La Audiencia Provincial de Palma acoge este miércoles (09.45 horas) la vista previa al juicio contra dos personas, un profesor y un alumno, por aportar información falsa para obtener subvenciones del Govern, del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca, logrando cobrar más de 400.000 euros ilícitamente.
Según el escrito del fiscal, desde 2011 hasta 2020, el profesor, siendo presidente de la Asociación de Saxofonistas de Baleares, decidió solicitar un gran número de subvenciones para proyectos musicales con documentación falsa. En concreto, realizó estas acciones en 84 procedimientos administrativos de subvención tanto del Institut d’Estudis Baleàric (IEB), dependiente del Govern, como del Consistorio y del Consell.
Además, con la intención de obtener indebidamente las ayudas para su asociación, presentó 614 facturas confeccionadas por él mismo ante las tres entidades públicas mencionadas, así como justificantes de pago, documentación relativa a transferencias bancarias o recibís en los que suplantaba la intervención de la personas que decía haber recibido los fondos.
De esta forma consiguió cobrar de 361.297 euros, aparentando la realización de eventos que nunca se desarrollaron o el de gastos que no se producían. Del total, 154.158 euros corresponden al IEB, 36.380 euros al Ayuntamiento y 117.777 al Consell.
Asimismo, desde 2018 y hasta 2020, el procesado decidió repetir la misma conducta para obtener subvenciones mediante la asociación ‘Psaiko Quartet Corporation’. En este caso, se aprovechó de su condición de profesor y convenció a su alumno, el segundo acusado en esta causa, para que se prestase a ello. Así, el profesor realizó 57 facturas con la misma mecánica que en la anterior ocasión y convenció a su alumno para que las presentara ante diversos organismos o entidades públicas con la obtención de obtener el cobro de las subvenciones para su beneficio personal.
Esta actividad la realizó en 14 procedimientos de subvención del IEB. También en uno del Consell de Mallorca, pero renunció al cobro de esta ayuda. De esta manera, consiguió obtener ilícitamente la cantidad de 40.324 euros. En su escrito, el fiscal refleja que los fondos obtenidos eran manejados por el profesor y no consta que el alumno obtuviera beneficio económico alguno.
El Ministerio Público considera estos hechos constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa –agravada en el caso del profesor–, por lo que pide para el docente la pena de ocho años de cárcel y una multa de 3.600 euros, y para el alumno un año y nueve meses de cárcel y una multa de 540 euros.
Además, solicita que el profesor indemnice al IEB, Ayuntamiento de Palma y Consell de Mallorca en las cantidades estafadas.
