jueves, 12 diciembre 2024

Delgado evita hablar de los audios con Villarejo y se desdice sobre el chantaje al Estado

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, evitó ayer en el Congreso de los Diputados entrar a valorar el contenido de las conversaciones que tuvo en 2009 con el entonces comisario José Manuel Villarejo y acabó desdiciéndose sobre el supuesto chantaje al Estado por parte de este último.

Delgado se enfrentó primero en la sesión de control al Gobierno con dos preguntas del PP y en el hemiciclo subrayó que no había presenciado «la comisión de ningún delito» en el citado ágape del restaurante Rianxo desvelado por MONCLOA.COM. «Yo no he estado presente frente a algún hecho que me hubiera obligado a denunciar porque llevó décadas persiguiendo delitos», esgrimió.

Por la tarde se enfrentó al plato fuerte con su comparecencia ante la Comisión de Justicia y en ciertos lances siguió la máxima de que la mejor defensa, es un buen ataque. Para ello, Delgado dijo ser víctima del «presunto delincuente» Villarejo por difundir el citado audio para lograr salir indemne de la cárcel, pero también por el hecho de ser mujer y el uso que está haciendo de las conversaciones «la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha», una alusión que todo el mundo interpretó que iba dirigida contra Ciudadanos, PP y VOX.

La derecha trata de aprovechar este chantaje con el único fin de evitar que este Gobierno siga avanzando en una agenda de regeneración democrática, de transparencia y de cohesión social y territorial», argumentó la ministra, sin que los partidos de la oposición le apretasen con cuestiones como sus comentarios homófobos, el asunto de los menores en Cartagena de Indias o la red de prostitución que le narró el excomisario.

El único incisivo fue Ignacio Prendes, de Ciudadanos, quien le preguntó si llegó a presentar la dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o cómo fue su último encuentro con Villarejo «hace 15 meses, no el de hace 9 años».

En el turno de réplica, Delgado evitó responder a ambas cuestiones e insistió en que nunca tuvo «una relación profesional» con el excomisario ni le consideraba su amigo. Es más, nunca trabajó con él porque «no era (un comisario) operativo en la Audiencia Nacional».

DELGADO HABLA AHORA DE «PRETENSIÓN DE CHANTAJE AL ESTADO»

Lo más sorprendente de su comparecencia fue el hecho de que se desdijera del supuesto chantaje al Estado que veía detrás de la publicación de los audios. En su intervención inicial terció varias veces sobre este asunto: «Quisiera dejar claro, de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado a través de mi persona y una extorsión al Gobierno», dijo con rotundidad.

Luego, desgranó esa idea fuerza en varios lances más:»Estamos hablando de un presunto delincuente que trata de extorsionar al Estado para obtener un trato de favor y salir de la cárcel», «este Ministerio ha realizado las siguientes acciones, a pesar del chantaje de las cloacas al que quieren someter al Estado»,  «como parte de un Gobierno que defiende la justicia social, a pesar del chantaje de las cloacas al que quieren someter al Estado y a su utilización política».

Cuando varios portavoces de la oposición le pidieron que aclarase en qué consistía ese chantaje al Estado, la ministra rectificó para subrayar que «no hablaba de la existencia de chantaje, sino de la pretensión de chantaje al Estado». Para rizar el rizo, exigió «que no haya una utilización política de ese chantaje» y avisó que ella no había cometido «ninguna acción indigna» y que, en todo caso, «no es chantajeable».

Delgado hizo también hincapié en que Villarejo, al que calificó como «un presunto delincuente, un miembro de las cloacas del Estado», actuó bajo la dirección del ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, «quien llegó a destacar sus relevantes servicios», y que su «último responsable directo» como director general de la Policía fue Ignacio Cosidó, actual portavoz del PP en el Senado.

Sin embargo, la comida de 2009 en el Rianxo fue organizada por el propio Villarejo para celebrar la concesión de una medalla al mérito policial, que le fue entregada bajo el mandato del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior.