MC Cartagena apoya a su concejal y exalcalde, José López Martínez, pese a su condena por coacciones a un funcionario. El partido ha cerrado filas de cara a las municipales de mayo, como hiciera tras recibir el fallo judicial.
López Martínez se negó a dimitir pese a ser la segunda sentencia firme impuesta tras dar una patada a un exalto cargo de Murcia. Ahora, ha pasado de la agresión a las coacciones contra Vicente Pérez Zulueta, al que le «murcio», un término despectivo similar a ratero o ladrón. Pese a ello, el partido MC Cartagena le respalda por completo.
La decisión firme de los juzgados solo puede tener como consecuencia la salida del concejal de la institución municipal
El condenado por un delito leve de lesiones tuvo que pagar una multa de 360 euros. Como excusas de un culpable, se refirió a la condena por otros términos ajenos a la sentencia, como la supuesta ocultación de un expediente, según difundió en un vídeo. No obstante, volvió a criticar al funcionario, pese a que fue el concejal cartagenero quien le impidió salir del despacho, golpeando el casco de la moto contra la mesa y hablarse en tono «agresivo». En la sentencia, el juez le tacha de usar «violencia verbal».
RESPALDO A UN CONDENADO POR COACCIONES
Todo porque el expediente que se estaba confeccionando no estaba terminado y faltaban aún documentos para poder sellarlo, según recogió ya la sentencia del Juzgado de Instrucción 3, confirmada por la Audiencia de Murcia. Pese a este violento comportamiento, López Martínez llegó a asegurar que no se había hecho justicia e insinuó que estaba justificado por ocultar supuestamente expedientes.
No contento con ello, asegura que el funcionario sacó «provecho» de su cargo en el tribunal, mientras cargó contra otro empleado público al considerar que su declaración fue «ambigua». No obstante, había más testigos en el lugar de los hechos, como la concejal María José Soler y un asesor de MC Cartagena. De hecho, el propio condenado grabó toda la escena con su teléfono móvil, que prueba justo la versión del funcionario.
El ataque a Pérez Zulueta continuó y aseguró que se había ganado el puesto por ser «alguien de confianza del Partido Popular», como si el cargo de funcionario se ganara por ser un familiar de otro alto cargo. En vez de dirigirse al funcionario como murciano, le llamó «murcio». El cargo público pidió amparo a los sindicatos para defenderse de las polémicas declaraciones.
EL CÓDIGO OCULTO DE MC CARTAGENA OBLIGA AL CESE DE LÓPEZ MARTÍNES
López Martínez mantuvo el acta de concejal, por el que percibe 61.413 euros brutos anuales, un montante superior a los de un secretario autonómico o un director general, con más responsabilidad que un edil en un Ayuntamiento de 223.000 habitantes.
Sin embargo, sorprende que el partido le haya respaldado, aunque la justificación provenga de la carencia de un código ético o de conducta públicos para adoptar medidas para quienes hayan sido condenados por agresión o coacciones. La formación asegura que la condena es por discutir, pese a que la sentencia no lo señala en ningún caso.
Desde la oposición, no obstante, se ha aireado un «código ético oculto» en el que se exige el acta y expulsión en caso de imputación. «Se aceptará la dimisión presentada o, en su caso, se promoverá el cese del cargo público u orgánico aceptado», según reza el documento.
El Gobierno municipal condenó los hechos y pidió que cesara tanto del cargo como del acta por las coacciones del funcionario municipal. De hecho, se emitió un comunicado rechazando la «actitud violenta» contra un empleado del propio Consistorio. «La decisión firme de los juzgados solo puede tener como consecuencia la salida del concejal de la institución municipal», exigieron desde el equipo formado por el PP y PSOE.
LÓPEZ MARTÍNEZ, CONDENADO POR INCOMPATIBILIDADES
Esta falta de ética parece una constante en la formación cartagenera. En 2018, López Martínez tuvo que reingresar a las arcas públicas el sueldo percibido por las incompatibilidades en el cargo de concejal. Y es que, además de ganarse la vida en la política también es dueño de una empresa cafetera. En concreto, los dos ejercicios que estuvo como alcalde de la ciudad murciana.
MC Cartagena, que se ha erigido como la fuerza de la transparencia, no se aplica lo que exigen a otros. De hecho, se saltó la ley que data de 1984, que puntualiza los casos de incompatibilidad en los Ayuntamientos, y otro decreto sellado en 1986. Estas normativas prohíben expresamente cobrar un sueldo del Ayuntamiento mientras se perciben salarios o ingresos, como los del café, té o sucedáneos. López Martínez mantuvo ambos ingresos y tuvo que devolver los 125.000 euros percibidos en ese período. MC Cartagena, de nuevo, cubrió a su adalid y le permitió continuar en el cargo.
