Jordà defiende que el decreto no tiene «vocación» de sancionar a los municipios
El pleno del Parlament ha avalado este miércoles el decreto ley del Govern para afrontar la situación de excepcionalidad por sequía en Catalunya, con la abstención de PSC-Units, Junts, comuns y CUP, el ‘sí’ de ERC y el ‘no’ de Vox, PP y Cs.
El decreto ha quedado convalidado, al obtener más votos a favor que en contra, pero el pleno ha aprobado tramitarlo en la Cámara catalana como proyecto de ley para poder introducir cambios en el texto, con el voto en contra de ERC.
La consellera de Acción Climática, Agricultura y Agenda Rural, Teresa Jordà, ha asegurado que este decreto es una «caja de herramientas» ante la sequía que afecta a Catalunya desde hace más de dos años y los bajos niveles de las reservas de agua, que actualmente son del 27%. Así, ha defendido que es «más necesario que nunca asegurar el abastecimiento de agua y activas las palancas necesarias» para maximizar los recursos hídricos, además de asegurar las inversiones previstas para este año.
El decreto ley, que el Govern aprobó el 28 de febrero, contiene «medidas extraordinarias y urgentes» para garantizar el abastecimiento del agua, incrementa la penalización en caso de incumplimiento de las normas de aprovechamiento y prevé sanciones para ayuntamientos que no hayan presentado sus planes contra la sequía.
Jordà ha puntualizado que la «vocación» del decreto no es sancionar a ningún municipio, y se ha abierto a modificar el decreto en el marco de la cumbre sobre la sequía el próximo 31 de marzo. «Quiero pedir disculpas si es que no hemos hablado lo suficiente» de la forma de afrontar la sequía, ha añadido.
DEBATE DE LOS GRUPOS
El diputado de ERC Eugeni Villalbí ha remarcado que el problema de la sequía «no pasa ni por un decreto ni por acciones que el Govern o el Parlament pueda hacer, sino que pasa porque llueva, y si sabríamos cómo hacerlo ya lo habríamos hecho» y ha añadido que, dada la gravedad de la situación, es necesario abandonar los reproches y el partidismo.
Por parte de Junts, el diputado Salvador Vergés ha asegurado que el problema del agua «no va de hacer elegir entre turismo o agricultura, sino de optimizar la demanda en cada uno de los usos y de maximizar la oferta» y ha criticado que el decreto sea, literalmente, mucho de multar e intervenir y poco de acompañar.
El ‘cupaire’ Dani Cornellà ha manifestado la preocupación de la CUP «por la falta de planificación y el retraso en tomar medidas por parte del Govern» y ha abogado por empezar a restringir, en sus palabras, macroeventos, macroproyectos y actividades relacionadas con el turismo que empeoran la situación de sequía.
CRÍTICAS AL GOVERN
Sílvia Paneque (PSC-Units) ha asegurado que la sequía no se ha dado solamente porque en los últimos meses no haya llovido suficiente, «sino también por la inacción y la falta de acción del Govern durante los últimos años» y ha apuntado que, a su juicio, el decreto se equivoca en el enfoque y en traspasar la responsabilidad del Govern hacia los municipios.
La diputada de Cs Marina Bravo ha criticado que el Govern podría haber actuado, en sus palabras, de una forma más decidida durante los últimos años para estar preparados por la sequía y se ha postulado en contra de las sanciones que el decreto propone, «antes sancionaría al Govern por inacción», ha asegurado.
Desde el PP, el diputado Daniel Serrano ha apuntado que, en sus palabras, la falta de previsión, la reacción tardía y las medidas insuficiente hacen que el decreto no sea suficiente para hacer frente a la situación de sequía: «No es la caja de medidas que usted piensa que es», le he dicho a la consellera.
«EL AGUA ES DE TODOS»
El diputado de Vox Ramón López ha defendido que el agua «es de todos y no solo de las regiones donde se encuentra, por lo que es imprescindible contar con un plan hidrológico nacional con los principios de solidaridad y de bien común».
Lucas Ferro (comuns) ha subrayado que se deberían de tener también otros debates, como sobre el modelo de gobernanza se quiere para el agua en Catalunya, «donde se debería hablar sobre quién está poniendo obstáculos para la municipalización del agua en este país».
El diputado no adscrito Antonio Gallego ha asegurado que le parece bien «que se multe a los ayuntamientos que durante años no han presentado el plan de emergencia» y ha instado al Govern a hablar con el Gobierno para impulsar la construcción de una desalinizadora de gran capacidad.
