamente informes médicos de su especialista, en los que expresamente se hacía constar que se trataba de un ‘embarazo de alto riesgo y se desaconsejaba realizar desplazamientos/viajes que supongan varias horas en inmovilización o fuera del perímetro de área de gestión sanitaria al que pertenece la paciente’, así como también sus partes de baja y confirmación, en donde constaba expresamente la indicación de ‘gestación de alto riesgo, no puede desplazarse‘, relataron los miembros del sindicato de la Guardia Civil en su página web.
No obstante, tras esa segunda solicitud, la asociada de la AUGC recibió una resolución del jefe de la Comandancia General de la Guardia Civil de Alicante le reiteraban que le había sido negado, por segunda vez, la solicitud de permanecer en Cádiz de traslado por baja médica, a pesar de la recomendación de los especialistas y de acuerdo con el sindicato, las autoridades de Alicante le señalan a la uniformada que podrá continuar con la baja médica, pero estando en Alicante, sin tomar en consideración la recomendación hecha por los médicos a pesar de que la funcionaria tendría que realizar un viaje de 700 kilómetros para desplazarse desde Cádiz hasta Alicante, lo que podría suponer un riesgo tanto para ella como para el bebé.
Según el sindicato de la Guardia Civil, la Comandancia General del organismo respondió a la uniformada que «el motivo de la baja no le impide el traslado a su localidad de residencia, siempre cumpliendo las recomendaciones de la especialista‘, y resuelve ‘No autorizar el cambio de residencia temporal, por lo que la interesada deberá regresar a su residencia habitual, siempre cumpliendo las recomendaciones de su especialista», sin hacer caso a lo que dicen los informes médicos que ha presentado la afectada.
Para los uniformados del sindicato, la respuesta de los superiores constituye una contradicción, pues por un lado le dicen a la afectada que debe cumplir las recomendaciones dadas por los especialistas y por el otro le señalan que debe volver a la ciudad donde está destacada y que no le aprobarán el traslado de residencia temporal a Cádiz, que es lo que está solicitado, para poder continuar su baja por salud junto a su familia.
«Cabe recordar que en la resolución de la Secretaría de Estado para la Función Pública de 5 de mayo de 2011, por la que se publicaba el acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la administración general del Estado, se catalogan, en el Anexo II, apartado A), las acciones de ‘dictar órdenes de imposible cumplimiento..‘ como una de las ‘conductas consideradas como acoso laboral«, señalan los funcionarios de la Guardia Civil adscritos al sindicato que buscan una respuesta de la nueva directora de la institución ante lo que ellos consideran un atropello por parte de los superiores de la uniformada afectada.
