Durante muchos años Venezuela fue uno de los países que recibió a la migración española en la época de la Guerra civil, y pese a que en la actualidad hay un importante número de venezolanos haciendo el recorrido de vuelta, la realidad es que en Venezuela aún queda un importante número de españoles, que han decidido quedarse en ese país y que padecen las mismas necesidades que el resto de los ciudadanos y esto le ha servido a la Fundación España Salud (FES) para hacer negocios con los recursos que obtiene del Estado español y manejarlos a su conveniencia sin tener que rendir cuentas a nadie.
En Moncloa.com se han recibido denuncias de personas que están en Venezuela y que se han visto afectadas por el presunto manejo irregular de los fondos que desde España son conferidos para que sean empleados en otorgar ayudas a los españoles que residen el país suramericano. Se trata de millones de euros que salen de los fondos públicos españoles y que van a dar a las cuentas de esta fundación, para ayudar a los españoles en Venezuela, pero que si un día les parece que a una persona hay que suspenderle la ayuda, lo hacen sin más y sin que los afectados puedan hacer nada al respecto.
Esto lo hacen porque saben el estado de indefensión en el que se encuentran las personas allí, donde la justicia no funciona, pero además, saben que la mayoría de las personas que reciben este tipo de ayudas son personas mayores que se conforman con la respuesta que les dan y que no supone ninguna consecuencia para la fundación, porque no hay ningún organismo que pueda ejercer algún tipo de contraloría sobre este ente.
Uno de estos casos es el de Manuel López González, ciudadano español nacido en Lugo pero residenciado en Venezuela, quien en el año 2018 sufrió un infarto y desde entonces recibía una prestación de 400 euros al mes por incapacidad para costear su tratamiento médico, por un padecimiento cardiaco. Un año después la FES decide suspender el pago de esta ayuda a López, sin ningún argumento, por lo que el afectado decide accionar ante la justicia española mediante la solicitud de una medida cautelarísima que fue resuelta a su favor por el Tribunal Superior de Madrid y llegó al Tribunal Supremo que ordena que López reciba los controles médicos pertinentes, así como todo el tratamiento que requería, asistencia farmacológica y quirúrgica, pero hasta ahora la Fundación España Salud ha cumplido parcialmente con lo establecido en el fallo legal, pues aunque se le colocó el marcapasos que requería, no se han vuelto a hacer los pagos de la ayuda.
Los beneficiarios de este dinero lo recibían de manera trimestral y en bolívares, debido al control de cambio que hay en Venezuela desde hace 20 años, con una tasa oficial, muy por debajo del mercado real de divisas, todo a través del BBVA, que es el banco receptor de los fondos provenientes de España.
La trampa: la Fundación España Salud no puede ser investigada en España porque de acuerdo con el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el ente encargado de suscribir los convenios más importantes con esta fundación, «se trata de una persona jurídica regida por el ordenamiento jurídico venezolano, mientras que en Venezuela está registrada bajo el RIF-J315820439 bajo la actividad económica de actividades de organizaciones extraterritoriales y que por lo tanto, se rigen por el país al que representa, en este caso, España. Esta fundación atiende a las personas referida por la Consejería de la Embajada de España en Venezuela.
Se habla de que esta fundación recibe, a través de la Consejería de la Embajada de España en Venezuela, no solo financiación por parte del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, sino que además la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias y el Gobierno de Gran Canarias hacen importantes aportaciones para atender a la organización, para brindar ayudas económicas a los españoles residentes en Venezuela. La FES nace en 2006, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cuando estaba Raúl Morodo como embajador en Venezuela, el mismo que actualmente está investigado por estar presuntamente implicado en el lavado de activos provenientes de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Desde esa época se estima que solo por concepto de ayudas gestionadas a través del ministerio encargado, ha manejado entre 2 y 3 millones de euros por años, sin contar con las demás subvenciones otorgadas y que aparecen registradas en la página del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas. En una búsqueda rápida en este portal aparecen por lo menos 13 ayudar otorgadas entre 2016 y 2022 que en total suman 4.071.721,44 euros, aparte del convenio ministerial.
De acuerdo con una adenda que lleva la fecha del 13 de diciembre de 2019, donde aparecen el entonces secretario de Estado general de Inmigración y Emigración del antiguo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Agustín Torres Herrero y el director del Comité de Dirección de la Fundación España Salud, Álvaro Gómez Rodríguez, se firma que el importe correspondiente a abonar a la Fundación España Salud (FES) que se establece en la cláusula quinta del convenio suscrito por el ministerio para el año 2020 sería de 827,97 euros anuales, por español residente en Venezuela y que el número estimado de beneficiarios es de 2743 personas.
De acuerdo con las denuncias recibidas por este medio, se trata de un agujero sin fondo al que van a parar los fondos públicos españoles sin que haya ningún control y detrás de todo este entramado estaría José Francisco Armas Pérez, quien ha estado como consejero de la embajada de España en Venezuela en la era de Rodríguez Zapatero, que tiene además una condena por prevaricación de 1985, cuando era alcalde del PSOE del municipio Valverde en Gran Canarias y que a lo largo de todos estos años se ha mantenido en un ir y venir entre España y Venezuela, siempre relacionado con el manejo de la FES.
