El presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, ha solicitado, durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, aprobar «con carácter de urgencia» una Estrategia Nacional contra el nuevo coronavirus y crear una reserva «estratégica» de equipos de protección individual, tanto para los sanitarios como para los ciudadanos.
Así, y tras reiterar la necesidad de un acuerdo sanitario y social al máximo nivel que facilite las reformas necesarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha propuesto que el Congreso designe una Comisión para sintetizar los principales problemas de organización y funcionamiento del SNS, para llevar a cabo un conjunto articulado de medidas de mejoras específicas.
Además, Romero ha abogado ante los grupos parlamentarios por potenciar el papel del Ministerio de Sanidad y el «carácter ejecutivo» de las decisiones que se adoptan en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y por crear un sistema multiagencias, cogobernado y cogestionado con todas las comunidades autónomas y con carácter orgánico y funcional a nivel operativo.
«La falta de un plan específico ha obligado a respuestas improvisadas, pero valiosas; la innovación, obligada por las circunstancias y por el alto compromiso de los profesionales con la necesidad asistencial, ha desbordado las reticencias, inercias y barreras procedimentales habituales, permitiendo cambiar en días la organización de los centros, las líneas de servicio, las distribuciones de recursos y la utilización de métodos de atención y tecnologías», ha recalcado.
Y es que, prosigue, cuando la asistencia se ha presentado «compleja e incierta», la ruptura de los equipos estancos, las brechas competenciales, la falta de coordinación y el hospital centrismo han demostrado que pueden ser revertidos hacia un nuevo horizonte asistencial. Además, el presidente del CGCOM ha hecho referencia a la necesidad de garantizar el acceso a los medicamentos esenciales, y muy especialmente a las innovaciones terapéuticas que intente vencer al nuevo coronavirus y a una vacuna que ponga fin a este problema de salud.
Desde el punto de vista tecnológico, Romero ha propuesto la puesta en marcha de un plan específico que permita la renovación de la infraestructura tecnológica, teniendo muy en cuenta lo que aporta más valor a los pacientes, a través de la creación de un registro centralizado del equipamiento en tecnología del sistema sanitario, tanto público como privado.
En este aspecto, se ha mostrado partidario de estimular la producción nacional de bienes de equipo y de tecnología. Ahora bien, Romero ha lamentado que una de las enseñanzas «más dolorosas» de esta crisis provocada por el nuevo coronavirus ha sido la comprobación «impotente» de la dependencia en aspectos básicos de bienes de equipo y tecnología común, que se han demostrado esenciales.
Así, Romero ha recordado la «angustiosa situación» provocada por la «saturación» de los recursos asistenciales, la «desprotección» de los sanitarios y cuidadores, la «falta» de medios diagnósticos y humanos para la vigilancia y control epidemiológico, y el propio «daño económico y social» que ha originado el confinamiento.
«Los médicos, y el resto del personal sanitario, están pagando un alto e injusto tributo a la falta de previsión de nuestras autoridades sanitarias, y esto nos obliga a permanecer atentos y activos para que se corrijan los principales problemas del escenario actual. Tenemos quereforzar nuestras capacidades previas que han sido totalmente desbordadas y avanzar en consolidar la escasa transmisión del virus, un proceso que necesita estar basado en un gran consenso», ha enfatizado.
Por ello, Romero ha defendido que España debe asegurar una «reserva estratégica» de material de protección, así como de equipamientos médicos, con el fin de poder incrementar Unidades de Cuidados Intensivos y otros materiales necesarios para hacer frente a situaciones epidémicas.
«RIGUROSA EFICIENCIA» EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Del mismo modo, ha subrayado la necesidad de llevar a cabo una «rigurosa eficiencia» en la gestión de los recursos y ha abogado por un nuevo modelo de financiación «estable, suficiente, respetuoso» con el principio de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal, al tiempo que debe ser «coherente» con los principios de cohesión territorial, igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias de acuerdo con una cápita adecuada.
Además, Romero ha avisado de que su organismo ha venido denunciando la situación de «desprotección» a la que han estado sometidos los profesionales, así como la «escasez» de pruebas diagnósticas que permitieran testar a tiempo a los infectados, especialmente a los asintomáticos y así evitar la cadena de transmisión de la enfermedad.
«La contingencia profesional de la infección y el hecho de que la profesión médica sea reconocida como profesión de riesgo han sido y son parte de nuestras reivindicaciones a las que no vamos a ceder», ha añadido.
También ha abogado por un desarrollo «efectivo» de políticas de recursos humanos en Sanidad que refuercen e instrumentalicen formas de reconocimiento, promoción y mejora de las condiciones de ejercicio profesional y laboral para conseguir un sistema sanitario «moderno, eficaz y humanista».
«Estamos ante la oportunidad de consolidar el empleo sanitario en general y el médico en particular», ha enfatizado, para defender la necesidad de invertir en capital humano, aumentando el número de plazas MIR y las plantillas en los servicios de salud.
Otras propuestas pasan por la planificación de las necesidades de recursos humanos en salud, y recuperar los derechos retributivos perdidos como consecuencia de las medidas puestas en marcha en la crisis económico-financiera y una mejora retributiva acorde con la competencia, dedicación y responsabilidad del ejercicio de la profesión médica.
«Es preciso renovar el contrato social de la profesión médica a través de un gran acuerdo Ministerio de Sanidad y Foro de la Profesión Médica. No quisiéramos pasar de los aplausos a la presunción de culpabilidad», ha argumentado, para expresar su preocupación ante un escenario de judicialización de la práctica médica en esta pandemia.
Por otro lado, Romero ha abogado por aprobar de forma «inmediata» el Baremo de Daños Sanitarios que la profesión médica viene demandando desde primeros de este siglo; priorizar la seguridad de personal de Atención Primaria; organizar y gestionar las zonas de espera exteriores e interiores; y rediseñar la accesibilidad al centro de salud.
Además, Romero ha hecho una mención especial a las residencias de mayores. «En España se ha puesto en evidencia, de nuevo, una necesidad crónica y urgente de coordinación entre los ámbitos sanitario y social, así como la gran variabilidad de respuestas entre las comunidades autónomas. En este punto es clave la Atención Primaria», ha precisado.
Del mismo modo, Romero ha abogado por evaluar el trabajo que la Red de Vigilancia en Salud Pública ha llevado en esta pandemia, al tiempo que ha propuesto fomentar y desarrollar toda la normativa relativa a la autorización de centros, sanitarios y sociosanitarios.
«En cualquier circunstancia seguiremos honrando el compromiso con la ciencia y con los pacientes. Porque el profesionalismo médico actual es, posiblemente, uno de los pocos y últimos bastiones que tiene el enfermo grave, pobre, excluido y desamparado, para aspirar a un mínimo de salud, calidad de vida y dignidad humana. Para ellos particularmente, pero para toda la sociedad en general, hemos de desarrollar una labor de abogacía permanente ante los poderes públicos», ha zanjado.
