El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias ha denunciado al Comité de Huelga de los Letrado de la Administración de Justicia, presidido por Juan José Yáñez Pena, por un delito contra la Administración de Justicia. El sindicato destaca que la huelga convocada por los abogados ha creado una alarma social que ha adquirido «tintes dramáticos» que afecta a millones de ciudadanos. Además, destacan que los servicios mínimos establecidos en la huelga no han garantizado los servicios esenciales en departamento de Justicia. Asimismo han presentado una denuncia ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, denunciando esta situación y le han pedido que impulse «con toda intensidad» el desbloqueo de la huelga y que se fijen las responsabilidad pertinente.
Según consta en el documento al que ha tenido acceso MONCLOA.com, Manos Limpias ha decidido presentar ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el Comité de Huelga de los Letrado de la Administración de Justicia, presidido por Juan José Yáñez Pena, por un presunto delito contra la Administración de Justicia. En el documento, el sindicato ha destacado la alarma social creada por el dicho comité, la cual ha adquirido «tintes drámticos» que afectan a millones de ciudadanos. Además, aseguran, se trata de un hecho «incontestable» que la Administración de Justicia es un «servicio público esencial y fundamental», así como que se ha producido responsabilidad patrimonial del organismo de Justicia, por su «mal funcionamiento», a millones de ciudadanos. Por otra parte, afirman que es «incuestionable» que la huelga ha producido la suspensión de 300.000 juicios; 350.000 demandas pendientes de reparto; un millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación de los Juzgados; 10.000 juicios suspendidos cada día; y pensiones alimenticias sin pagar.
«Es evidente que se ha producido una clara, manifiesta y patente indefensión de los ciudadanos»
El sindicato Manos limpias también ha puesto el foco en los servicios mínimos que deben mantenerse durante las huelgas. En este sentido, el documento recoge que en la huelga no se han garantizado estos servicios esenciales de la Administración de Justicia. Y no solo eso, sino que el derecho que tienen las personas a obtener la titule efectiva de los jueces y tribunales, sin que se produzca indefensión tampoco se ha respectado. «Es evidente que se ha producido una clara, manifiesta y patente indefensión de los ciudadanos». Por ello, concluyen que «en esa colisión entre el derecho de huelga y la tutela judicial efectiva debe prevalecer esta última». Además, destacan que el colapso ha sido el «instrumento ilegítimo» que ha utilizado el Comité de huelga para conseguir sus reivindicaciones. Así, con todos estos puntos sobre la mesa, Manos Limpias ha solicitado a la Fiscalía que admite la denuncia y se proceda a la apertura de las correspondientes diligencias.
Este sindicato también ha enviado una misiva a la ministra de Justicia, Pilar Llop, ante quien han denunciado el «uso abusivo y permanente» de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. En este texto, destacan que la huelga está ocasionando un índice «muy elevado» de perjuicios a ciudadanos usuarios de su servicio. Así como que una multiplicidad de señalamiento están siendo aplazados con el consiguiente coste para los afectados y que hay un colectivo donde el perjuicio es evaluable «económicamente», como por ejemplo en la celebración de bodas, divorcios, desahucios o devolución de fianzas entre otros. Además de un que un servicio público de máximo rango, como en este caso el de Justicia «ya de por sí adolece de dilaciones estratosféricas». Y que, esta huelga en el tiempo supone todavía más dilaciones y un «desprestigio» aun mayor a la Justicia que ya estaba «bajo mínimos en la credibilidad de los ciudadanos».
Desde el sindicatos de Manos Limpias destacan que reconocer el derecho a la huelga y a las reivindicaciones de los letrado, pero, consideran, se debería haber llegado ya a un acuerdo con el fin de evitar la actual situación, la cual afecta a los derechos fundamentales y también supone perjuicios económicos a los afectados y al funcionamiento normal de la Justicia. Por último, aseguran que también se está vulnerando la Carta Magna. Por todo ello, han solicitado a la ministra de Justicia que impulse «con toda intensidad el desbloqueo de la huelga y se fijen las responsabilidad pertinentes por si se dedujera un abuso permanente en el derecho a la huelga que afecta a un servicio público esencial».
